La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado diferencias de hasta el 325 por ciento en las tarifas del suministro domiciliario de agua de 28 ciudades españolas, lo que supone una diferencia en las facturas de 247,80 euros al año, según un estudio publicado hoy. La federación reclama al Gobierno una normativa que regule los derechos de los usuarios, ya que "éste es el único suministro doméstico que carece de una ley".
El estudio revela que el consumo mensual de 10 metros cúbicos (m3) de agua supone un importe medio de 9,84 euros más IVA, si el contador individual tiene un calibre de 13 milímetros y de 11,31 euros si es de 15 mm. Estas cifras, que incluyen las cuotas fijas y variables relativas tanto al abastecimiento como al saneamiento de agua, se elevan a 18,41 y 19,86 euros al mes, respectivamente, si el consumo es de 20 metros cúbicos.
Pero las tarifas son muy distintas en función de cada ciudad. Así, el consumo mensual de 10 metros cúbicos representa en Castellón 4,88 euros ó 6,35 euros, en función de si el contador tiene un calibre de 13 o 15 mm., frente a los 15,85 euros que cobran en Palma de Mallorca si es de 13 mm. y los 27 euros de Alicante si es de 15 mm. Si la familia consume 20 metros cúbicos, la facturación varía hasta 336,72 euros al año.
CIUDADES MÁS BARATAS Y MÁS CARAS
Castellón, Logroño, Valladolid y Ciudad Real son las ciudades con el suministro de agua más económico, según el estudio; frente a Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Cádiz que tienen las tarifas más caras para contadores de 13 mm. En el caso de los contadores de 15 mm. las más elevadas son las de Alicante, Córdoba, Tenerife y Murcia.
En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, "una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad", denuncia la federación.
Por este motivo, FACUA demanda una norma de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores; las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros; la periodicidad de lectura de los contadores y facturación; las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios; los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio; los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
Además, para evitar esta disparidad tarifaria, FACUA solicita una norma que establezca una serie de medidas reguladoras "a fin de controlar el baile de importes que se da por el consumo de agua según el lugar y la empresa suministradora para poder evitar abusos en este sector".
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua, esto es, las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, excluyendo los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión y sequía, entre otros. Las cuotas fijas o de servicio son las que hay que pagar aunque no se haga uso del mismo, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.
Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se han tomado como referencia dos consumos medios, de 10 y 20 metros cúbicos al mes, obtenidos por contadores individuales de 13 y 15 mm. de calibre. También se ha contemplado las cuotas por el alquiler y/o mantenimiento de los contadores, que se aplican en nueve de las veintiocho ciudades, así como la existencia o no de bonificaciones a las familias numerosas, para evitar que se penalicen consumos elevados que en estos casos resultan justificados, o a usuarios de rentas bajas. Según la ciudad, la facturación se realiza mensual, bimestral o trimestralmente. Para la realización del estudio se ha calculado el equivalente mensual