El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy con 178 votos a favor y 125 abstenciones (del PP) el real decreto-ley 15/2005 de 16 de diciembre de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua entre diferentes cuencas, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que afecta a cuencas con una situación "especialmente grave" como la Cuenca Mediterránea Andaluza. Además, rechazó que esta cuestión se tramitara como proyecto de ley, tal y como solicitó el PP.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió la necesidad de este real decreto por el contexto de sequía en "muchas" de las cuencas de España, con una situación "especialmente grave" en la del Segura, Júcar y las internas de Andalucía (Confederación Hidrográfica del Sur), agravada también en los embalses de cabecera del Tajo. Además, adelantó que en el primer período de sesiones del próximo año presentar la reforma de la Ley de Aguas.
Tras recordar en su intervención en el Pleno del Congreso que la vigencia de este real decreto es "coyuntural" y de "carácter urgente", Narbona pidió el respaldo de los grupos parlamentarios porque con estas medidas podrá haber transacciones de derechos de aprovechamiento de agua por infraestructuras de conexión entre cuencas ya existentes.
En este sentido, la ministra dijo no poder esperar a elaborar un texto de ley porque las transacciones "no podrían tener lugar en el tiempo y momento útiles" para aliviar de forma "muy moderada" las circunstancias en Cuenca Segura e internas de Andalucía. Además de asegurar que no se trata de "privatizar en absoluto" los derechos del agua, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente garantizará un precio "equitativo" de las transacciones.
"Con este decreto-ley, no se aumenta la oferta de agua en su conjunto, sino que se posibilita que el agua que no se va a utilizar en determinadas cuencas se utilice en otras", resumió, al tiempo que aseguró que no consolida estas circunstancias "a ningún efecto" y que tampoco cambia los derechos al aprovechamiento existentes.
El PP se abstuvo porque, a pesar de compartir el "fondo" del texto del Gobierno, cree que incumple la normativa vigente sobre aguas, que establece la cesión de derechos mediante el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y permite una contraprestación económica en lugar de una cesión de derechos, al mantener obligatoriamente el límite de 240 hm3, que supondrá --a su juicio-- trasvasar excedentes del Tajo. La portavoz 'popular' en materia de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, teme que "lo excepcional se convierta en lo habitual en la política del Ministerio".
Por su parte, el PSOE valoró el decreto como "última medida" de un conjunto de actuaciones de este Gobierno "responsable" cuando se detectó la posibilidad de acentuarse la disminución de lluvias. La portavoz socialista en esta cuestión, Montserrat Colldeforns, lamentó que el Ejecutivo socialista haya tenido que tomar estas decisiones con carácter urgente para contrarrestar los ocho años de gobierno del PP en los que "no se hizo nada y se dilapidó con gran irresponsabilidad" lo que PSOE avanzó para hacer frente a la sequía de 1992-95.
APOYO POR EXCEPCIONAL Y CADUCO
La mayoría de los grupos parlamentarios (CiU, ERC e Izquierda Verde) coincidieron en apoyar este decreto por tener un carácter excepcional por la situación de sequía y con fecha de caducidad. Así, CiU votó a favor este decreto porque --según señaló el diputado Josep María Guinart-- por su carácter coyuntural y ser unas medidas transitorias.
También la diputada de ERC Rosa María Bonás, explicó que el voto favorable de su grupo fue posible por la existencia de una fecha de caducidad del real decreto-ley, puesto que --entiende-- que "abre una puerta demasiado grande" como para hacerse de forma precipitada y sin ser una norma legislativa. Así, lo calificó de "embrión de banco de aguas", medida que prevé la reforma de la Ley de Aguas que le gustaría haber discutido.
Desde Izquierda Verde, Joan Herrera, planteó "dudas colaterales" al decreto y reclamó el establecimiento de medidas para garantizar que es "absolutamente excepcional", que la Dirección General de Agua vele por el caudal ecológico y el Ministerio de Medio Ambiente fije límites para evitar especulación y haga seguimiento del mercado de aguas. Coalición Canarias también votó a favor por "sensibilidad" a la situación de pluviosidad restrictiva.
ALIVIAR EL DÉFICIT
La finalidad de este real decreto-ley es disponer de un instrumento más para aliviar el déficit de recursos que pueda presentarse en determinadas zonas de España. El decreto tiene una vigencia temporal, vinculada a la situación de sequía, desde el momento de su publicación hasta el 30 de noviembre de 2006.
Tras el año hidrológico 2004-2005, en el que las precipitaciones fueron las más bajas de toda la serie registrada, el inicio del 2005-2006 presentaba una crítica situación de partida en reservas de aguas superficiales embalsadas. La situación de las reservas para usos consuntivos al inicio del año hidrológico se elevaba a 12.257 hectómetros cúbicos (hm3), lo que representa el 34 por ciento sobre la capacidad de almacenamiento.
Con la legislación actualmente vigente, las transacciones que pueden llevarse a cabo resultan insuficientes; por ello, resulta crucial abrir la posibilidad de que las mismas puedan ser celebradas por los titulares de derechos al uso de agua de las Zonas Regables de Interés Nacional, ya que los caudales de los que disfrutan se acercan al 80 por ciento de la totalidad de los recursos superficiales existentes.
La urgencia en la aprobación de estas medidas viene determinada por un conjunto de factores, de los cuales los dos primeros están relacionados con las cuencas potencialmente receptoras del agua (fundamentalmente la del Segura), y el tercero, con las cuencas cedentes.
Este real decreto-ley contempla, esencialmente, dos medidas: habilitar a los titulares de derechos al uso de agua pertenecientes a las zonas regables de iniciativa pública para la celebración de los contratos de cesión de derechos de uso de agua y que las infraestructuras de conexión intercuencas entre el embalse del Negratín y el de Cuevas de Almanzora, así como el acueducto Tajo-Segura, puedan ser utilizadas para las transacciones