La Xunta carece de control sobre el 47% del territorio hidrográfico de la comunidad gallega ?l Gobierno gallego está negociando con los de Castilla y León y Portugal la adopción de instrumentos de planificación conjunta en la Cuenca Hidrográfica del Norte, que comprende los ríos Miño-Sil y Limia, con carácter intercomunitario e internacional. Esa gestión compartida permitirá superar un contexto en el que las decisiones sobre la cuenca hidrográfica que tiene en Galicia al 83% de su población (frente al 16% en Castilla y León, y el 0,1% en Asturias) competen al Estado y se toman en un órgano con sede en Oviedo. La puesta en marcha de esa demarcación, que permitirá descentralizar la gestión de esos ríos, está pendiente de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero apruebe el correspondiente proyecto de real decreto, en cumplimiento de la directiva marco sobre el agua. Esta orden comunitaria, en vigor desde el año 2000, establece que las demarcaciones deben agrupar cuencas vecinas, un criterio que no se cumple en el caso de la Confederación Hidrográfica del Norte, porque la Xunta ya ejerce plenas competencias en la demarcación Galicia Costa, que agrupa los ríos que discurren en su totalidad por esta comunidad. Sin embargo, carece de control sobre el resto, que representa el 47% del territorio hidrográfico gallego. La directiva marco sobre el agua incorpora el principio de unidad de cuenca, que obliga a todas las comunidades y países que comparten cuencas (en el caso de las intercomunitarias, como la del Miño-Sil, y de las internacionales, como la del Limia) a planificar de forma conjunta las actuaciones que afectan a los cauces fluviales. Si Galicia tuviera competencias plenas sobre el Miño, a Castilla y León le correspondería la capacidad de gestión plena del cauce aguas arriba. Por ese motivo, propuestas como la que el Parlamento de Andalucía ha incorporado a su proyecto de reforma estatutaria para exigir competencias exclusivas sobre el Guadalquivir carecen de viabilidad práctica. El artículo 50 del texto que el día 23 iniciará su tramitación en Cortes establece: «La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico [...]». Como Andalucía comparte el cauce del Guadalquivir con Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque en proporción mínima, tampoco podrá gestionar esa cuenca sin contar con las comunidades vecinas. Competencia ya solicitada En línea con la directiva de la UE, la Xunta incorporó al documento remitido a Administraciones Públicas para solicitar 70 transferencias pendientes la necesidad de «artellar unha participación nas demarcacións hidrográficas internacionais Miño-Sil e Támega». La demanda figura en las propuestas del BNG y del PSdeG para la redacción del nuevo Estatuto, aunque con términos poco precisos que no entran en el fondo de la cuestión. Los socialistas, a través de la Fundación Iniciativas 21, demandan la «regulación da conca hidrográfica do Miño». Los nacionalistas piden «a creación da Confederación Hidrográfica do Miño». Y el PP, por su parte, se muestra partidario de que el Estatuto recoja la participación de Galicia en el organismo internacional que gestione la cuenca fluvial.