Suministradoras de agua insisten en la necesidad de adecuar los costes reales
Vie, 17/03/2006
ABC
SEVILLA. La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), apoyó ayer las declaraciones del Defensor del Pueblo, José Chamizo, en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz sobre la adecuación de las tarifas de agua a su precio real.
«Creemos que es vital que definitivamente se aborde el equilibro económico-financiero de las empresas para garantizar en el futuro un eficiente servicio y de calidad en los términos que exigen tanto la legislación como la normativa vigente y la que está actualmente en elaboración y tramitación», apuntaron fuentes de la Asociación en un comunicado remitido a Europa Press.
Asimismo, la Asociación instó a las administraciones políticas que «dejen el precio del agua fuera del debate político» ya que de lo contrario, «si no se produce una adecuación de las tarifas a los costos reales, ello, obviamente, iría en detrimento progresivo de una gestión eficaz del servicio en toda la Comunidad andaluza».
Pacto andaluz
Fuentes de ASA señalaron que «los partidos políticos deberían suscribir un Pacto Andaluz por el Agua para tratar de excluir de los avatares políticos las tarifas del agua, ya que es evidente que el precio tiene una relación directa con la mejor gestión y, en consecuencia, para ofrecer un mejor servicio público del agua a los usuarios».
Actualmente, más de la mitad de los municipios andaluces no cubren los costes de agua y en torno al 40 por ciento de la población no depuran sus aguas residuales. El servicio de abastecimiento urbano representa un 15 por ciento del consumo del agua en Andalucía frente al más del 80 de los regadíos.La Asociación recordó que manifestado muchas veces que «el sector del agua en Andalucía requiere más de 4.800 millones de euros para afrontar las inversiones en infraestructuras para cumplimiento de las normativas derivadas de la Directiva Marco del Agua. Por ello, señalaron que esperan que la nueva estructura legislativa de la Administración autonómica facilite la disponibilidad y adecuación.
SEVILLA. La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), apoyó ayer las declaraciones del Defensor del Pueblo, José Chamizo, en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz sobre la adecuación de las tarifas de agua a su precio real.
«Creemos que es vital que definitivamente se aborde el equilibro económico-financiero de las empresas para garantizar en el futuro un eficiente servicio y de calidad en los términos que exigen tanto la legislación como la normativa vigente y la que está actualmente en elaboración y tramitación», apuntaron fuentes de la Asociación en un comunicado remitido a Europa Press.
Asimismo, la Asociación instó a las administraciones políticas que «dejen el precio del agua fuera del debate político» ya que de lo contrario, «si no se produce una adecuación de las tarifas a los costos reales, ello, obviamente, iría en detrimento progresivo de una gestión eficaz del servicio en toda la Comunidad andaluza».
Pacto andaluz
Fuentes de ASA señalaron que «los partidos políticos deberían suscribir un Pacto Andaluz por el Agua para tratar de excluir de los avatares políticos las tarifas del agua, ya que es evidente que el precio tiene una relación directa con la mejor gestión y, en consecuencia, para ofrecer un mejor servicio público del agua a los usuarios».
Actualmente, más de la mitad de los municipios andaluces no cubren los costes de agua y en torno al 40 por ciento de la población no depuran sus aguas residuales. El servicio de abastecimiento urbano representa un 15 por ciento del consumo del agua en Andalucía frente al más del 80 de los regadíos.La Asociación recordó que manifestado muchas veces que «el sector del agua en Andalucía requiere más de 4.800 millones de euros para afrontar las inversiones en infraestructuras para cumplimiento de las normativas derivadas de la Directiva Marco del Agua. Por ello, señalaron que esperan que la nueva estructura legislativa de la Administración autonómica facilite la disponibilidad y adecuación.