La directiva europea del agua que obliga a partir de 2010 a encarecer drásticamente el precio del agua representa una acertada determinación que ya debería haber sido adoptada en España hace ya mucho tiempo.
Ningún Gobierno se ha atrevido a imponer que el precio del agua refleje su verdadero coste, que en el caso español significa pagar un 150% más de media. Ahora se acabará haciendo por exigencia comunitaria. Se trata de una iniciativa impopular, sin duda, pero completamente necesaria en un país semidesértico, como España, donde el problema de la sequía se presenta de forma recurrente y amenazadora. La actual política hidrológica deja que desear.
El Gobierno socialista frustró el Plan Hidrológico diseñado por el anterior Ejecutivo popular, cometiendo el error de desaprovechar los millones de litros que el Ebro vierte al mar cada día, sin una alternativa clara. De hecho, la intención del Ministerio de Medio Ambiente de sembrar de desaladoras el litoral de la España seca se ha revelado hasta el momento poco viable. La encrucijada actual exige de los políticos un debate en profundidad sobre el agua, ajeno a las vicisitudes partidistas y libre de la falta de solidaridad interregional, para tratar de alumbrar soluciones de fondo para un problema estructural que con los años irá en aumento como consecuencia del cambio climático. Además, el crecimiento de la población, unido al mayor nivel de calidad de vida, augura un crecimiento exponencial del consumo. No conviene, pues, perder el tiempo. Pero si el control de la meteorología no está al alcance de las Administraciones, sí lo están otras medidas que podrían resultar muy eficaces para racionalizar el consumo del agua.
Es prioritario acabar con el absurdo de que España continúe siendo el país de la UE que más agua consume por persona, y al precio más bajo. Que nadie se rasgue las vestiduras, pues su encarecimiento debe abordarse de forma urgente, sin complejos, para combatir el despilfarro. Eso exige, además, corregir las deficiencias de gestión, derivadas de unas infraestructuras obsoletas, del consumo incontrolado en zonas de regadío y del derroche de agua en núcleos urbanos, por fugas en el suministro y contadores en mal estado.