El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hellín (Albacete), Antonio Callejas, negó hoy que los agricultores de Hellín hayan vendido agua, después de que el alcalde de este municipio albaceteño, el socialista Diego García Caro, expresara la pasada semana su intención de solicitar la retirada de las ayudas de la PAC a tres comunidades de regantes que acordaron vender 1,2 hectómetros cúbicos de agua a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
"Dijimos, decimos y diremos que en Hellín no se ha producido ningún caso de venta de agua", afirmó Callejas, quien admitió sin embargo ese acuerdo de los productores de arroz para recibir compensaciones de 1.200 euros por hectárea de arrozal no cultivada.
Para el 'popular' "eso no es vender el agua; en Hellín los agricultores querían sembrar su arroz y si el trasvase Tajo-Segura llevase agua ese problema no se habría suscitado en el año 2006", concluyó.
Antonio Callejas achacó los problemas de los agricultores hellineros a la "encrucijada" de caminos en la que se encuentran. "Somos la frontera y la guerra del agua entre Castilla-La Mancha y Murcia quien la paga son las comarcas de Hellín y de la Sierra del Segura", lamentó el portavoz del PP.
Callejas realizó estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa que pronunció junto al coordinador del Partido Popular en la Sierra del Segura, Antonio González, en la que ambos arremetieron con dureza contra el Ejecutivo regional por el deficiente estado de las infraestructuras viarias en las comarcas de los Campos de Hellín y de la Sierra del Segura.
Callejas se refirió en concreto a la llamada 'variante de Hellín', un trazado de 11 kilómetros de longitud que pretende evitar el paso por el centro del municipio de los vehículos que se dirigen a la Sierra y que hoy debería haberse inaugurado.
"Las obras llevan un ritmo tremendamente lento", declaró Antonio Callejas, que recordó que fue en agosto de 2003 cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha licitó esas obras con un plazo de ejecución de 16 meses.
Desde entonces, la infraestructura ha sufrido permanentes retrasos e incluso la Administración regional le ha concedido la UTE adjudicaría dos aplazamientos, por lo que, a juicio del 'popular', "hay que hablar hoy de la incompetencia de la junta y del engaño a las 60.000 personas que habitan en las dos comarcas afectadas".
El representante del Partido Popular manifestó asimismo sus 'sospechas' de que la obra se está dilatando voluntariamente "para la cita electoral del próximo año".