Plan de choque para que los acuíferos estén en buen estado en el año 2015
Lun, 31/10/2005
La CHG gasta 30 millones en clarificar los titulares de aguas subterráneas
SEVILLA. La Directiva Marco del Agua fija en el año 2015 el horizonte para lograr el buen estado cuantitativo y químico de los acuíferos. En la actualidad, 35 de las 71 unidades hidrogeológicas (conjunto de acuíferos) de Andalucía están en riesgo de incumplir los objetivos de esa Directiva Marco. Por esa razón, el Ministerio de Medio Ambiente ha creado un grupo de trabajo con catedráticos, regantes, gestores de agua, consultores... para recoger opiniones e ideas que contribuyan a mejorar la gestión de las aguas subterráneas, a las que hasta ahora se ha prestado poca atención.
Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio, anunció que el grupo de trabajo, que se reunió recientemente en Sevilla, hará una propuesta final al Ministerio para mejorar la situación de los acuíferos sobreexplotados y realizar cambios en la Ley de Aguas. El Ministerio quiere además potenciar y fomentar las comunidades de usuarios de acuíferos y dotarlas de medios para encargarles el control de las aguas subterráneas. «Las comunidades de usuarios -declaró- podrían corresponsabilizarse de la gestión de los acuíferos y encargarse de vigilar el consumo de los pozos».
Agustín Argüelles,jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), explicó que «es difícil detectar pozos ilegales, salvo que aumente considerablemente una zona de regadíos. Quienes tienen una concesión para explotar aguas subterráneas no pagan nada a la Administración a pesar de que es un bien de dominio público. Al no recaudarse nada por la explotación de las aguas subterránas, no hay apenas fondos presupuestarios para el control de los pozos». El cambio del régimen económico-financiero de explotación de las aguas subterrénas es también una posibilidad a estudiar, aunque levanta ampollas entre los regantes.
Una de las primeras medidas que ha llevado a cabo la CHG para garantizar el buen estado cuantitativo de los acuíferos, es decir, que la extracción de agua no supere la recarga anual procedente de la lluvia, es denegar nuevos regadíos con acuíferos cuya explotación supera ya el 40% de la recarga anual. De hecho, están declarado sobreexplotados el acuífero del Aljarafe, así como un área en forma de triángulo del acuífero Sevilla-Carmona.
Para lograr que los acuíferos presenten un buen estado químico en el año 2015 y no alteren el estado medioambiental de aguas superficiales asociadas, Jesús Yagüe considera necesario mejorar las prácticas agrícolas, que hasta ahora provocan la contaminación de las aguas subterráneas por el uso de abonos. De hecho, la Directiva Marco exige adoptar medidas para impedir o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas», de modo que no superen valores estándares de aluminio, amonio, cadmio, cloro, cobre, mercurio, nitrato, níquel, fosfatos, pesticidas...
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que preside Francisco Tapia, gastará hasta el año 2005 un total de 30 millones de fondos europeos para clarificar la titularidad y derechos de las aguas subterráneas. Se están analizando los 41.000 pozos grandes y 27.000 pozos pequeños que fueron autorizados en Andalucía antes de la Ley de 1985 y que tienen la consideración de aguas privadas.
Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio, anunció que el grupo de trabajo, que se reunió recientemente en Sevilla, hará una propuesta final al Ministerio para mejorar la situación de los acuíferos sobreexplotados y realizar cambios en la Ley de Aguas. El Ministerio quiere además potenciar y fomentar las comunidades de usuarios de acuíferos y dotarlas de medios para encargarles el control de las aguas subterráneas. «Las comunidades de usuarios -declaró- podrían corresponsabilizarse de la gestión de los acuíferos y encargarse de vigilar el consumo de los pozos».
Agustín Argüelles,jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), explicó que «es difícil detectar pozos ilegales, salvo que aumente considerablemente una zona de regadíos. Quienes tienen una concesión para explotar aguas subterráneas no pagan nada a la Administración a pesar de que es un bien de dominio público. Al no recaudarse nada por la explotación de las aguas subterránas, no hay apenas fondos presupuestarios para el control de los pozos». El cambio del régimen económico-financiero de explotación de las aguas subterrénas es también una posibilidad a estudiar, aunque levanta ampollas entre los regantes.
Una de las primeras medidas que ha llevado a cabo la CHG para garantizar el buen estado cuantitativo de los acuíferos, es decir, que la extracción de agua no supere la recarga anual procedente de la lluvia, es denegar nuevos regadíos con acuíferos cuya explotación supera ya el 40% de la recarga anual. De hecho, están declarado sobreexplotados el acuífero del Aljarafe, así como un área en forma de triángulo del acuífero Sevilla-Carmona.
Para lograr que los acuíferos presenten un buen estado químico en el año 2015 y no alteren el estado medioambiental de aguas superficiales asociadas, Jesús Yagüe considera necesario mejorar las prácticas agrícolas, que hasta ahora provocan la contaminación de las aguas subterráneas por el uso de abonos. De hecho, la Directiva Marco exige adoptar medidas para impedir o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas», de modo que no superen valores estándares de aluminio, amonio, cadmio, cloro, cobre, mercurio, nitrato, níquel, fosfatos, pesticidas...
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que preside Francisco Tapia, gastará hasta el año 2005 un total de 30 millones de fondos europeos para clarificar la titularidad y derechos de las aguas subterráneas. Se están analizando los 41.000 pozos grandes y 27.000 pozos pequeños que fueron autorizados en Andalucía antes de la Ley de 1985 y que tienen la consideración de aguas privadas.