La Administración controla la contaminación de los embalses pero no es capaz de impedirla
Mié, 31/05/2006
La contaminación del embalse de Guadalmena, en Jaén, llevó hace tres semanas a la Consejería de Salud a ordenar el cierre del suministro regular en el municipio de Arroyo del Ojanco. Tres mil habitantes de la zona sobreviven desde entonces con los dos litros por persona y día -más cinco por familia para las tareas domésticas- que reparte el Ayuntamiento. La prohibición, que se mantendrá hasta que existan «garantías plenas» de que el agua es apta para el consumo, viene a confirmar una preocupante tendencia en la región: funcionan los sistemas de control pero suspenden los destinados a prevenir este tipo de contaminaciones.
En los últimos tres años, se han producido varias alarmas sanitarias por la contaminación de herbicidas residuales en los embalses de Zocueca, Dañador, Iznájar y Guadalmina. Las restricciones, en ocasiones, se prologan durante meses, como ha ocurrido en tres pedanías de Martos, que siguen sin agua potable desde el pasado mes de diciembre.
Como viene siendo habitual en este tipo de casos, los análisis han delatado la presencia de restos contaminantes procedentes de fitosanitarios empleados para el control de las plagas que azotan al olivo. A pesar de existir una legislación clara, sometida casi de forma constante a actualización, la realidad es que el sector agrario sigue siendo el principal causante de estos hechos. No obstante, algunos productores han declarado a ABC que «estas contaminaciones tienen su origen casi siempre en el pasado, porque hasta hace tres o cuatro años la normativa no era clara a la hora de establecer restricciones sobre el uso de pesticidas junto a los embalses y los ríos». La escasez de agua en los pantanos y la falta de lluvias el año pasado son factores a los que también apuntan los agricultores como principales desencadenantes de sucesos como los ocurridos en Jaén.
Coincidiendo con el grave caso de contaminación detectado en julio de 2005 en el «Lago de Andalucía» -sobrenombre con el que se conoce el gran pantano de Iznájar, en Córdoba- el Ministerio de Agricultura suspendió temporalmente las autorizaciones de plaguicidas basados en la Terbutilazina, Diurón o Simazina en el entorno de los embalses y en aquellas plantaciones situadas a menos de 50 metros de cursos naturales de agua. Además, se llevó a cabo el sobreetiquetado de los fitosanitarios para informar sobre su prohibición. Desde 2003, además, no está permitido el empleo de la simazina, un pesticida muy contaminante empleado contra las plagas del olivar.
Desde el Ministerio de Agricultura señalan que en las próximas semanas volverán a reunirse para determinar si continúan o no con la suspensión de autorizaciones sobre determinados plaguicidas.
Sanciones desde Bruselas
De una u otra forma, ni la Consejería de Agricultura ni el Ministerio del ramo disponen de los mecanismos adecuados para terminar con eficacia con la contaminación de las aguas superficiales para consumo. Los controles de Sanidad sirven para detectar que el agua ya no es potable al 100% -aunque no hay problemas para su empleo en el aseo personal de los usuarios- pero siempre llegan a toro pasado, cuando ya no es posible hacer nada más que esperar a que la concentración tóxica disminuya.
Las nuevas normas europeas sobre condicionalidad en la agricultura obligan a los productores a ser respetuosos con el medio ambiente para no ver disminuidas las subvenciones comunitarias. La entrada en vigor de la nueva PAC, hace ahora dos años, convierte en improbable que un productor emplee actualmente sustancias prohibidas a la hora de fumigar. Al ser preguntados sobre la posibilidad de que se trate de pesticidas almacenados con anterioridad al año 2003 -cuando se prohibió la simazina- fuentes del sector agrario indican que es «casi imposible» porque la sustancia que actúa contra las plagas «también se degrada con el tiempo» aunque admiten que no pueden «descartar totalmente esa posibilidad» y desconocen si existen métodos para alargar la vida útil de estos productos.
