El Ejecutivo da a las Cuencas Hidrográficas facultades extraordinarias para que puedan modificar las condiciones de uso del agua
Efe

Madrid

El Gobierno aprobó ayer un decreto que
regula la posibilidad de adoptar medidas excepcionales, entre ellas
reducciones de suministro, para gestionar el agua y paliar los
efectos de la sequía en las cuencas del Segura, el Júcar y el Tajo,
en las que la escasez de lluvias se está manifestando con más
crudeza.
El Ejecutivo ha dado a las Cuencas Hidrográficas facultades
extraordinarias para que puedan modificar las condiciones de uso del
agua y ha establecido un régimen sancionador con multas de hasta
600.000 eurs (cien millones de pesetas) por incumplir las medidas
que adopten estos organismos.

La situación actual en las tres cuencas hace que no se puedan
cubrir "de modo adecuado" sus demandas con las reservas existentes,
según el Gobierno, que ha incidido en la necesidad de adoptar por
ello medidas temporales que permitan incrementar el agua disponible
hasta que mejoren las reservas.

El decreto aprobado faculta a las Confederaciones a modificar
temporalmente las condiciones de uso el agua sea cual sea el título
legal que tenga el concesionario y a establecer reducciones en el
suministro para garantizar una distribución "justa y racional" del
agua disponible.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, subrayó la importancia de ordenar "de la forma más
conveniente" los recursos hídricos y aseguró que este decreto
servirá para dar "más garantía y transparencia" a la gestión del
agua.

De acuerdo con la nueva norma, las confederaciones podrán
modificar los criterios de prioridad de usos del agua y las
asignaciones, adaptar el régimen de explotación de los
aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades y exigir a los
usuarios que instalen dispositivos para medir y controlar el
consumo.

Asegurar la transparencia

Para asegurar la transparencia y la participación social y para
"evitar cualquier arbitrariedad" se constituirán en cada
Confederación Comisiones Permanentes integradas por representantes
del organismo, de los Ministerios de Agricultura y de Industria,
Comercio y Turismo, de las Comunidades Autónomas y de los usuarios
del agua.

En la misma estarán también, aunque sin voto, representantes de
los ecologistas, de los empresarios, los sindicatos y de los
municipios, informó el Ejecutivo al término del Consejo.

Los presidentes de las confederaciones hidrográficas podrán
promover actuaciones para controlar o medir los caudales y conocer
la evolución de los acuíferos, para ejecutar obras de captación,
transporte o adecuación de las infraestructuras o para hacer sondeos
que permitan aportar, de una forma provisional, más agua.

Esos sondeos, advirtió el Gobierno, deberán ser clausurados
cuando desaparezcan las condiciones de escasez y "en ningún caso"
generarán nuevos derechos de uso del agua.
Los procedimientos que se inicien al amparo del decreto aprobado
ayer se declararán "de urgencia", se podrán simplificar los trámites
para la modificación de las condiciones de uso del dominio público
hidráulico y algunas actuaciones se declararán también "de utilidad
pública" y "de urgente necesidad".

El decreto incluye ya un anexo con un catálogo de obras ya
autorizadas e iniciadas con anterioridad, "pero cuya necesidad de
ocupación es especialmente urgente, ante la magnitud y extensión de
la sequía".

El Ministerio de Medio Ambiente observó ayer que ha propuesto al
Consejo de Ministros la aprobación del decreto ante la "grave
situación" en que se encuentran las cuencas del Segura, el Júcar y
el Tajo, que están al 10, al 15 y al 30 por ciento de su capacidad
de embalse, respectivamente.

En el caso del Tajo, el Ministerio advirtió además de la
"extrema gravedad" de la situación en los embalses de cabecera y las
condiciones existentes en la Comunidad de Madrid.