¿Caleao o la nueva cultura del agua en Asturias?

Vie, 07/10/2005

El Comercio

Las previsiones sobre el cambio climático en España apuntan a una disminución general de las precipitaciones, incluso en las regiones del Norte. Ante esta futura situación una planificación hidrológica racional y sostenible debería impulsar políticas de gestión de la demanda que persigan como objetivo final la disminución del consumo de agua unida a un cambio en la gestión del recurso que tenga en cuenta aspectos tales como la diversificación de las fuentes de abastecimiento, la utilización de aguas de menor calidad para las actividades que lo permitan (determinadas industrias) reducción de pérdidas en la red, depuración, etcétera.

En el caso de Asturias esto resulta bastante evidente si se tiene en cuenta que los problemas de agua que sufre la región no responden a una escasez del recurso, sino a la ineficacia e irracionalidad con que se ha venido gestionando hasta el momento.

Desgraciadamente, las intenciones que se observan en algunos responsables del agua en Asturias no son nada alentadoras, pues perseveran en el error de la política hidraulista (desechada desde hace bastante tiempo en otros países de mayor desarrollo tecnológico) como medio de solucionar los problemas de abastecimiento. Si se admite sin ningún cuestionamiento que «con el tiempo cada vez es mayor el consumo que imponen los hábitos sociales» (gerente de Cadasa en EL COMERCIO de 14/9/05) llegará un momento en que ni con varios embalses como el de Caleao sería suficiente para satisfacer la demanda de agua. Creemos que aceptar sin más este aumento del consumo es una muestra de incompetencia que pone en peligro la supervivencia de los ecosistemas acuáticos de la región.

El artículo que la diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, publica en este periódico (EL COMERCIO, 25 de setiembre de 2005 ) exponiendo los motivos por los cuales es necesario el embalse de Caleao es un ejemplo de la concepción atrasada e irracional que el Gobierno del Principado de Asturias tiene sobre la gestión del agua, ignorando por completo las nuevas concepciones que hoy día se tienen de la gestión del recurso y que se engloban en lo que se conoce como nueva cultura del agua. Además, varias de las afirmaciones expresadas no son ciertas.

En el primer párrafo se dice: «.tras un amplio y dilatado proceso de información y participación a lo largo de varios años, finalmente culminó con la inclusión de esta infraestructura como una obra de interés general para Asturias». Desconocemos lo que esta persona entiende por «amplia participación», pero lo cierto es que ni se dialogó ni se tuvo en cuenta la opinión de las organizaciones sociales ni de las personas afectadas por el embalse. Más adelante afirma que «la decisión de construcción del embalse de Caleao. es la solución considerada más adecuada a las necesidades tras el análisis de todas las alternativas posibles».

Sin embargo, cuando más adelante expone los criterios tenidos en cuenta para orientar la decisión de construir el embalse, sólo plantea dos alternativas, la utilización del canal del Narcea y las aguas subterráneas. No menciona en ningún momento la necesidad de minimizar las pérdidas en la red de suministro ni la posibilidad de reutilización de las aguas en determinadas actividades ni, por supuesto, se plantean campañas destinadas a promover el ahorro de agua (en Zaragoza se ahorraron casi 1.200 millones de litros de agua en un año con el proyecto 'Zaragoza, ciudad ahorradora de agua', sin mermar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as).

En el primero de los criterios mencionados, al que denomina «de disponibilidad del recurso» sostiene que «en cuanto a las aguas subterráneas, los estudios de prospección realizados en los últimos 40 años, no detectaron cantidades significativas para garantizar un abastecimiento global». Esta es una afirmación totalmente incorrecta. Durante los últimos 40 años fueron muy escasos los estudios sobre las aguas subterráneas de Asturias, siguiendo la tradición de las administraciones hidráulicas españolas que siempre les han prestado escasa atención. España ocupa el cuarto lugar en la lista de países en cuanto al número de grandes presas, casi el primer lugar en el número de grandes presas por millón de habitantes y ¿es el estado miembro de la Unión Europea que menos utiliza las aguas subterráneas para el abastecimiento urbano!

Volviendo a la situación de Asturias, y en relación con los estudios de prospección realizados, hay que destacar que los estudios más completos sobre las aguas subterráneas de Asturias, aunque de carácter preliminar y con escasos recursos económicos, fueron realizados por el Instituto Geológico y Minero de España en los años 80 (IGME, 1984, a y b: 'Investigación hidrogeológica de la cuenca Norte: Asturias'. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía, Colección Informes, 81 y 53 páginas, Madrid) y los resultados obtenidos evalúan un volumen de recursos subterráneos de al menos 1.380 hectómetros cúbicos/año. ¿No son éstas cantidades significativas de agua? Desde luego, es una cifra bastante superior a la que se supone que debería aportar el embalse de Caleao.

