Greenpeace pide al Gobierno que no permita la legalización de 500.000 pozos
Jue, 09/02/2006
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RECURSOS HÍDRICOS
Greenpeace pide al Gobierno que no permita la legalización de 500.000 pozos
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Levante-EMV, Valencia
La organización ecologista Greenpeace pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente el cierre de los más de 500.000 pozos de agua ilegales que existen en España -casi dos millones, según algunas fuentes- y transmitió al director general del Agua Jaime Palop sus objeciones al borrador para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en materia de aguas subterráneas.
El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente se vio obligado a difundir una nota en la que desmentía que tuviera intención de regularizar los miles de pozos ilegales que existen en España, tal como apuntaban algunas informaciones.
Sin embargo, el cese hace unos días del presidente y los rumores sobre la próxima salida del comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se habían destacado en la lucha contra los pozos ilegales que han secado este río, y la incorporación al texto de la futura ley de Aguas de algunos artículos «ambiguos» han desatado las alarmas en Greenpeace.
«La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado ya el descenso generalizado de los niveles piezométricos y freáticos, ha desecado valiosos manantiales y humedales, ha hecho desaparecer formas de vida asociadas a la emergencia de aguas y ha provocado la salinización de muchos acuíferos costeros», señala la organización en sus objeciones al texto legal.
La explotación de estos pozos «ha esquilmado nuestras reservas subterráneas, amenaza ya el abastecimiento urbano en varios puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía y pone en peligro el futuro del agua», advierte Greenpeace.
Izquierda Unida de Murcia se sumó ayer a la petición de la organización ecologista.
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La organización ecologista Greenpeace pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente el cierre de los más de 500.000 pozos de agua ilegales que existen en España -casi dos millones, según algunas fuentes- y transmitió al director general del Agua Jaime Palop sus objeciones al borrador para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en materia de aguas subterráneas.
El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente se vio obligado a difundir una nota en la que desmentía que tuviera intención de regularizar los miles de pozos ilegales que existen en España, tal como apuntaban algunas informaciones.
Sin embargo, el cese hace unos días del presidente y los rumores sobre la próxima salida del comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se habían destacado en la lucha contra los pozos ilegales que han secado este río, y la incorporación al texto de la futura ley de Aguas de algunos artículos «ambiguos» han desatado las alarmas en Greenpeace.
«La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado ya el descenso generalizado de los niveles piezométricos y freáticos, ha desecado valiosos manantiales y humedales, ha hecho desaparecer formas de vida asociadas a la emergencia de aguas y ha provocado la salinización de muchos acuíferos costeros», señala la organización en sus objeciones al texto legal.
La explotación de estos pozos «ha esquilmado nuestras reservas subterráneas, amenaza ya el abastecimiento urbano en varios puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía y pone en peligro el futuro del agua», advierte Greenpeace.
Izquierda Unida de Murcia se sumó ayer a la petición de la organización ecologista.