El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy una propuesta de resolución del PSOE, con los votos en contra del PP, por la que se exige al Gobierno central el control riguroso y exhaustivo del destino y los usos de las aguas transferidas desde la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura. Por el contrario, fue rechazada una propuesta de los 'populares' que pedía poner fecha de caducidad a esta infraestructura y reprobar al Ministerio de Medio Ambiente por la derivación aprobada el pasado 21 de octubre.
La propuesta aprobada considera una decisión improcedente e injustificada este último trasvase de 18 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Segura, pero apoya al Gobierno regional en su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo tanto este acuerdo, como el del pasado 1 de julio en este mismo sentido.
Asimismo, solicita del Ministerio de Medio Ambiente el control de las derivaciones del trasvase, reiterando su petición del 7 de julio y del 24 de noviembre, en la que se hace constar como destino exclusivo del trasvase el de atender al riego de socorro de los cultivos leñosos permanentes.
En la misma, se solicita una inspección previa, por parte del Ministerio, que garantice tanto la realidad de la necesidad del riego de socorro solicitado, como de la no disponibilidad de recursos en la propia cuenca del Segura, indistintamente de donde se halle el agua almacenada; así como un informe final de las campañas, sobre cómo se ha distribuido el riego de socorro y sus destinatarios.
Finalmente, la resolución manifiesta la total oposición de las Cortes a cualquier tipo de política trasvasista que sirva para promover modelos de desarrollo económico insostenibles, entendiendo que según los principios de la normativa europea, el futuro de los trasvases, en general, es su desaparición.
TRASVASE IMPROCEDENTE
Por su parte, la resolución rechazada del PP, ratificaba el acuerdo del pleno del pasado 16 de junio calificaba de improcedente cualquier trasvase que no estuviera destinado al consumo humano; y lamentaba que el Gobierno central aprobara la última derivación, pidiendo la reprobación tanto del Ejecutivo central por provocar tal decisión un grave perjuicio a los intereses de los castellano-manchegos, como del regional, por su "pasividad y permisión" con ese acuerdo.
Asimismo, la propuesta pedía al Gobierno de la nación la puesta en práctica del PHN, que contempla el trasvase del Ebro hacia el Levante, como la mejor política hidrológica bajo principios de solidaridad e igualdad, y como la mejor forma de "deshipotecar" el del Tajo-Segura.
Por último, tras lamentar que la Junta haya "escudado" su posición en un acuerdo "inexistente" con el Gobierno central, exige a este último, la supresión del trasvase, la fijación de su fecha de caducidad, y el abastecimiento de la zona del Alto Guadiana.