La inspección y el control de la contaminación de las empresas industriales es otra de las prioridades del departamento para el presente mandato. Para ello, pondrá 'especial atención' en el desarrollo del Plan de Inspección Ambiental 2003-2007. En cumplimiento de este plan, el Gobierno ha iniciado el control de 244 industrias, de las que 190 desarrollan actividades con 'alto potencial contaminante'. Otras 28 operan en un área ambientalmente sensible (la reserva de Urdaibai) y 26 más se encuentran ubicadas en áreas con una especial problemática desde el punto de vista ambiental, como el polígono de Lastaola, en Hernani.
Para el próximo año se prevé la apertura del proceso de control a 140 nuevas actividades. En las zonas sensibles se inspeccionarán las 60 empresas que afectan al sistema de embalses del Zadorra, que abastecen de agua a Vitoria y la zona del Gran Bilbao. La consejera garantizó que para el resto de la legislatura se mantendrá el proceso de control con otras 150 actividades anuales.
Larrañaga apuntó también la conveniencia de ahondar en una reflexión sobre la fiscalidad ambiental. La primera consecuencia de esta fiscalidad fue la puesta en marcha en la pasada legislatura de un listado de tecnologías limpias y para los próximos años está previsto la instauración del canon ecológico, incluido en el proyecto de ley de Aguas, y de otro canon sobre los vertidos de residuos no peligrosos. 'Se ha producido un aumento considerable del volumen de residuos generados', advirtió la consejera. Este incremento se ha podido soportar gracias a la mejora de los tratamientos, a la mayor conciencia ciudadana y al uso de tecnologías limpias.
Este gravamen ecológico se impondría, entre otras, a las empresas que depositen residuos en los vertederos por el eventual perjuicio que su actividad puede ocasionar en el entorno. Ahora, estas empresas ya pagan una tasa por depositar sus residuos, pero ese pago sólo incluye aspectos como el coste de amortización de las instalaciones, el salario de los trabajadores o el tratamiento de los desechos. El nuevo impuesto incorporaría el coste ambiental.
Entre los objetivos inmediatos del departamento figura la presentación al Parlamento del proyecto de ley de Aguas, que embarrancó a finales de la pasada legislatura tras recurrir las Juntas Generales de Álava a la Comisión Arbitral para dirimir una posible invasión de competencias. La consejería ha recogido las aportaciones realizadas por la Comisión Arbitral y remitirá en breve el proyecto a la Cámara.
La comparecencia de Larrañaga ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Transportes se saldó sin contratiempos con la oposición, que se limitó a pedirle concreciones sobre los plazos de alguna de las actuaciones que anunció. En cambio, la titular de Transportes, Nuria López de Guereñu, sí tuvo que emplearse más a fondo con la oposición, especialmente con el PP, que le inquirió repetidamente por la Y ferroviaria. La consejera insistió una y otra vez en la necesidad de trabajar codo con codo con el Ministerio de Fomento y en ningún momento le reprochó nada. Ni siquiera se refirió al recurso planteado por Fomento ante el Tribunal Constitucional que ha paralizado los concursos para adjudicar las obras de dos tramos del corredor guipuzcoano.
López de Guereñu, quien reconoció que la administración competente en esta obra es el Gobierno central, reiteró su apoyo al actual trazado de la Y , disipando de esta forma dudas sobre las pretensiones de Ezker Batua, socio minoritario en el Ejecutivo, de modificar el recorrido.
Por otro lado, abogó por implantar el billete único, que permita viajar en los autobuses interurbanos y en el tren pagando una sola vez por desplazamiento y despenalizando el transbordo.