La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informó hoy de que ha precintado un total de cinco pozos ilegales en la zona de los Hatos, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en el entorno del Parque Nacional de Doñana, culminando así con un conflicto que ha durado 18 años por discrepancias entre lo que se consideran aguas privadas y aguas de dominio público.
Tras los litigios correspondientes, los pronunciamientos legales a favor de la titularidad pública de las aguas han permitido llevar a cabo esta actuación. En concreto, con este sellado se empieza a poner freno a una situación, las extracciones ilegales de agua, que estaba provocando la disminución de las aguas subterráneas de la zona y, por tanto, la salinización del acuífero 27 y el secado de la vera y la marisma de Doñana, la parte más sensible desde el punto de vista ecológico, informó la CHG a Europa Press en un comunicado.
Esta actuación es continuación de la que se llevó a cabo el pasado mes de octubre con el cierre del primer pozo ilegal en la zona. En la actualidad, todavía quedan una veintena de pozos pendientes de resolución judicial en el entorno de Doñana, paso necesario para poder culminar con este tipo de actividades ilegales, y que la Confederación espera solucionar en los próximos meses.
La decisión se enmarca dentro de los preceptos recogidos en el Acuerdo por el Agua en la cuenca del Guadalquivir, respaldado por más de cuarenta organismos y entidades relacionadas con el agua, desde administraciones públicas y comunidades de regantes hasta organizaciones ecologistas, de consumidores y usuarios, empresarios, sindicatos y asociaciones agrarias.
Por su parte, WWF/Adena felicitó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el cierre de estos pozos, y recordó que la organización conservacionista había insistido a los anteriores ministros de Medio Ambiente a afrontar esta situación.
"Una de las grandes contradicciones en este caso es que, a pesar de extraer el agua ilegalmente, los propietarios siguen recibiendo elevadas subvenciones agrarias", lamentó la organización ecologista en un comunicado remitido a Europa Press. Además, solicitó al Ministerio de Agricultura que "amplíe y aplique mejor una regulación para asegurar que agricultores ilegales sean penalizados en la recepción de subvenciones".
BAJADA DE 15 METROS
En este sentido, recordó que WWF/Adena y el Patronato de Doñana llevan denunciando la extracción ilegal de agua en la zona arrocera de Doñana desde hace más de diez años. Según expuso la ONG, debido a la extracción de agua, el acuífero de Doñana ha bajado en 15 metros, en algunos casos a una velocidad de un metro por año, como ha analizado el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Como consecuencia, en el Parque Nacional, "se han secado manantiales, lagunas y fresnedas en la principal zona de cría del lince ibérico en este espacio natural protegido", añadió.
Las zonas más afectadas por las extracciones, en opinión de la organización, se encuentran al sur de Villamanrique de la Condesa, al norte de El Rocío y en el entorno de Moguer. En España existen más de 510.000 pozos ilegales, por lo que aproximadamente una quinta parte parte del regadío español se hace de forma ilícita. Las zonas con una mayor concentración de pozos ilegales son Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, pero incluso en Madrid existen 18.000 pozos ilegales, concluyó WWF/Adena.