¿ Que se pretende decir con la expresión «garantizar un abastecimiento global»? ¿Quizás que con aguas subterráneas no sería posible abastecer a la totalidad de la población asturiana? Pues es posible que no, habría que estudiar con profundidad el tema, pero lo cierto es que el embalse de Caleao por sí solo tampoco permitiría garantizar el mencionado abastecimiento global, sino que debería contar con las actuales infraestructuras, fundamentalmente embalses (Tanes, Rioseco, Alfilorios). Por otra parte, una gestión racional del agua debe promover la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas.

El criterio «de planificación hidráulica» considera al embalse de Caleao la mejor opción porque «la ubicación en la cabecera del Nalón permite la utilización conjunta de las infraestructuras existentes en el actual complejo Tanes-Rioseco», estación depuradora y sistemas de conducción, mientras que para las otras dos alternativas habría que construir otras nuevas, pero, ¿no es el embalse una nueva infraestructura de mucho mayor coste e impacto ambiental y social?

En este apartado, la diputada introduce el adjetivo «hipotéticas» al referirse a las aguas subterráneas como si éstas tuvieran algún misterioso origen. ¿De dónde se cree que proceden una buena parte de las aguas del Nalón y sus afluentes?, ¿desconoce la íntima relación que existe entre aguas subterráneas y superficiales?

Conviene recordar que los acuíferos almacenan una cantidad de agua que suele ser de 10 a 100 veces superior a la recarga anual que reciben, lo que permite que los ríos continúen con caudal mucho tiempo después de las últimas precipitaciones. Esta escasa sensibilidad a la variabilidad climatológica les otorga un importante papel regulador y de seguridad ante las sequías, muy superior al de las aguas superficiales (Llamas y otros, 2001).

En lo relativo al abastecimiento urbano, las ciudades que se abastecen con aguas subterráneas no suelen tener restricciones en el suministro; sirva como ejemplo el caso de las regiones de Cantabria, País Vasco y Navarra durante la sequía que se inició en el otoño de 1988, mientras que Bilbao, Vitoria y San Sebastián sufrieron importantes restricciones, Santander y Pamplona no necesitaron recurrir a cortes de agua (González Lastra y Sanz de Galdeano, 1991). La razón está en que las ciudades vascas se abastecían exclusivamente de aguas superficiales mientras que Santander y Pamplona emplean también aguas subterráneas. La situación de Madrid y Barcelona es un ejemplo más, Barcelona nunca ha necesitado aplicar restricciones de agua debido a la utilización conjunta de aguas subterráneas y superficiales; Madrid, por el contrario, sí ha sufrido situaciones de este tipo debido a la negativa de la Administración a utilizar los recursos del acuífero detrítico

Cuando la diputada describe el tercer criterio, denominado «de planificación territorial estratégica», alude a la posibilidad de «disponer de agua con los menores riesgos potenciales de contaminación». Si las aguas de la cabecera de la cuenca del Nalón tienen buena calidad es porque los acuíferos que proporcionan agua al río también la tienen. Es algo tan elemental como que los manantiales son los rebosaderos naturales de los acuíferos y si éstos están contaminados también lo estarán las aguas que salgan de ellos a superficie. Recordemos también que las aguas embotelladas que se consumen habitualmente proceden de manantiales, es decir, se recogen directamente del punto de salida del acuífero, no de ríos ni de embalses.

Continúa argumentando que «su ubicación en una cabecera protegida permite su conducción y distribución por gravedad, a la vez que permite la utilización simultánea de las masas de agua para obtención de energía hidráulica, favoreciendo la producción renovable». Es evidente que la distribución ha de hacerse por gravedad, no tendría mucho sentido construir un embalse en la desembocadura de un río, y en cuanto a la obtención de energía es necesario matizar que la producción hidroeléctrica mediante grandes presas, aunque de carácter renovable, está considerada como de alto impacto, por lo que no es una alternativa compatible con la defensa del medio ambiente y mucho menos en un espacio de alto valor ecológico como es el Parque Natural de Redes.

El último criterio seguido hace referencia al precio del agua y afirma que «la posibilidad de utilizar las actuales infraestructuras de depuración y conducción evita nuevas inversiones» que repercutirían en el precio del agua. ¿Es que los más de 50 millones de euros que se estima que nos costaría el embalse de Caleao no le parece una inversión mencionable? Como conclusión no nos queda más remedio que afirmar que los criterios expuestos por la diputada del PSOE, que a su vez reflejan la posición del Gobierno del Principado, no se sostienen desde ningún punto de vista, ni científico ni medioambiental ni económico ni social, simplemente parecen responder a la ceguera de unos políticos sometidos a unos intereses que no son los de la población a la que representan.