El Ayuntamiento adjudicará el servicio del agua a Facsa-Gravesa por 100 millones y durante 25 años
Mar, 03/01/2006
La adjudicataria deberá desembolsar 24 millones de euros a la actual concesionaria, Aguas de Toledo, y otros 12 millones para las arcas municipales
A. G.
TOLEDO. Casi con toda seguridad, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento dará hoy el visto bueno a la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Facsa y Gravesa para hacerse con la gestión del servicio de agua de la capital por un canon de 100 millones de euros y por un periodo de tiempo de 25 años. El dictamen de la Comisión se elevará a continuación a la Junta Local de Gobierno para su aprobación definitiva en la reunión de mañana miércoles, según informaron ayer a ABC fuentes municipales.
La esperada adjudicación del servicio del agua de Toledo, tras la anulación por sentencia judicial de la adjudicación a su actual concesionaria, Aguas de Toledo, parece que llegará hoy a su desenlace en la segunda reunión de la Mesa de Contratación, después de la celebrada ayer. Tras el análisis de las seis ofertas presentadas, primero en la Comisión de Valoración y ahora en la Mesa de Contratación, quien parece que se llevará el gato al agua de este suculento contrato es Facsa-Gravesa, la empresa de menores dimensiones pero que ha presentado una oferta económica que es, nada más y nada menos, que prácticamente el doble que el resto, pues se acerca a los cien millones de euros durante los 25 años que dura la concesión.
Este hecho, además, ha levantado de forma inmediata la polémica, puesto que el resto de empresas aspirantes han presentado ya o lo harán en las próximas horas escritos de alegaciones por lo que entienden, en primer lugar, una «oferta temeraria» de una empresa no especializada en este tipo de servicios.
Sin embargo, el concejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, explicaba ayer a este periódico que «como es natural, todas las ofertas se han examinado de manera pormenorizada, primero en la Comisión de Valoración y ahora en la Mesa de Contratación, y la propuesta elegida, porque es la más favorable, es la representada por Facsa y Gravesa». Según asegura el concejal de Hacienda, «los informes de los técnicos municipales así lo han reflejado y en principio no hay problema, ya que sus dictámenes son favorables respecto a la oferta elegida». De la Mesa de Contratación forman parte, además de los concejales del equipo de Gobierno del PP, el secretario general y el interventor del Ayuntamiento. No obstante, Lamberto García confirmó que ayer mismo Aqualia y Sacyr presentaron escritos de alegaciones contra la decisión de la Mesa, y según ha sabido este periódico hoy lo podrían hacer Aguas de Barcelona y Acciona, que junto con FCC son las otras empresas que han concursado para hacerse con la adjudicación del servicio.
La que se vislumbra como adjudicataria está formada por Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), que en la actualidad gestiona el servicio de abastecimiento de Castellón y su provincia, aunque su principal dedicación es el sector de la energía, y por otro lado la empresa Gravesa, que forman varios empresarios de la región.
Balón de oxígeno
La resolución de esta adjudicación supone, sin duda, un hecho importante para las finanzas internas del Ayuntamiento. En primer lugar porque implica resolver la que fue declarada por los tribunales adjudicación irregular del contrato a Aguas de Toledo, y por otro porque la firma del acuerdo traerá consigo la llegada de una importante inyección económica a las siempre necesitadas arcas municipales.
En efecto, una de las primeras consecuencias de la firma del contrato, que se puede hacer efectivo en el plazo de poco más de un mes desde su aprobación, es el desembolso por parte de la adjudicataria de nada menos que de unos 36 millones de euros. De esta cantidad, 24 millones serán para hacer frente a la indemnización a Aguas de Toledo, mientras que el balón de oxígeno que recibirán directamente las arcas municipales se eleva a unos 12 millones de euros.
Pero el nuevo contrato tendrá también otras consecuencias igualmente positivas para las finanzas municipales. Tal y como explica el concejal de Hacienda, en el actual pliego se establece que la subida del recibo del agua será el incremento del IPC más un 1,5 por ciento, lo que hacía que el recibo subiera prácticamente un 50 por ciento. Sin embargo, en el nuevo pliego se suprime ya la cláusula del 1,5 por ciento de recargo, por lo que ya a partir de 2007, y durante los 25 años que dura la concesión , el incremento del recibo será exclusivamente el IPC.
Otra de las ventajas que para el Ayuntamiento ofrecen las nuevas condiciones del pliego está en que será la nueva adjudicataria la que se hará cargo de pagar la factura del abastecimiento que la ciudad recibe desde el embalse madrileño de Picadas, cuenta que hasta ahora corría a cargo de las arcas municipales y que supone un desembolso que supera los 600.000 euros.
