El Consejo Agua analiza mañana la propuesta para regular las aguas subterráneas
Mié, 05/07/2006
El Consejo Nacional del Agua revisará mañana la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de reformar la Ley de Aguas para regular la utilización de las aguas subterráneas y reforzar los controles sobre las mismas.
Los cambios en la Ley de Aguas pretenden asegurar un uso sostenible de los acuíferos y evitar que se extraiga una cantidad de agua superior a la que reciben de forma natural, y para ello se podrán en el futuro quitar o limitar concesiones y expropiar o comprar derechos.
El Consejo Nacional del Agua, que será presidido por la ministra de Medio Ambiente, cuenta con representantes de la administración central, de las comunidades autónomas, la empresa, los sindicatos, ecologistas, regantes y usuarios.
Este órgano consultivo analizará además el proyecto de real decreto que establece las condiciones básicas para la reutilización de las aguas depuradas, el decreto que fijará el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
La modificación de la Ley de Aguas que prepara el Ejecutivo afectará, además de a las aguas subterráneas, a la seguridad de las presas y los embalses.
El Ministerio de Medio Ambiente presentará también a los miembros del Consejo Nacional del Agua Sectorial el proyecto de Real Decreto para la reutilización de aguas depuradas.
La potencialidad de este recurso, sobre todo en zonas costeras y en otras que sufren "estrés hídrico", es muy elevada, según el Ministerio de Medio Ambiente, que ha calculado que el volumen de agua que cada año se podría reutilizar podría rondar los 1.200 metros cúbicos.
Las aguas "regeneradas" podrán utilizarse en usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos o ambientales, pero estará prohibido usarlas para el consumo humano, para usos propios de la industria alimentaria, para la refrigeración en instalaciones hospitalarias o para el cultivo de moluscos.
Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente presentarán también un informe sobre el estado del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que persigue satisfacer todas las necesidades de saneamiento y depuración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. EFE rc/fv
Los cambios en la Ley de Aguas pretenden asegurar un uso sostenible de los acuíferos y evitar que se extraiga una cantidad de agua superior a la que reciben de forma natural, y para ello se podrán en el futuro quitar o limitar concesiones y expropiar o comprar derechos.
El Consejo Nacional del Agua, que será presidido por la ministra de Medio Ambiente, cuenta con representantes de la administración central, de las comunidades autónomas, la empresa, los sindicatos, ecologistas, regantes y usuarios.
Este órgano consultivo analizará además el proyecto de real decreto que establece las condiciones básicas para la reutilización de las aguas depuradas, el decreto que fijará el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
La modificación de la Ley de Aguas que prepara el Ejecutivo afectará, además de a las aguas subterráneas, a la seguridad de las presas y los embalses.
El Ministerio de Medio Ambiente presentará también a los miembros del Consejo Nacional del Agua Sectorial el proyecto de Real Decreto para la reutilización de aguas depuradas.
La potencialidad de este recurso, sobre todo en zonas costeras y en otras que sufren "estrés hídrico", es muy elevada, según el Ministerio de Medio Ambiente, que ha calculado que el volumen de agua que cada año se podría reutilizar podría rondar los 1.200 metros cúbicos.
Las aguas "regeneradas" podrán utilizarse en usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos o ambientales, pero estará prohibido usarlas para el consumo humano, para usos propios de la industria alimentaria, para la refrigeración en instalaciones hospitalarias o para el cultivo de moluscos.
Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente presentarán también un informe sobre el estado del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que persigue satisfacer todas las necesidades de saneamiento y depuración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. EFE rc/fv