A día de hoy, el único de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que gestiona su propio sistema de depuración y alcantarillado es el de la capital. El resto está ya en manos del Canal de Isabel II. La gestión de ese servicio en Madrid está privatizada -la realizan 11 empresas-, pero el Ayuntamiento conserva el control sobre las instalaciones y la potestad sobre el establecimiento y cobro de la tasa de saneamiento. Esas 11 empresas tienen contratos de cuatro años, y no pueden disponer del agua que tratan para venderla.
El Ayuntamiento ingresa por la tasa de saneamiento 70 millones de euros al año, que serán 90 millones en 2006 tras elevarse el impuesto en un 22% (lo que supone unos 12 euros más al año en el recibo que se pasa a los vecinos), según el edil de Hacienda, Juan Bravo. Además, cobra nueve millones a 13 municipios limítrofes cuyas aguas residuales depura. En total, 79 millones.
Por otro lado, gasta 85 millones en pagar a las empresas concesionarias de las depuradoras y las alcantarillas por la gestión de la red; en un canon por vertidos que abona a la Confederación Hidrográfica del Tajo; en gastos financieros y amortizaciones y en pagar las nóminas de los funcionarios municipales que realizan las inspecciones a la red de saneamiento.
En resumen, según la Concejalía de Hacienda, el gobierno municipal ingresa actualmente 70 millones y gasta 85 millones en concepto de saneamiento. Hasta ahora ha sido, por tanto, un servicio deficitario -aunque dejará de serlo en 2006 con la subida del 22% en la tasa-, y en ese dato justifica Hacienda la decisión de desprenderse de él temporalmente.
A partir de enero, todo este sistema cambia: el servicio y las instalaciones quedarán a cargo de la Comunidad durante 25 años, y luego revertirán al Ayuntamiento. El Canal paga 700 millones al Consistorio y se compromete a invertir otros 613 millones para mejorar la red. No recibirá pago alguno por asumir la gestión, pero se quedará con el dinero recaudado por la tasa de saneamiento. Una tasa que, a partir de 2007, fijará y recaudará la propia Comunidad, como ya hace en el resto de municipios.
El Ayuntamiento, por su parte, no tendrá ni beneficios ni pérdidas durante 25 años: ni ingresará la tasa ni tendrá gastos en concepto de saneamiento del agua.
Fuentes del Gobierno regional adelantaron que el Canal pretende subir un 10% la tasa de depuración (lo que supone un aumento del 2% en el recibo de los ciudadanos) para recaudar 100 millones al año. Eso sin contar lo que sacará al vender agua reciclada a los municipios para que la usen en el riego de zonas verdes. 'Es una magnífica operación para ambas partes', afirmaron estas fuentes.
Responsables municipales y autonómicos disentían ayer sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid también tenga que pagar a partir de 2006 al Canal por el agua reciclada que se produzca en las depuradoras madrileñas. 'Claro que pagarán, como el resto de municipios, aunque probablemente menos porque la capital tiene su propio sistema de distribución de agua reciclada, y el resto no', afirmó un responsable del Canal. Por el contrario, la concejal de Medio Ambiente, Paz González, había subrayado por la mañana que el Ayuntamiento no tendrá que pagar por el agua reciclada. Y fuentes municipales señalaron que el convenio que van a firmar ambas administraciones establece expresamente que 'el Ayuntamiento seguirá siendo titular de la concesión administrativa de la reutilización de aguas residuales'.
Lo que ni el concejal de Hacienda ni la de Medio Ambiente supieron explicar es por qué han cambiado de opinión en el último momento y, en lugar de sacar a concurso público la gestión, se la han cedido a la Comunidad. Ambos afirmaron que 'la experiencia del Canal en la gestión del agua es universalmente reconocida', pero también reconocieron que lo más probable es que el Canal, a su vez, subcontrate la gestión de las depuradoras a empresas privadas.
El alcalde y la presidenta regional firmaron un 'acuerdo de intenciones', que dará pie en los próximos días a la firma de sendos convenios: el primero establece la cesión a la Comunidad de todo el sistema de alcantarillado y depuración del agua. Y deja claro que esa cesión quedará sin efecto en el caso hipotético de que el Canal de Isabel II fuera privatizado.
El segundo renueva la actual cesión del servicio de abastecimiento, que el Canal conservará al menos durante el próximo lustro. Según Paz González, a través de ese convenio el Ayuntamiento asumirá 'competencias sobre ciertos aspectos de la política de agua' que ahora no tiene -como el control de los las bocas de riego y la instalación de contadores en todas las casas- para 'evitar el derroche'.