La Generalitat lleva a la UE su queja por el cambio del trazado del trasvase del Júcar
Lun, 17/10/2005
Valencia - La Conselleria de Infraestructuras y Transporte elevará una queja ante la Comisión Europea sobre la intención del Ministerio de Medio Ambiente de cambiar el trazado actual en ejecución y aprobado del trasvase Júcar-Vinalopó, según anunció ayer el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón.
Con ello esperan evitar que se puedan perder los fondos europeos destinados a la ejecución del actual trazado del trasvase. Así, el Gobierno valenciano comunicará a la Comisión Europea la intención de subrogación del tercio de obra que corresponde hacer al Ministerio y pedirá seguir muy de cerca cualquier tramitación que se pida desde el Ministerio a cerca de este proyecto.
La intención del Gobierno valenciano, explicó García Antón, es hacer saber a las autoridades europeas que la Generalitat está dispuesta a terminar este proyecto, al asumir la parte que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y que no quiere ejecutar.
El objetivo, dijo, es no perder los fondos europeos que actualmente tiene destinado dicho proyecto, «ya que según las previsiones y la falta de seriedad de actuar de este Ministerio es muy probable que se pierdan los fondos asignados al actual proyecto al encontrase paralizadas las obras de tres tramos ».
A su juicio, el cambio de toma que anuncian desde el Gobierno central supone la ejecución de un nuevo proyecto que, por el momento, no cuenta ni con declaración de impacto ambiental, ni con proyecto constructivo, ni con plazos de ejecución ni siquiera presupuesto. Por todas estas razones considera que es muy probable que se pierdan todos los fondos europeos que hay asignados al Trasvase Júcar-Vinalopó.
Esta medida forma parte de las actuaciones, tanto jurídicas, políticas como sociales, que va a llevar a cabo el Gobierno valenciano por defender el trasvase Júcar-Vinalopó tal y como está definido y adjudicado en la actualidad.
Decisión dictatorial.
Al respecto también se pronunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, quien criticó la decisión adoptada por el Gobierno «de manera dictatorial ». Decisión que cree que «condena a pasar sed y sequía a la provincia de Alicante diez o doce años más ».
Castellano resaltó que «sin duda », el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, «se ha cubierto de gloria pues ésta es la segunda foto significativa que se hace en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana y sus necesidades hídricas », en referencia a la reunión que mantuvo con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el día que se anunció el cambio de trazado.
Por su parte, la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, instó a la ministra y a Pla, «a reunir las suficientes agallas para explicar a los valencianos los efectos devastadores » que tendrá el nuevo trazado del Júcar-Vinalopó al cambiar la toma de agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa (Cullera).
Pedrosa les reto a «dar las razones por las cuales no incluyen a los alicantinos, a la Federación de regantes, a los agricultores del Vinalopó, a los empresarios alicantinos o al propio Gobierno valenciano en su definición de consenso » y aseguró que «van a ser muchas las explicaciones que van a tener que dar en los próximos días ».
Con ello esperan evitar que se puedan perder los fondos europeos destinados a la ejecución del actual trazado del trasvase. Así, el Gobierno valenciano comunicará a la Comisión Europea la intención de subrogación del tercio de obra que corresponde hacer al Ministerio y pedirá seguir muy de cerca cualquier tramitación que se pida desde el Ministerio a cerca de este proyecto.
La intención del Gobierno valenciano, explicó García Antón, es hacer saber a las autoridades europeas que la Generalitat está dispuesta a terminar este proyecto, al asumir la parte que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y que no quiere ejecutar.
El objetivo, dijo, es no perder los fondos europeos que actualmente tiene destinado dicho proyecto, «ya que según las previsiones y la falta de seriedad de actuar de este Ministerio es muy probable que se pierdan los fondos asignados al actual proyecto al encontrase paralizadas las obras de tres tramos ».
A su juicio, el cambio de toma que anuncian desde el Gobierno central supone la ejecución de un nuevo proyecto que, por el momento, no cuenta ni con declaración de impacto ambiental, ni con proyecto constructivo, ni con plazos de ejecución ni siquiera presupuesto. Por todas estas razones considera que es muy probable que se pierdan todos los fondos europeos que hay asignados al Trasvase Júcar-Vinalopó.
Esta medida forma parte de las actuaciones, tanto jurídicas, políticas como sociales, que va a llevar a cabo el Gobierno valenciano por defender el trasvase Júcar-Vinalopó tal y como está definido y adjudicado en la actualidad.
Decisión dictatorial.
Al respecto también se pronunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, quien criticó la decisión adoptada por el Gobierno «de manera dictatorial ». Decisión que cree que «condena a pasar sed y sequía a la provincia de Alicante diez o doce años más ».
Castellano resaltó que «sin duda », el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, «se ha cubierto de gloria pues ésta es la segunda foto significativa que se hace en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana y sus necesidades hídricas », en referencia a la reunión que mantuvo con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el día que se anunció el cambio de trazado.
Por su parte, la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, instó a la ministra y a Pla, «a reunir las suficientes agallas para explicar a los valencianos los efectos devastadores » que tendrá el nuevo trazado del Júcar-Vinalopó al cambiar la toma de agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa (Cullera).
Pedrosa les reto a «dar las razones por las cuales no incluyen a los alicantinos, a la Federación de regantes, a los agricultores del Vinalopó, a los empresarios alicantinos o al propio Gobierno valenciano en su definición de consenso » y aseguró que «van a ser muchas las explicaciones que van a tener que dar en los próximos días ».