La Junta gestionaría el agua de tres millones de usuarios si logra el control del Guadalquivir

Dom, 14/05/2006

SUR

Se trata de una de las competencias más ambiciosas que reclama el reformado Estatuto de Autonomía La Confederación tiene un presupuesto de 300 millones, superior al de dos consejerías de la Junta ANTONIO MONTILLA/SEVILLA EL MÁS LARGO. El Guadalquivir tiene una longitud de 657 kilómetros siendo el más caudaloso y el más largo de Andalucía. / SUR EL GUADALQUIVIR Algunos datos estadísticos relevantes sobre este río, el más importante de Andalucía.

Cuenca

Superficie total: 57. 525 kilómetros cuadrados.

Comunidades por donde discurre

Andalucía: 90, 2 por ciento -con presencia en las ocho provincias andaluzas-.

Castilla La Mancha: 7, 13 por ciento.

Extremadura: 2, 45 por ciento.

Murcia: 0, 20 por ciento.

Regadío

Total de hectáreas: Unas 7.000.

Pantanos

Total pantanos y presas: 48.

Fondos Unión Europea

En 2002: 8, 09 millones.

En 2003: 75, 1 millones.

En 2004: 90, 1 millones.

En 2005: 62, 3 millones
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Vía de comunicación, generador de riqueza, inspiración literaria, y, ahora, una de las claves en el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz. El río Guadalquivir lleva siglos siendo una promesa de vida para Andalucía, un territorio por donde discurre el 90, 2 por ciento de su cuenca.

La delegación de parlamentarios andaluces que defenderá, a partir del próximo día 23, el proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Andalucía, luchará para que la Comisión Constitucional de las Cortes mantenga intacto la propuesta del Artículo 48: «La Comunidad Autónoma Andaluza ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente y de las obras públicas hidráulicas de interés general».

Desde el Ministerio de Medio Ambiente -titular de la mencionada Confederación- ya se han oído voces discordantes con tal aspiración. Pero el propio presidente Manuel Chaves la considera irrenunciable.

El Gobierno andaluz tiene varias razones para mantener la firmeza en su reivindicación. La principal: Más de tres millones de andaluces beben o riegan con agua procedente de alguno de los 48 pantanos que existen gracias al Guadalquivir o en sus afluentes. Pero, además, Andalucía quiere completar el puzzle de sus recursos hídricos.

Traspasos

El 1 de enero de 2005, el Estado transfirió a la Junta la entonces denominada Confederación Hidrográfica del Sur, hoy conocida como Dirección General de la Cuenca Mediterránea. Posee 18.425 kilómetros cuadrados -la del Guadalquivir supera los 57.000- y un área de influencia habitada por más de dos millones de personas. No ha sido el único gesto descentralizador del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este mismo año, la Consejería de Medio Ambiente recibió el mando de los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, que componen la Cuenca Atlántica.

Más que dos consejerías

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llegaría a Andalucía con un pan debajo del brazo, pero un pan de muchos kilos. Su presupuesto general para este año, por ejemplo, asciende a 308 millones de euros. Se trata de una cantidad importante, sobre todo si se tiene en cuenta que hay dos consejerías de la Junta de Andalucía que disponen de menos dinero durante 2006. Se trata de Cultura (con 275, 2 millones de euros) y Presidencia (282, 2 millones). También se aproxima a departamentos tan punteros como el de Turismo, Comercio y Deporte -con 424, 4 millones-.

Además de estos 308 millones que se le asigna dentro de los Presupuestos Generales del Estado -a través del Ministerio de Medio Ambiente-, hay que añadir las subvenciones y ayudas de la Unión Europea. Desde 2002, esta Cuenca ha recibido más de 200 millones de euros por este concepto. Esta importante suma se ha dedicado al Parque Nacional de Doñana -que recientemente también ha pasado a dominio de la Junta-, a la restauración forestal, a diversas actuaciones en la zona de Cádiz y a pagar expropiaciones de terrenos para mejoras en la red, entre otros.

Este flujo de dinero procedente de Bruselas no ha estado exento de polémica en los últimos años, sobre todo si el color del gobierno en Madrid era diferente al de Sevilla. Y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenía potestad para decidir qué ayuntamientos y en qué medida podían percibir estas ayudas. Este estatus descansaría, si se culmina el traspaso de competencias, en la Junta de Andalucía.

Otras comunidades

Los responsables del Gobierno andaluz también eluden a la mayor eficacia que supondría que la misma administración que proyecta medidas urbanísticas, agrícolas y ganaderas o ecológicas sea la que vele por el agua de todos los andaluces. ¿Si el Estado ya ha cedido competencias en dos cuencas hidrográficas, por qué le cuesta tanto trabajo 'soltar' el Guadalquivir?. La justificación oficial radica en un porcentaje: Ese escaso 9,8 por ciento de la cuenca del río que discurre en otras tres comunidades autónomas.

Ejemplo catalán

El ejemplo catalán, una vez más, viene a colación, aunque en este caso, la prerrogativa la obtuvieron antes del 'Estatut'. Andalucía podría inspirarse en la situación que se vive con el río Ebro, aunque su paso por otras zonas de España es más evidente que en el caso del Guadalquivir.

Cataluña controla totalmente el tramo del Ebro que pasa por su territorio meced a una encomienda compatible con la titularidad estatal del conjunto. La Junta ofrece órganos mixtos de control con las tres comunidades autónomas afectadas, para unir criterios en ese diez por ciento del río donde no fluye por Andalucía. Esta pretensión estatutaria ha sido compartida desde el inicio de los trámites de la reforma por PSOE, IU y PA -aunque esta formación rechazó finalmente el texto en su totalidad-. Al PP siempre le preocupó que esta aspiración chocara con el techo constitucional. El informe del Consejo Consultivo medió en la polémica: «Nada impediría satisfacer el interés propio de la comunidad autónoma y el interés general del Estado si aquella fuera titular de la Cuenca del Guadalquivir, siempre que se salvaguardaran las competencias estatales sobre la planificación del ciclo hidrológico».