El Gobierno de Navarra prevé invertir 408 millones de euros para construir y explotar las infraestructuras de la zona regable del Canal de Navarra en un territorio de 53.125 hectáreas, de forma que se conectarán todas las tomas del Canal con las parcelas de los agricultores.
El Ejecutivo foral aprobó en la sesión de ayer el proyecto de ley foral de construcción y explotación de estas infraestructuras, que será remitido en fechas próximas al Parlamento de Navarra, según anunciaron hoy el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, y por el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Echarte.
El Gobierno de Navarra ha adjudicado ya la construcción de la primeras infraestructuras en la zona de Valdizarbe y cerca de 1.200 hectáreas que en el año 2006 estarán ya finalizadas. La totalidad de las 53.125 hectáreas contarán con las nuevas infraestructuras.
El consejero Javier Echarte afirmó que "es un esfuerzo histórico el que hace el Gobierno de Navarra" y añadió que "jamás el Gobierno se ha implicado tanto en el sector agroalimentario como en estos momentos".
Por su parte, el consejero de Economía anunció que las obras se financiarán a través del 'peaje en la sombra'. El agricultor deberá pagar el 15 por ciento de la infraestructura a Riegos Canal de Navarra, S.A., empresa que será gestionada por Riegos de Navarra.
La nueva sociedad hará una concesión a un tercero para que haga la obra, y la Administración pagará el 'peaje en la sombra' a la concesionaria a través de dos modalidades: una por el canon de la demanda (metros cúbicos consumidos) y otra por canon de disponibilidad. "La suma de los dos marcará la rentabilidad o no de este proyecto para el concesionarios, que se la tiene que jugar", señaló Francisco Iribarren.
El consejero de Economía destacó que "la importancia de las obras no es cuándo estén finalizadas, sino ir poniéndolas en marcha de aquí al 2018 lo más rápido posible".
De los 408,6 millones de inversión total, 181.6 millones de euros corresponden a la primera fase de la zona regable del Canal de Navarra, que limita con el río Aragón, y cuya superficie es de 23.610 hectáreas. En esta fase se encuentran las localidades de Valdizarbe, Artajona, Mendigorría, Larraga, Puente La Reina, Tafalla, Berbinzana, Miranda de Arga, Olite, Pitillas, Santacara, Murillo el Fruto y parte de Peralta.
A la segunda fase de la zona regable del Canal de Navarra, que abarca 29.515 hectáreas, le corresponde el resto del presupuesto, es decir, 227 millones de euros. El Gobierno prevé iniciar la adjudicación de las obras en el verano de 2006, una vez el proyecto se aprobado por el Parlamento.
FINANCIACIÓN
Sobre la cuantía económica que tendrá que pagar el agricultor por acceder al agua del Canal, Javier Echarte fijó entre 5 y 6 pesetas el valor del metro cúbico, y en 4,50 pesetas el canon por la construcción de las infraestructuras.
No obstante, Francisco Iribarren señaló que "lo importante no es cuánto le cuesta al agricultor el litro de agua, sino el hecho de que va a tener agua". "Uno de nuestros competidores es Murcia, y yo creo que el agricultor de Murcia se cambiaba rápido. Primero, porque el precio del agua aquí va a ser mucho más barato, y segundo, porque el agricultor aquí va a tener agua. Este es un proyecto de hacer no de decir. En otros sitios han tirado un plan nacional para hacer una cosa de desaladoras, pero las desaladoras no salen", afirmó.
La contribución de las comunidades de los regantes a la explotación de la zona regable del Canal de Navarra se concreta en la aplicación de un canon de explotación por hectárea y año, que deberán abonar las comunidades de regantes al concesionario, y que será fijado en el contrato de concesión, no teniendo incidencia en las aportaciones del Gobierno de Navarra.
Según el Gobierno de Navarra, la finalidad de este sistema de financiación es acelerar la dotación de la nueva infraestructura de regadío ajustada al ritmo de ejecución del Canal de Navarra y la transformación de la zona regable; posibilitar la financiación privada de la zona regable y dar respuesta a las limitaciones presupuestarias existentes.
El Ejecutivo considera que esta fórmula permite repartir el coste de la infraestructura a lo largo del plazo concesional; transferir de forma idónea riesgos de construcción y explotación a la iniciativa privada a cambio de una prima de riesgo de mercado; condicionar la retribución del concesionario al uso y la disponibilidad de la infraestructura; y condicionar la retribución del concesionario al uso y la disponibilidad de la infraestructura.
Además, pretende mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone el aprovechamiento del sector privado en el desarrollo y gestión de infraestructuras, y en las relaciones del mercado financiero; configurar fuera del balance de la Administración el endeudamiento necesario para la financiación de las obras; mantener el control de la zona regable mediante los estándares de disponibilidad y calidad establecidos y el mecanismo de retribución diseñado; y optimizar la equidad intergeneracional de los contribuyentes.