La Generalitat regula por decreto el ahorro de agua y energía
Vie, 21/10/2005
Los hogares dejarán de malgastar energía. Al menos eso es lo que pretende la Generalitat con el decreto para la ecoeficiencia energética en los edificios, que obligará a los constructores y arquitectos a que todo nuevo edificio incorpore sistemas para reducir el consumo de agua y energía y separar los residuos. Con ello, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda pretende disminuir el impacto que conllevan la construcción y el mantenimiento de los inmuebles, que generan cerca de la mitad de las emisiones de CO2.
El decreto, según define su borrador, afectará a edificios de nueva construcción y a los que han sufrido una reconversión o una 'gran rehabilitación'. Los parámetros de ecoficiencia, además, se aplicarán a viviendas; inmuebles residenciales públicos; edificios administrativos, docentes y hospitalarios, y complejos deportivos, piscinas y gimnasios. Son cuatro los aspectos en los que incide el decreto.
- Agua. Los edificios deberán disponer de una red de saneamiento que separe las aguas pluviales de las residuales. El texto establece que esta separación deberá mantenerse como mínimo hasta una boquilla ubicada en el exterior del edificio, y sólo se permitirá una única conexión a la red pública si ésta no tiene un sistema separativo. Los grifos de los baños, duchas y fregaderos deberán incorporar un mecanismo para ahorrar agua, y las cisternas de los retretes incluirán sistemas de 'doble descarga o de descarga interrumpible'.
- Energía. Es uno de los apartados más ambiciosos del decreto. Los inmuebles deberán usar la energía solar térmica para calentar agua. Ello afecta a todas las viviendas unifamiliares y los edificios que tengan una demanda de agua caliente de al menos 350 litros al día. El texto legal fija unos baremos mínimos según el tipo de vivienda y la zona climática en la que se halle. Por ejemplo, en un edificio que consuma más de 10.000 litros diarios de agua y que esté ubicado en una zona donde la irradiación del sol sea alta se deberá calentar un 70% del agua con esta energía. En el otro caso extremo, en una vivienda unifamiliar en una área geográfica con poca luz solar, la contribución de la energía térmica será del 35%.
- Materiales y sistemas constructivos. El decreto exige que el constructor cumpla, como mínimo, una de las 12 propuestas que formula para reducir el impacto ambiental que puede provocar el proceso de levantar o conservar un inmueble. Los requerimientos van desde la instalación de cubiertas ventiladas o ajardinadas hasta el uso de los escombros que pueda generar un derribo para realizar otras obras. Además, al menos una familia de los productos que se usen en la construcción del edificio deberá contar con una etiqueta que garantice su calidad ambiental.
- Residuos. El texto persigue la separación de envases ligeros, materia orgánica, vidrio, papel y de la fracción conocida como rechazo, que es todo lo que no entra dentro de los apartados anteriores. Para ello, las nuevas construcciones deberán destinar un espacio accesible de 150 decímetros cúbicos. En otros tipos de edificio, las entidades privadas deberán disponer de un lugar comunitario donde almacenar de forma separada los residuos que se originen. En los derribos de inmuebles se seleccionarán los escombros para luego reciclarlos.
La Generalitat prevé aprobar este decreto durante el mes de noviembre para poderlo aplicar en las construcciones que se efectúen a partir de mayo de 2006. Estos criterios, señalaron fuentes del Gobierno catalán, pueden encarecer el precio de la obra entre el 3% y el 5%, pero la repercusión del precio final será muy inferior por la influencia de otros costes, como el del suelo.
El decreto, según define su borrador, afectará a edificios de nueva construcción y a los que han sufrido una reconversión o una 'gran rehabilitación'. Los parámetros de ecoficiencia, además, se aplicarán a viviendas; inmuebles residenciales públicos; edificios administrativos, docentes y hospitalarios, y complejos deportivos, piscinas y gimnasios. Son cuatro los aspectos en los que incide el decreto.
- Agua. Los edificios deberán disponer de una red de saneamiento que separe las aguas pluviales de las residuales. El texto establece que esta separación deberá mantenerse como mínimo hasta una boquilla ubicada en el exterior del edificio, y sólo se permitirá una única conexión a la red pública si ésta no tiene un sistema separativo. Los grifos de los baños, duchas y fregaderos deberán incorporar un mecanismo para ahorrar agua, y las cisternas de los retretes incluirán sistemas de 'doble descarga o de descarga interrumpible'.
- Energía. Es uno de los apartados más ambiciosos del decreto. Los inmuebles deberán usar la energía solar térmica para calentar agua. Ello afecta a todas las viviendas unifamiliares y los edificios que tengan una demanda de agua caliente de al menos 350 litros al día. El texto legal fija unos baremos mínimos según el tipo de vivienda y la zona climática en la que se halle. Por ejemplo, en un edificio que consuma más de 10.000 litros diarios de agua y que esté ubicado en una zona donde la irradiación del sol sea alta se deberá calentar un 70% del agua con esta energía. En el otro caso extremo, en una vivienda unifamiliar en una área geográfica con poca luz solar, la contribución de la energía térmica será del 35%.
- Materiales y sistemas constructivos. El decreto exige que el constructor cumpla, como mínimo, una de las 12 propuestas que formula para reducir el impacto ambiental que puede provocar el proceso de levantar o conservar un inmueble. Los requerimientos van desde la instalación de cubiertas ventiladas o ajardinadas hasta el uso de los escombros que pueda generar un derribo para realizar otras obras. Además, al menos una familia de los productos que se usen en la construcción del edificio deberá contar con una etiqueta que garantice su calidad ambiental.
- Residuos. El texto persigue la separación de envases ligeros, materia orgánica, vidrio, papel y de la fracción conocida como rechazo, que es todo lo que no entra dentro de los apartados anteriores. Para ello, las nuevas construcciones deberán destinar un espacio accesible de 150 decímetros cúbicos. En otros tipos de edificio, las entidades privadas deberán disponer de un lugar comunitario donde almacenar de forma separada los residuos que se originen. En los derribos de inmuebles se seleccionarán los escombros para luego reciclarlos.
La Generalitat prevé aprobar este decreto durante el mes de noviembre para poderlo aplicar en las construcciones que se efectúen a partir de mayo de 2006. Estos criterios, señalaron fuentes del Gobierno catalán, pueden encarecer el precio de la obra entre el 3% y el 5%, pero la repercusión del precio final será muy inferior por la influencia de otros costes, como el del suelo.