El 13% del agua de las ciudades se vierte directamente a los ríos o al mar sin tratar. En total, 1.079 pueblos de más de 2.000 habitantes carecen de depuradora o la que tienen no cumple con los requisitos marcados por la Unión Europea, que obligaba a depurar todo el agua el 31 de diciembre de 2005. Este es el panorama que presentó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a los consejeros del ramo antes de proponerles un nuevo plan de depuración para 10 años. El Ministerio propuso que las comunidades financien el 60% de las obras, mientras que en el plan 1995-2005, el Gobierno financió el 60%.
En España hay poca agua. Y mucha de ella está contaminada. Una directiva europea de 1991 obligaba a que el 31 de diciembre de 2005, 'todas las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes tuvieran un sistema de tratamiento de aguas residuales'. La norma habla de habitantes equivalentes porque tiene en cuenta las segundas residencias o los cambios de población por temporada. Es decir, aunque un municipio tenga determinada población, la depuradora debe estar diseñada para la población que pueda llegar a tener en verano. Con el cálculo, España tiene que tener depuradoras para 71 millones de habitantes. En la práctica esto supone que 'los municipios de poco más de 1.000 habitantes tienen que tener una depuradora', según subdirector de calidad del agua del ministerio hasta 2004 y actual director ejecutivo de la Asociación para el Tratamiento del Agua, Ángel Cajigas.
El Gobierno diseñó en 1995 un Plan Nacional de Saneamiento y Depuración para cumplir los objetivos comunitarios. Pero la directiva, llegada la fecha de vencimiento, no se cumple. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, admitió ayer que 'España no está cumpliendo la directiva'.
En España hay 2.274 núcleos de más de 2.000 habitantes. De ellos, 952 municipios cumplen con la directiva y tienen tratamiento de agua. Estas ciudades vierten el 74% del agua que se consume. Un 13% restante se encuentra en zonas con una depuradora que a finales de 2004 se encontraba en construcción.
44% sin tratamiento
El resto de municipios, 1.079 (el 44,47% de los pueblos) no cumplen los requisitos de depuración. La mayoría de ellos, 706, directamente no tienen ninguna depuradora. En total, el 13% del agua residual llega a los ríos o al mar directamente sin depurar.
Son municipios como Nerja, Benalmádena, Rincón de la Victoria o Alhaurín de la Torre (Málaga), Burgos, Algeciras (Cádiz), Almendralejo (Badajoz) Tomelloso (Ciudad Real), en general, municipio pequeños, aunque hay zonas como la Costa del Sol con graves problemas de depuración, según una respuesta parlamentaria del Gobierno y fuentes del sector. Por comunidades, Andalucía es la peor parada (el 24,9% de su población no tiene tratamiento adecuado de agua), seguida de Extremadura y Castilla y León y Asturias.
Tras presentar el panorama y constatar que cumplir con los objetivos de Bruselas es imposible, Narbona propuso a los consejeros de Medio Ambiente renovar el Plan Nacional de Depuración para los próximos 10 años. La ministra anunció que su intención es tener aprobado el plan en febrero de 2006. 'Queda mucho por hacer', anunció antes de señalar que el Gobierno anterior no hubiera completado las obras.
'La Administración General del Estado ha pagado hasta ahora el 60% de las obras de depuración pese a ser una competencia autonómica', explicó Narbona a los periodistas en un receso de la reunión. La ministra señaló que pedirá a las autonomías que a partir de ahora financien el 60%. 'Así al final del periodo, el Gobierno y las comunidades habrán pagado lo mismo cada una', concluyó.
La tarea es enorme porque construir las 1.000 depuradoras necesarias y renovar o ampliar muchas de las existentes costará unos 3.700 millones de euros, según el informe presentado ayer por el ministerio. Las obras ya ejecutadas, licitadas o en construcción desde 1995 han supuesto una inversión de 2.405 millones, según el mismo documento.
'Esfuerzo enorme'
La portavoz del PP en la comisión de Medio Ambiente del Congreso, María Teresa de Lara, defendió la labor del Gobierno popular: 'Hicimos un esfuerzo enorme en depuración. El plan que aprobó el Gobierno del PSOE en 1995 preveía que el Gobierno pagaría el 25% de las obras y acabó pagando el 60%. Es triste decirlo, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos no hicieron todo lo que debían en materia de depuración'. La directiva establecía plazos de cumplimiento paulatinos comenzando por las ciudades de más grandes: hasta 2000 sólo era obligatorio que se depurase el agua de las de más de 15.000 habitantes.
Cajigas, responsable del plan, afirma que los plazos impuestos por Bruselas 'no eran razonables'. 'No daba tiempo porque aparte de invertir dinero hay que acordar con ayuntamientos, autonomías, licitar, buscar terrenos. Construir 2.000 depuradoras requiere muchos años', añade.
España se enfrenta a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. En septiembre de 2005, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo condenó a España por no depurar las aguas de Vera (Almería) y por no declarar como especialmente sensible a la contaminación la playa de Montilla (Valencia). Estas condenas, van contra el Gobierno, no contra el ayuntamiento o la autonomía, llegaron tras años de litigio.
Cuando un país incumple una directiva comunitaria, la Comisión Europea, por propia iniciativa o por una denuncia de los ecologistas, da varios avisos para que se cumpla. Finalmente lleva el país ante el Tribunal de Luxemburgo. Las condenas no suponen una multa, según el abogado de Ecologistas en Acción y experto en quejas ante la UE Jaime Doreste. Sólo si el país persiste en el incumplimiento y se reabre todo el procedimiento, puede llegar una multa. España fue multada en 2003 por incumplir la directiva de calidad de aguas de baño.