Todas las organizaciones agrarias, menos Asaja, apoyan al Gobierno en el cambio de toma del trasvase

Vie, 14/10/2005

La Verdad

Brusca, flanqueado por Cervera y Aguado, ayer en rueda de prensa. / LA VERDAD

Las organizaciones agrarias La Unió-Coag, Ava-Asaja y UPA han suscrito un documento que recoge las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana y que defiende el cambio de trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, ya que consideran que la toma del azud de La Marquesa tendría caudales más regulares.

El documento de consenso tiene un contenido técnico y aporta datos sobre las necesidades de agua de la Comunidad, así como propuestas para solucionar el déficit hídrico. Recoge, además, todas las necesidades de los sistemas hidrológicos y las unidades hidrogeológicas del territorio de la Comunidad.

Este informe no ha sido suscrito por Asaja Alicante ni por la Federación Provincial de Agricultores de Castellón (Fepac-Asaja). Respecto a la organización de Alicante, el secretario general de La Unió, Joan Brusca, explicó que la negativa a firmar el documento responde a que la organización alicantina «no comparte el cambio de trazado del trasvase, a pesar de estar de acuerdo con la mayoría del documento».

No obstante, Brusca indicó que el documento «no está hecho en favor o en contra del trasvase sino que recoge las necesidades de toda la Comunidad Valenciana» y, según añadió el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, «los criterios de la mayoría de los representantes del campo».

Sobre Fepac, Brusca afirmó desconocer la causa de su negativa, ya que el documento también incluye un informe de las necesidades de Castellón y esta organización había anunciado su firma y su presencia en la presentación del documento.

Una vez analizadas las necesidades hídricas, las organizaciones estiman que ascienden a 353 hectómetros cúbicos que se desglosan en 30 hm3 en Alto y Medio Palancia y Sagunto; 35 hm3 procedentes de una transferencia del Ebro a la provincia de Castellón; 45 hm3 del Turia; 115 hm3 del Júcar; 33 hm3 del Serpis; 15 hm3 de la Marina Alta; y 80 hm3 del trasvase Júcar-Vinalopó.

Entre las medidas necesarias y complementarias que proponen para solucionar el déficit hídrico, se encuentran la modernización de regadíos, la utilización y depuración de aguas residuales, la instalación de desalinizadoras y la cesión de aguas sobrantes mediante trasvases «siempre que cuenten con el consenso social y técnico de las diferentes partes».

Defienden la transferencia de aguas desde el Ebro a la provincia de Castellón, ya que desde ésta hay aportes de agua al río, lo que permitiría liberar recursos que podrían destinarse a la cuenca del Vinalopó.

Respecto al trasvase Júcar-Vinalopó, tras pronunciarse a favor de la toma del Azud de la Marquesa, en Cullera, en el documento se exige que no haya retrasos en la realización de las obras y que no se incremente el coste del agua para los regantes.

Para el secretario general de la UPA, Rafael Cervera, las organizaciones han demostrado que «se puede llegar a un acuerdo» en la cuestión del agua, un asunto que se ha utilizado políticamente, según coincidieron todos los representantes agrarios.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, valoró el acuerdo alcanzado por las asociaciones agrarias de apoyar la toma de agua para el trasvase Júcar-Vinalopó desde el Azud de la Marquesa como «una demostración de sentido común».

Quien no está de acuerdo es el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, quien considera que la entidad que tiene algo que decir sobre el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó es la Federación Valenciana de Regantes y, según dijo, ésta «no se ha pronunciado».

El presidente de la asociación de Jóvenes Agricultores en Alicante (Asaja), Eladio Aniorte, afirmó que el documento suscrito ayer «no representa a Alicante ni a Castellón».

Aniorte consideró que el estudio aprobado por los tres sindicatos agrarios únicamente tiene como objetivo «dar un aval más» al Ministerio de Medio Ambiente para derogar las obras iniciadas al 50%. Rechazó que se trate de un documento de consenso, ya que cree que tiene una índole «puramente política».