UPA-Castilla-La Mancha y COAG-IR han remitido una propuesta conjunta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y al presidente regional, José María Barreda, en la que sugieren la negociación urgente del Plan Especial del Alto Guadiana, la recuperación de los humedales castellano-manchegos y la prioridad en el uso del agua para las explotaciones familiares y los cultivos leñosos y sociales.
Las organizaciones agrarias, según informaron en un comunicado, para los acuíferos no sobreexplotados se propone el cumplimiento de la Ley de Aguas, que no exige autorización previa para dotaciones inferiores a 7.000 metros cúbicos, mientras que en el caso de acuíferos sobreexplotados, se propone la creación tanto de un Plan de Adquisición de Derechos, como de un Fondo Social de Derechos, junto al establecimiento de un plan de extracciones que priorice a agricultores profesionales y pequeñas explotaciones.
Señalan que el problema del Alto Guadiana se debe al déficit hídrico que "hace imposible abastecer las demandas ambientales, sociales y económicas con los recursos renovables de la zona", por lo que solicitaron "abordar el problema con urgencia, en base la directiva europea que exige la restauración de las aguas subterráneas antes de 2015, y la aprobación del PEAG, que debería estar aprobado desde el 2002", según el Plan Hidrológico Nacional.
A su juicio, UPA y COAG-IR pidieron que se aclare la incertidumbre "en que viven miles de usuarios" para "rebajar la tensión social existente en la zona", porque señalaron que es consecuencia de más de dos décadas de inoperancia de la autoridad hidráulica.
Finalmente, también plantean la democratización de las Comunidades de Regantes, la solución de las sanciones, y una recarga de los acuíferos sobreexplotados con recursos externos como el trasvase Tajo-Segura, así como un plan de depuración para sustituir el riego con aguas subterráneas por aguas depuradas