El Defensor del Pueblo pone condiciones al deseo de la Junta de subir el precio del agua
Jue, 16/03/2006
Un informe de la Oficina que dirige José Chamizo subraya que el que consume más no significa que malgasta más agua y aboga por particularizar las situaciones
JOSÉ CEJUDO/ABC
SEVILLA. «Todo indica que será inevitable un proceso de adecuación de los costes efectivos a la expresión de las tarifas», recoge en una de sus resoluciones el informe que sobre los servicios domiciliarios del agua en Andalucía presentó ayer en el Parlamento el Defensor del Pueblo, José Chamizo.
Tal valoración viene a respaldar la intención de la Junta de hacer repercutir el precio real del agua en los consumidores. Sin embargo, la Oficina que dirige Chamizo pone una serie de condiciones, y entre otras expone que el reto pasa por garantizar que las tarifas se ajusten a la eficiencia del servicio; aboga también por abrir un proceso de identificación de los suministros y de tipos de uso, e igualmente pide que se clarifiquen los criterios antes de establecer penalizaciones por los posibles derroches, porque «el que consume más no significa que malgaste más agua».
Concreción de los usos
De otro lado, el documento recomienda incorporar en las estructuras de las tarifas «todos los elementos que permitan la mayor concreción de los usos y aprovechamientos de agua a fin de particularizar en lo posible los datos de consumo de cada contrato».
Ayer, en su intervención en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ante la interpelación de la diputada del PP Carolina González Vigo, declaró: «No digo que suba o baje el precio sino que sea adecuado porque, de lo contrario, tendremos una gestión más deficitaria y complicada teniendo en cuenta la diversidad y complejidad del territorio de Andalucía y por ello tenemos que aproximarnos cada día a un servicio más adecuado».
Aludió Chamizo a los precios del agua, la mayoría entre 0,51 y 0,75 céntimos por metro cúbico, y las tarifas, donde «la mitad de los municipios dice que no cubren los costes del agua». Así apuntó que se presentan «tiempos de cambio en las tarifas del agua» y apostó por adecuar el reglamento domiciliario y determinar criterios comunes para que todas las entidades suministradoras fijen sus tarifas.
El Defensor del Pueblo instó también a las Consejerías de Medio Ambiente e Industria, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a la Asociación de Abastecimiento de Aguas (ASA) a la creación de un banco de datos «fiable y contrastado» para conocer el abastecimiento real ante el «atraso y desatención grave» de la situación.
Chamizo también hizo especial hincapié en los «datos decepcionantes» sobre la participación, «hoy por hoy reducida a la omisión de precios, un tramite en desuso» y por ello reclamó la necesidad de aprovechar la participación de las entidades ciudadanas y de las organizaciones ecologistas.
«De poco nos sirve medios de captación o grandes embalses si luego somos incapaces de una gestión eficaz y razonable», sostuvo Chamizo para precisar no obstante que el servicio domiciliario representa un 15 por ciento del consumo del agua en Andalucía frente al más del 80 por ciento de los usos agrícolas, informa Europa Press y Efe.
El informe también advierte de otros problemas en el suministro como la depuración de las aguas, «una de las funciones con menor desarrollo en los servicios municipales analizados», y sobre el caudal y la presión, condiciones que no pueden asegurar en torno a un 40 por ciento de los municipios.
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Carolina González Vigo, destacó lo «adecuado y oportuno» del informe y lamentó el «deficitario» sistema de abastecimiento y la «lamentable» depuración de aguas, al tiempo que reclamó mayor participación de los entes sociales y una tarifa justa para los ciudadanos.
Por su parte, el diputado parlamentario del PA Ildefonso Dell´Olmo. advirtió su preocupación ante las fugas de agua y ante el gasto en los usos agrícolas. abogó por repercutir en los consumidores el coste real del servicio.
Déficit de participación
El diputado de IU José Manuel Mariscal dijo que «no se puede consentir fugas del 30 por ciento» y dijo que el déficit de participación de los colectivos sociales es «sintomático» del modelo de gestión de aguas en Andalucía que con la ausencia de organizaciones de consumidores y la nula participación de los conservacionistas. «Se sigue considerando el agua como bien económico pero no como bien ecológico y social».
Para el PSOE, la Consejería de Medio Ambiente «está haciendo los deberes» con ayuntamientos y diputaciones para mejorar la situación de sequía con una inversión importante prevista y una ley en anteproyecto.
Como dato relevante del informe, Chamizo destacó que «el atraso y la grave desatención» de las redes de suministro del agua en la comunidad hacen perder a los municipios el 30 por ciento como media del agua, según una encuesta. El porcentaje desciende al 20 por ciento en el caso de las grandes ciudades, donde las redes de distribución son mejores, pero las tarifas son más altas.
