El Gobierno central estudiará la semana que viene destinar 1.500 millones a regadíos

Mié, 01/03/2006

La Verdad

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, espera llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana un proyecto de decreto conjunto entre éste Ministerio y el de Agricultura que declara urgentes obras de modernización de regadíos por un importe de inversión pública de unos 1.500 millones de euros.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente estudió ayer este proyecto que, según explicó Narbona en un receso del encuentro, puede permitir el ahorro de más de 1.000 hectómetros cúbicos de agua. El proyecto no culminará la modernización de todos los regadíos de España, pero supone ir «más allá» del horizonte previsto para 2008 fijado por el Plan Nacional de Regadíos en vigor, añadió.

Narbona dijo que el proyecto cubre prácticamente todas las Comunidades Autónomas, aunque hay más actuaciones en aquellas zonas donde se están produciendo casos más graves derivados de la sequía, pero también por ejemplo en Castilla y León, «donde no hay problema de escasez de lluvias, pero es una Comunidad donde hay una enorme capacidad de reducir el consumo de agua».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que inauguró ayer la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en Toledo, confirmó que el Gobierno manchego hará «cuanto esté en su mano» desde el punto de vista político y jurídico para garantizar las necesidades de agua «en primer lugar», puesto que «vamos a necesitar prácticamente toda el agua del Tajo para beber y por eso, no la podremos dejar correr a otros lugares» Así lo indicó Barreda, quien aseveró que, en concreto, a medio plazo cerca de 800.000 toledanos necesitarán el agua del Tajo, y a corto plazo serán cerca de 2.000.000 de castellano-manchegos los que la necesitarán.

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, aseguró que la venta del agua entre los regantes de Estremera y los del Tajo-Segura no afecta a otros usos prioritarios del agua, por lo que es una operación «perfectamente amparada» por la Ley de Aguas.