El decreto de sequía recoge multas de hasta 600.000 euros y prevé prohibiciones de riego
Sáb, 22/10/2005
M. B. B. / AGENCIAS/MURCIA Fuentes Zorita y Jaime Palop, días atrás en Lorca. / S. M. LARIO
El decreto de sequía aprobado ayer por el Consejo de Ministros para las cuencas del Segura, Júcar y Tajo confiere poderes excepcionales a las confederaciones hidrográficas para modificar las condiciones de uso de agua -limitando los derechos concesionales- que permitan asegurar el abastecimiento a la población; aplicar restricciones en el suministro y abrir los pozos de sequía que considere necesarios. El incumplimiento de estas medidas acarreará multas de hasta 600.000 euros (cien millones de pesetas).
Algunas de estas medidas, como las referidas a los pozos de sequía, ya que se vienen aplicando en la cuenca del Segura. El Consejo de Ministros considera que la actual situación de sequía en estas tres cuencas hace que no se puedan cubrir de modo adecuado sus demandas con las reservas existentes. En concreto, el nivel de los embalses del Segura se sitúa en el 10% de su capacidad; los del Júcar en el 15% y los del Tajo en el 30%.
El decreto aprobado faculta a las confederaciones a modificar temporalmente las condiciones de uso el agua sea cual sea el título legal que tenga el concesionario y a establecer reducciones en el suministro para garantizar una distribución «justa y racional» del agua disponible. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó la importancia de ordenar «de la forma más conveniente» los recursos hídricos. De acuerdo con la nueva norma, las confederaciones podrán modificar los criterios de prioridad de usos del agua y las asignaciones, adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades y exigir a los usuarios que instalen dispositivos para medir y controlar el consumo.
Para asegurar la transparencia y la participación social y para «evitar cualquier arbitrariedad» se constituirán en cada confederación Comisiones Permanentes integradas por representantes del organismo, de los ministerios de Agricultura y de Industria, Comercio y Turismo, de las comunidades autónomas y de los usuarios del agua. En la del Segura, los regantes tendrán mayor participación. Estarán también, aunque sin voto, ecologistas, empresarios, los sindicatos y municipios.
Más sondeos
Los presidentes de las confederaciones también podrán promover actuaciones para controlar o medir los caudales y conocer la evolución de los acuíferos, para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de las infraestructuras o para hacer sondeos que permitan aportar, de una forma provisional, más agua.
La vigencia del decreto durará hasta el 31 de diciembre del año. Cristina Narbona subrayó la importancia de instalar sistemas para controlar y medir el consumo del agua. Aunque reconoció que esta medida se puede dilatar en el tiempo, sí apuntó que la Administración podrá entrar en cualquier instalación para controlar el uso que se hace del recurso.
Auguró que «lo más frecuente» será establecer prohibiciones de riego agrícola, algo que hasta el momento sólo ha ocurrido -explicó la ministra- de una forma consensuada con los agricultores, «pero no de manera obligada».
El decreto de sequía aprobado ayer por el Consejo de Ministros para las cuencas del Segura, Júcar y Tajo confiere poderes excepcionales a las confederaciones hidrográficas para modificar las condiciones de uso de agua -limitando los derechos concesionales- que permitan asegurar el abastecimiento a la población; aplicar restricciones en el suministro y abrir los pozos de sequía que considere necesarios. El incumplimiento de estas medidas acarreará multas de hasta 600.000 euros (cien millones de pesetas).
Algunas de estas medidas, como las referidas a los pozos de sequía, ya que se vienen aplicando en la cuenca del Segura. El Consejo de Ministros considera que la actual situación de sequía en estas tres cuencas hace que no se puedan cubrir de modo adecuado sus demandas con las reservas existentes. En concreto, el nivel de los embalses del Segura se sitúa en el 10% de su capacidad; los del Júcar en el 15% y los del Tajo en el 30%.
El decreto aprobado faculta a las confederaciones a modificar temporalmente las condiciones de uso el agua sea cual sea el título legal que tenga el concesionario y a establecer reducciones en el suministro para garantizar una distribución «justa y racional» del agua disponible. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó la importancia de ordenar «de la forma más conveniente» los recursos hídricos. De acuerdo con la nueva norma, las confederaciones podrán modificar los criterios de prioridad de usos del agua y las asignaciones, adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades y exigir a los usuarios que instalen dispositivos para medir y controlar el consumo.
Para asegurar la transparencia y la participación social y para «evitar cualquier arbitrariedad» se constituirán en cada confederación Comisiones Permanentes integradas por representantes del organismo, de los ministerios de Agricultura y de Industria, Comercio y Turismo, de las comunidades autónomas y de los usuarios del agua. En la del Segura, los regantes tendrán mayor participación. Estarán también, aunque sin voto, ecologistas, empresarios, los sindicatos y municipios.
Más sondeos
Los presidentes de las confederaciones también podrán promover actuaciones para controlar o medir los caudales y conocer la evolución de los acuíferos, para ejecutar obras de captación, transporte o adecuación de las infraestructuras o para hacer sondeos que permitan aportar, de una forma provisional, más agua.
La vigencia del decreto durará hasta el 31 de diciembre del año. Cristina Narbona subrayó la importancia de instalar sistemas para controlar y medir el consumo del agua. Aunque reconoció que esta medida se puede dilatar en el tiempo, sí apuntó que la Administración podrá entrar en cualquier instalación para controlar el uso que se hace del recurso.
Auguró que «lo más frecuente» será establecer prohibiciones de riego agrícola, algo que hasta el momento sólo ha ocurrido -explicó la ministra- de una forma consensuada con los agricultores, «pero no de manera obligada».