Más de la mitad de los municipios andaluces reconocen pérdidas de entre un 20 y un 40 por ciento, y los habitantes que se ven afectados por esta circunstancia superan el 70 por ciento de la población encuestada.
JOSÉ CEJUDO/ABC
SEVILLA. «Todo indica que será inevitable un proceso de adecuación de los costes efectivos a la expresión de las tarifas», recoge en una de sus resoluciones el informe que sobre los servicios domiciliarios del agua en Andalucía presentó ayer en el Parlamento el Defensor del Pueblo, José Chamizo.
Tal valoración viene a respaldar la intención de la Junta de hacer repercutir el precio real del agua en los consumidores. Sin embargo, la Oficina que dirige Chamizo pone una serie de condiciones, y entre otras expone que el reto pasa por garantizar que las tarifas se ajusten a la eficiencia del servicio; aboga también por abrir un proceso de identificación de los suministros y de tipos de uso, e igualmente pide que se clarifiquen los criterios antes de establecer penalizaciones por los posibles derroches, porque «el que consume más no significa que malgaste más agua».
Concreción de los usos
De otro lado, el documento recomienda incorporar en las estructuras de las tarifas «todos los elementos que permitan la mayor concreción de los usos y aprovechamientos de agua a fin de particularizar en lo posible los datos de consumo de cada contrato».
Ayer, en su intervención en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ante la interpelación de la diputada del PP Carolina González Vigo, declaró: «No digo que suba o baje el precio sino que sea adecuado porque, de lo contrario, tendremos una gestión más deficitaria y complicada teniendo en cuenta la diversidad y complejidad del territorio de Andalucía y por ello tenemos que aproximarnos cada día a un servicio más adecuado».
Aludió Chamizo a los precios del agua, la mayoría entre 0,51 y 0,75 céntimos por metro cúbico, y las tarifas, donde «la mitad de los municipios dice que no cubren los costes del agua». Así apuntó que se presentan «tiempos de cambio en las tarifas del agua» y apostó por adecuar el reglamento domiciliario y determinar criterios comunes para que todas las entidades suministradoras fijen sus tarifas.
El Defensor del Pueblo instó también a las Consejerías de Medio Ambiente e Industria, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a la Asociación de Abastecimiento de Aguas (ASA) a la creación de un banco de datos «fiable y contrastado» para conocer el abastecimiento real ante el «atraso y desatención grave» de la situación.
Chamizo también hizo especial hincapié en los «datos decepcionantes» sobre la participación, «hoy por hoy reducida a la omisión de precios, un tramite en desuso» y por ello reclamó la necesidad de aprovechar la participación de las entidades ciudadanas y de las organizaciones ecologistas.
«De poco nos sirve medios de captación o grandes embalses si luego somos incapaces de una gestión eficaz y razonable», sostuvo Chamizo para precisar no obstante que el servicio domiciliario representa un 15 por ciento del consumo del agua en Andalucía frente al más del 80 por ciento de los usos agrícolas, informa Europa Press y Efe.
El informe también advierte de otros problemas en el suministro como la depuración de las aguas, «una de las funciones con menor desarrollo en los servicios municipales analizados», y sobre el caudal y la presión, condiciones que no pueden asegurar en torno a un 40 por ciento de los municipios.
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Carolina González Vigo, destacó lo «adecuado y oportuno» del informe y lamentó el «deficitario» sistema de abastecimiento y la «lamentable» depuración de aguas, al tiempo que reclamó mayor participación de los entes sociales y una tarifa justa para los ciudadanos.
Por su parte, el diputado parlamentario del PA Ildefonso Dell´Olmo. advirtió su preocupación ante las fugas de agua y ante el gasto en los usos agrícolas. abogó por repercutir en los consumidores el coste real del servicio.
Déficit de participación
El diputado de IU José Manuel Mariscal dijo que «no se puede consentir fugas del 30 por ciento» y dijo que el déficit de participación de los colectivos sociales es «sintomático» del modelo de gestión de aguas en Andalucía que con la ausencia de organizaciones de consumidores y la nula participación de los conservacionistas. «Se sigue considerando el agua como bien económico pero no como bien ecológico y social».
Para el PSOE, la Consejería de Medio Ambiente «está haciendo los deberes» con ayuntamientos y diputaciones para mejorar la situación de sequía con una inversión importante prevista y una ley en anteproyecto.
Como dato relevante del informe, Chamizo destacó que «el atraso y la grave desatención» de las redes de suministro del agua en la comunidad hacen perder a los municipios el 30 por ciento como media del agua, según una encuesta. El porcentaje desciende al 20 por ciento en el caso de las grandes ciudades, donde las redes de distribución son mejores, pero las tarifas son más altas.
Más de la mitad de los municipios andaluces reconocen pérdidas de entre un 20 y un 40 por ciento, y los habitantes que se ven afectados por esta circunstancia superan el 70 por ciento de la población encuestada.