Los Verdes, sin embargo, aseguran que el 31% de la Cuenca Hidrológica del Guadalquivir está contaminada por nitratos y que es la cuenca más afectada de España. Según fuentes de los ecologistas, de 1995 a 2004 se ha multiplicado por dos el consumo de fitosanitarios en el campo andaluz, a pesar de que ha bajado un ocho por ciento el terreno cultivable. En la actualidad, calculan que se consumen unos 90 kilos de fertilizantes y 3 kilos de plaguicida por hectárea cultivada.
En los últimos tres años, se han producido varias alarmas sanitarias por la contaminación de herbicidas residuales en los embalses de Zocueca, Dañador, Iznájar y Guadalmina. Las restricciones, en ocasiones, se prologan durante meses, como ha ocurrido en tres pedanías de Martos, que siguen sin agua potable desde el pasado mes de diciembre.
Como viene siendo habitual en este tipo de casos, los análisis han delatado la presencia de restos contaminantes procedentes de fitosanitarios empleados para el control de las plagas que azotan al olivo. A pesar de existir una legislación clara, sometida casi de forma constante a actualización, la realidad es que el sector agrario sigue siendo el principal causante de estos hechos. No obstante, algunos productores han declarado a ABC que «estas contaminaciones tienen su origen casi siempre en el pasado, porque hasta hace tres o cuatro años la normativa no era clara a la hora de establecer restricciones sobre el uso de pesticidas junto a los embalses y los ríos». La escasez de agua en los pantanos y la falta de lluvias el año pasado son factores a los que también apuntan los agricultores como principales desencadenantes de sucesos como los ocurridos en Jaén.
Coincidiendo con el grave caso de contaminación detectado en julio de 2005 en el «Lago de Andalucía» -sobrenombre con el que se conoce el gran pantano de Iznájar, en Córdoba- el Ministerio de Agricultura suspendió temporalmente las autorizaciones de plaguicidas basados en la Terbutilazina, Diurón o Simazina en el entorno de los embalses y en aquellas plantaciones situadas a menos de 50 metros de cursos naturales de agua. Además, se llevó a cabo el sobreetiquetado de los fitosanitarios para informar sobre su prohibición. Desde 2003, además, no está permitido el empleo de la simazina, un pesticida muy contaminante empleado contra las plagas del olivar.
Desde el Ministerio de Agricultura señalan que en las próximas semanas volverán a reunirse para determinar si continúan o no con la suspensión de autorizaciones sobre determinados plaguicidas.
Sanciones desde Bruselas
De una u otra forma, ni la Consejería de Agricultura ni el Ministerio del ramo disponen de los mecanismos adecuados para terminar con eficacia con la contaminación de las aguas superficiales para consumo. Los controles de Sanidad sirven para detectar que el agua ya no es potable al 100% -aunque no hay problemas para su empleo en el aseo personal de los usuarios- pero siempre llegan a toro pasado, cuando ya no es posible hacer nada más que esperar a que la concentración tóxica disminuya.
Las nuevas normas europeas sobre condicionalidad en la agricultura obligan a los productores a ser respetuosos con el medio ambiente para no ver disminuidas las subvenciones comunitarias. La entrada en vigor de la nueva PAC, hace ahora dos años, convierte en improbable que un productor emplee actualmente sustancias prohibidas a la hora de fumigar. Al ser preguntados sobre la posibilidad de que se trate de pesticidas almacenados con anterioridad al año 2003 -cuando se prohibió la simazina- fuentes del sector agrario indican que es «casi imposible» porque la sustancia que actúa contra las plagas «también se degrada con el tiempo» aunque admiten que no pueden «descartar totalmente esa posibilidad» y desconocen si existen métodos para alargar la vida útil de estos productos.
Los Verdes, sin embargo, aseguran que el 31% de la Cuenca Hidrológica del Guadalquivir está contaminada por nitratos y que es la cuenca más afectada de España. Según fuentes de los ecologistas, de 1995 a 2004 se ha multiplicado por dos el consumo de fitosanitarios en el campo andaluz, a pesar de que ha bajado un ocho por ciento el terreno cultivable. En la actualidad, calculan que se consumen unos 90 kilos de fertilizantes y 3 kilos de plaguicida por hectárea cultivada.