La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió anteayer al Consell que reaccione ante la grave situación de sequía que afecta al territorio valenciano y restrinja el consumo de agua en parques y piscinas, una decisión que está en manos de la Generalitat y de los ayuntamientos. Así lo hicieron el año pasado otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Andalucía o Aragón. La recomendación de Narbona ha caído como una bomba en el Consell, que acusó ayer a la ministra de poner en peligro la campaña turística. Hasta la fecha las únicas restricciones las aprobó el pasado febrero la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y se refieren al riego agrícola. La Generalitat no ha previsto, de momento, ninguna medida de ahorro adicional al abastecimiento urbano pese a la escasez.
Otras autonomías afectadas por la sequía sí adoptaron el año pasado medidas excepcionales para ahorrar agua. Aragón, Cataluña, Madrid y Andalucía añadieron a las restricciones del riego agrícola, la limitación del consumo de agua en jardines, piscinas y fuentes.
En Cataluña, por ejemplo, 890 municipios de los 946 con que cuenta la comunidad autónoma se vieron obligados a aplicar medidas para restringir un 20% los usos del agua. Los ayuntamientos afectados no pudieron emplear agua potable para abastecer las fuentes ornamentales ni para la limpieza urbana, con escasas excepciones. En los municipios de más de 20.000 habitantes se limitó el uso a 280 litros por persona y día y los campos de golf y la hidroeléctricas vieron reducida su disponibilidad de agua. Todas estas medidas fueron impulsadas por el Gobierno catalán.
En Aragón, el Pirineo oscense también vio reducida en 2005 la disponibilidad de recursos hídricos. El alcalde de Huesca, Fernando Elboj, prohibió en mayo llenar de agua las piscinas privadas y vetó el riego de jardines y huertas con agua de la red. El pantano del Vadiello, que abastece a la capital, estaba al 14% de su capacidad. Desde mayo hasta junio de 2005, unos 200 núcleos de población de Huesca tuvieron que ser abastecidos por cisternas o cubas.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre, a propuesta del consejo de administración del Canal de Isabel II, decretó en septiembre de 2005 la alerta uno por sequía y prohibió el baldeo de calles, el uso de agua en fuentes ornamentales sin sistema de reutilización, el llenado y vaciado de piscinas y el riego de jardines públicos y privados que no cuenten con sistema de goteo o empleen agua reciclada. Sólo los jardines históricos se salvaron de las restricciones. Aguirre impuso, además, multas de entre 450 y 46.000 euros a quienes incumplieran estas medidas.
En Andalucía, la Junta aprobó en noviembre del año pasado un decreto de sequía, que se ha levantado con limitaciones el pasado mayo para la Costa del Sol. En el caso del agua potable, se reduce el consumo de 270 a 250 litros por habitante y día. Además, el riego de jardines públicos y privados, que estaba prohibido cuando el decreto estaba en vigor, ha pasado de los 1.000 metros cúbicos por hectárea y mes habituales a sólo 500 metros cúbicos. El llenado de piscinas, también prohibido con el decreto, estará permitido una vez al año. En el caso del agua no potable, se propone un ahorro del 30% en el riego de jardines y campos de golf, y de hortalizas y frutales, y del 50% en el riego de especies herbáceas.