La luna de miel que inició el Gobierno aragonés con el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de la derogación del trasvase del Ebro toca a su fin. La semilla de la discordia -el papel preponderante otorgado a Cataluña para determinar el caudal ecológico del Delta del Ebro- iba en el mismo Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero no se quitó entonces. Por el contrario, a finales del año pasado, Ministerio y Generalitat firmaron el protocolo del Plan Integral del Delta, que relega a las otras ocho Autonomías de la cuenca, con una participación testimonial. Ahora, el Ejecutivo aragonés PSOE-PAR se ha rebelado y exige además una moratoria de la revisión en curso del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro hasta que se ejecuten las obras pactadas en Aragón.



Son dos de los puntos que se han incorporado a las Bases de la Política del Agua de Aragón, que se remitirán al pleno de la Comisión del Agua a mediados de marzo para elevarlas después a las Cortes en forma de comunicación del Ejecutivo. Tanto la moratoria del plan de cuenca como las condiciones sobre el caudal del Delta son dos de las resoluciones aprobadas el pasado septiembre en el Parlamento autonómico durante el debate sobre el estado de la Comunidad y se han incluido en el documento derivado de la ley del aguas de Aragón que ha de marcar las pautas de actuación en la materia.



El caso es que el Plan Hidrológico del Ebro -que en el futuro se definirá como demarcación en vez de cuenca al incluir parte de las aguas costeras-, ya ha empezado a revisarse para cumplir como es preceptivo la directiva europea del agua y su aprobación definitiva está prevista para 2009. Pero, como aprobaron las Cortes de Aragón por unanimidad y recogen las bases de la política hidráulica de la Comunidad, la DGA se dirigirá al Gobierno de la nación para que ejecute las obras pendientes, con las modificaciones pactadas en la Comisión del Agua, "como paso previo" a cualquier modificación del plan de cuenca.