Murcia. El Gobierno de la Región de Murcia ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra algunos apartados de la Ley 11/2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional para otorgar a Cataluña la posibilidad de regular el cauce del Delta del Ebro.
Para el Gobierno de Murcia la decisión del TC "avala en origen, y a falta de producirse la sentencia, los planteamientos iniciales de recuperar el sentido de Estado, el sentido de solidaridad y, si se nos permite, el sentido común. El agua es un bien público, es de todos y nadie puede apropiarse de ella."
El secretario general de la Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo, valoró la admisión del recurso como un importante revés al Gobierno Zapatero y a su política insolidaria del agua. 'Nos oponemos a un articulado hecho con el objetivo de blindar el río Ebro. Y nosotros también estamos de acuerdo con quienes opinan que blindar ríos es práctica de políticos ineptos y mediocres", dijo citando al alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro.
Unidad de cuenca.
"Hay quien olvida a menudo que el Ebro discurre por nueve comunidades autónomas y que la Constitución proclama el mantenimiento del principio de la unidad de cuenca", agregó Ruiz Vivo, quien recordó que la Región elevará también un recurso ante la Comisión Europea.
Pero este no el único asunto que preocupa al Ejecutivo murciano, el Estatut de Cataluña añade nuevos argumentos a la 'guerra del agua'. El secretario general de Presidencia reveló que en el artículo 117 del proyecto que se tramitará en el Congreso se aprecia claramente la voluntad de decidir sobre asuntos de política hidrológica que afectan a otros territorios, cuando la Constitución establece entre las competencias exclusivas del Estado "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma".
En abierta colisión con este precepto, el artículo 117 del Estatut atribuye a la Generalitat casi todas las competencias exclusivas en materia de agua y le reserva la potestad de emitir un informe determinante para cualquier trasvase de cuencas que implique la modificación de sus recursos hídricos. Lo cual, para Ruiz Vivo, "quiere decir que el Gobierno no podría aprobar ninguna ley que afecte, por ejemplo, al Ebro, sin contar con el informe determinante del tripartito catalán, lo que hipotecaría la ejecución en el futuro de esta infraestructura hidráulica que para el Levante español sigue siendo esencial".
En este sentido, recordó que en el Congreso, durante el debate para aprobar la tramitación del Estatut, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña volvió a dejar claro en su intervención que la derogación del trasvase del Ebro se fundamentó en un acuerdo político y no en planteamientos técnicos. "Es el peaje de Zapatero, Narbona, Saura y compañía a Carod Rovira que siempre hemos denunciado desde este Gobierno regional. Los hechos vuelven a darnos la razón"