Este incremento fue aprobado en la sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación El aumento que se ha fijado para este año es de 1,9 euros
Mª ÁNGELES CAMACHO/ALMERÍA
La imposición de estas tasas por prestación del servicio de abastecimiento de agua en los municipios del Levante provocó crispaciones entre el equipo de Gobierno de la Diputación y el Partido Popular, quien votó en contra.
El 26 de octubre, el presidente de la Administración Provincial, José Añez, procedió a la implantación de esta tasa, así como, la ordenación de la misma mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal en el ámbito de actuación de la empresa Galasa que presta el citado servicio en los municipios Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Taberno, Turre, Vera y Zurgena. Este expediente fue sometido a información pública, contra el que se presentó ocho reclamaciones. Éstas han sido remitidas a los servicios correspondientes de la Diputación Provincial para su informe -secretario e interventor-, quienes han desestimado las reclamaciones y aprueban el acuerdo.
Arance mostró su oposición a esta imposición, ya que considera que esta subida es «una milonga» para beneficiar a un asesor socialista de Galasa. López Olmo, diputado socialista, respondió a estas acusaciones, así dijo al diputado del PP, Enrique Arance, que el hecho de tener «mayoría les permite poner un representante en Galasa»; «el grupo socialista defendió la aprobación de esta subida en cuanto se mantuvieran los abastecimientos». López Olmo y Ginés Martínez Balastegui, vicepresidente de la Diputación, coincidieron en que el aumento -de 1,9 euros- ya estaría subido por el IPC, aumento que Galasa no había reflejado antes en las facturas.
Acusaciones
El PP, concretamente José Fernández Amador, diputado provincial y alcalde de Sorbas, acusó a Añez de haber ordenado fuera de plazo el pago a la Tesorería de la Seguridad Social de los seguros sociales, correspondientes al mes de julio, de los empleados públicos. Durante el turno de ruegos y preguntas del Pleno ordinario -los puntos a debatir eran cuestiones de trámite- el diputado popular dijo que el presidente era el responsable de que las arcas de la institución se hayan visto mermadas por el abono de intereses de demora a la Seguridad Social por valor de 23.744 euros.
El presidente de la Diputación respondió a estas acusaciones con un informe conjunto de los servicios de Recursos Humanos e Intervención de la Diputación que demuestra que tales acusaciones «son totalmente falsas», ya que el documento confirma que los pagos de julio «se hicieron en tiempo y forma», lo que descarta «cualquier posibilidad de que se hayan tenido que abonar intereses de demora». Añez lamentó que los diputados del PP «centren su trabajo desde la oposición en descréditos y descalificaciones, no sólo hacia la institución, también hacia los propios empleados públicos» y pidió a Fernández Amador «la inmediata rectificación de las acusaciones» que realizó en la sesión plenaria a la que asistieron ayer, los diputados provinciales.