El documento conjunto sobre la situación hídrica de la Comunidad Valenciana que presentarán hoy las principales organizaciones agrarias defiende que los trasvases, siempre que sean viables económica y medioambientalmente, exigen el consenso de las partes afectadas, y en especial de la cuenca que cede el agua.
El informe preparado por la Unión de Llauradors-COAG, AVA-Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), que ayer se mantenía abierto a posibles modificaciones, pretende ser la base para un pacto del agua que aleje la búsqueda de soluciones de la crispación política.
Las organizaciones agrarias lanzaron el ofrecimiento de este pacto tras la polémica desatada en julio por el posible cambio de la toma de agua del trasvase Júcar-Vinalopó, que entonces apoyaron abiertamente los responsables de la Unió, Joan Brusca, y de AVA, Cristóbal Aguado, como una solución que daría agua a Alicante sin merma de las necesidades de los regantes de la Ribera. El Ministerio de Medio Ambiente, que apuesta por modificar el trazado, aún no ha anunciado su decisión.
La iniciativa de las organizaciones agrarias para reconducir el debate del agua ha tomado cuerpo en los últimos meses en un documento que repasa la situación hídrica y las posibles soluciones al déficit de recursos en la Comunidad Valenciana, según fuentes conocedoras del texto.
Las organizaciones firmantes, pendientes ayer de cerrar el acuerdo, no abordan sólo la polémica del trasvase Júcar-Vinalopó, sino que analizan otros aspectos y métodos para ganar agua desde una posición técnica que concluye que las diferentes opciones no son excluyentes.