Además, la ganadora del concurso se hará cargo de abonar un canon variable de seis céntimos por cada metro cúbico consumido. Asimismo, hay que destacar las inversiones que deberá realizar para la mejora de la red y en general del servicio a lo largo de los 25 años que durará la concesión.
A. G.
TOLEDO. Casi con toda seguridad, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento dará hoy el visto bueno a la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Facsa y Gravesa para hacerse con la gestión del servicio de agua de la capital por un canon de 100 millones de euros y por un periodo de tiempo de 25 años. El dictamen de la Comisión se elevará a continuación a la Junta Local de Gobierno para su aprobación definitiva en la reunión de mañana miércoles, según informaron ayer a ABC fuentes municipales.
La esperada adjudicación del servicio del agua de Toledo, tras la anulación por sentencia judicial de la adjudicación a su actual concesionaria, Aguas de Toledo, parece que llegará hoy a su desenlace en la segunda reunión de la Mesa de Contratación, después de la celebrada ayer. Tras el análisis de las seis ofertas presentadas, primero en la Comisión de Valoración y ahora en la Mesa de Contratación, quien parece que se llevará el gato al agua de este suculento contrato es Facsa-Gravesa, la empresa de menores dimensiones pero que ha presentado una oferta económica que es, nada más y nada menos, que prácticamente el doble que el resto, pues se acerca a los cien millones de euros durante los 25 años que dura la concesión.
Este hecho, además, ha levantado de forma inmediata la polémica, puesto que el resto de empresas aspirantes han presentado ya o lo harán en las próximas horas escritos de alegaciones por lo que entienden, en primer lugar, una «oferta temeraria» de una empresa no especializada en este tipo de servicios.
Sin embargo, el concejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, explicaba ayer a este periódico que «como es natural, todas las ofertas se han examinado de manera pormenorizada, primero en la Comisión de Valoración y ahora en la Mesa de Contratación, y la propuesta elegida, porque es la más favorable, es la representada por Facsa y Gravesa». Según asegura el concejal de Hacienda, «los informes de los técnicos municipales así lo han reflejado y en principio no hay problema, ya que sus dictámenes son favorables respecto a la oferta elegida». De la Mesa de Contratación forman parte, además de los concejales del equipo de Gobierno del PP, el secretario general y el interventor del Ayuntamiento. No obstante, Lamberto García confirmó que ayer mismo Aqualia y Sacyr presentaron escritos de alegaciones contra la decisión de la Mesa, y según ha sabido este periódico hoy lo podrían hacer Aguas de Barcelona y Acciona, que junto con FCC son las otras empresas que han concursado para hacerse con la adjudicación del servicio.
La que se vislumbra como adjudicataria está formada por Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), que en la actualidad gestiona el servicio de abastecimiento de Castellón y su provincia, aunque su principal dedicación es el sector de la energía, y por otro lado la empresa Gravesa, que forman varios empresarios de la región.
Balón de oxígeno
La resolución de esta adjudicación supone, sin duda, un hecho importante para las finanzas internas del Ayuntamiento. En primer lugar porque implica resolver la que fue declarada por los tribunales adjudicación irregular del contrato a Aguas de Toledo, y por otro porque la firma del acuerdo traerá consigo la llegada de una importante inyección económica a las siempre necesitadas arcas municipales.
En efecto, una de las primeras consecuencias de la firma del contrato, que se puede hacer efectivo en el plazo de poco más de un mes desde su aprobación, es el desembolso por parte de la adjudicataria de nada menos que de unos 36 millones de euros. De esta cantidad, 24 millones serán para hacer frente a la indemnización a Aguas de Toledo, mientras que el balón de oxígeno que recibirán directamente las arcas municipales se eleva a unos 12 millones de euros.
Pero el nuevo contrato tendrá también otras consecuencias igualmente positivas para las finanzas municipales. Tal y como explica el concejal de Hacienda, en el actual pliego se establece que la subida del recibo del agua será el incremento del IPC más un 1,5 por ciento, lo que hacía que el recibo subiera prácticamente un 50 por ciento. Sin embargo, en el nuevo pliego se suprime ya la cláusula del 1,5 por ciento de recargo, por lo que ya a partir de 2007, y durante los 25 años que dura la concesión , el incremento del recibo será exclusivamente el IPC.
Otra de las ventajas que para el Ayuntamiento ofrecen las nuevas condiciones del pliego está en que será la nueva adjudicataria la que se hará cargo de pagar la factura del abastecimiento que la ciudad recibe desde el embalse madrileño de Picadas, cuenta que hasta ahora corría a cargo de las arcas municipales y que supone un desembolso que supera los 600.000 euros.
Además, la ganadora del concurso se hará cargo de abonar un canon variable de seis céntimos por cada metro cúbico consumido. Asimismo, hay que destacar las inversiones que deberá realizar para la mejora de la red y en general del servicio a lo largo de los 25 años que durará la concesión.