La Junta de Castilla y León recurre la nueva Ley del PHN por entender que atenta a la unidad de la cuenca del Ebro
Vie, 23/09/2005
El Gobierno de Castilla y León aprobó hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 22 de junio por entender que atenta contra la unidad de la cuenca del Ebro, otorga "privilegios" a Cataluña y "desoye" a las comunidades en una gestión en condiciones de igualdad.
El recurso, que cuenta con el dictamen favorable y unánime del Consejo Consultivo Regional, se sustenta en que la disposición décima de la Ley 11/2005 de 22 de junio, no incluida en la Ley 10/2001 del PHN, se remite al Plan Integral del delta del Ebro, donde se otorga al Gobierno y a la Generalitat, de manera bilateral, competencias en la gestión mínima necesaria, caudal ecológico o medidas de protección que afectan al conjunto de la cuenca.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que se dan "privilegios" a una de las nueve comunidades que integran la cuenca del Ebro, cuando representa el 17,5 por ciento de la misma, ya que el primer lugar lo ocupa Aragón, con el 49,5, sigue Navarra, el 11 y Castilla y León, la cuarta, con el 9,5 por ciento.
"Hay una prevalencia especial y se desoye a ocho comunidades en decisiones que afectan a toda la cuenca", precisó Carriedo, que insistió en que con dicha disposición dos administraciones, central y una autonómica, se ponen de acuerdo en la regulación del Delta del Ebro con decisiones que afectan a toda la cuenca y, en el caso de Castilla y León, a la cuenca alta.
En este sentido, remarcó que la Comunidad de Castilla y León se verá afectada en la política de desembalses que se realicen de pantanos que están en su territorio dentro de la cuenca así como a futuras concesiones de agua.
La presidenta del Consejo Consultivo, María José Salgueiro, declaró a Europa Press que se trata de un asunto importante, que sí afecta a la Comunidad de Castilla y León y la institución que representa recogió la petición de la Junta con "sensibilidad".
La vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, anunció el pasado mes de julio que se recurriría la nueva ley del PHN por entender que era lesiva para la Comunidad Autónoma.
El recurso, que cuenta con el dictamen favorable y unánime del Consejo Consultivo Regional, se sustenta en que la disposición décima de la Ley 11/2005 de 22 de junio, no incluida en la Ley 10/2001 del PHN, se remite al Plan Integral del delta del Ebro, donde se otorga al Gobierno y a la Generalitat, de manera bilateral, competencias en la gestión mínima necesaria, caudal ecológico o medidas de protección que afectan al conjunto de la cuenca.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que se dan "privilegios" a una de las nueve comunidades que integran la cuenca del Ebro, cuando representa el 17,5 por ciento de la misma, ya que el primer lugar lo ocupa Aragón, con el 49,5, sigue Navarra, el 11 y Castilla y León, la cuarta, con el 9,5 por ciento.
"Hay una prevalencia especial y se desoye a ocho comunidades en decisiones que afectan a toda la cuenca", precisó Carriedo, que insistió en que con dicha disposición dos administraciones, central y una autonómica, se ponen de acuerdo en la regulación del Delta del Ebro con decisiones que afectan a toda la cuenca y, en el caso de Castilla y León, a la cuenca alta.
En este sentido, remarcó que la Comunidad de Castilla y León se verá afectada en la política de desembalses que se realicen de pantanos que están en su territorio dentro de la cuenca así como a futuras concesiones de agua.
La presidenta del Consejo Consultivo, María José Salgueiro, declaró a Europa Press que se trata de un asunto importante, que sí afecta a la Comunidad de Castilla y León y la institución que representa recogió la petición de la Junta con "sensibilidad".
La vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, anunció el pasado mes de julio que se recurriría la nueva ley del PHN por entender que era lesiva para la Comunidad Autónoma.