En el año de mayor sequía del último decenio, 18.600 pozos ilegales extraen hasta 70 hectómetros cúbicos anuales de agua del acuífero terciario detrítico de Madrid, una gran balsa de agua que se utiliza como reserva estratégica en los años de extrema escasez. La Confederación Hidrográfica del Tajo denuncia el 'despilfarro' que se produce en campos de golf, industrias, urbanizaciones e incluso Ayuntamientos, que utilizan estas explotaciones sin permiso y sin pagar.
La situación resulta paradójica. Todos los expertos reconocen el periodo de grave carencia de agua en Madrid. El Gobierno regional, del PP, anuncia que subirá el nivel de alerta por sequía del actual 0 al 1 si no llueve en septiembre (que implica las primeras restricciones, aunque no al consumo) y exige al Ejecutivo central que garantice el suministro en la región con 400 hectómetros cúbicos más. Éste promete 200 y se enzarza en una dura negociación con las eléctricas que tienen concesiones para producir energía en el río Alberche, para que las abandonen e incrementar el trasvase de Picadas en 100 hectómetros cúbicos. Además, ambos gobiernos a la par perforan 30 pozos en el margen derecho del Guadarrama para extraer agua.
Mientras, por toda la Comunidad se extrae líquido sin permiso. Agua que proviene del acuífero terciario detrítico que reposa 20 metros bajo el suelo y que utiliza el Canal de Isabel II en periodos de escasez extrema. Este agua sólo se puede extraer uno de cada cuatro años para que el embalse se recupere. Agua, la que se obtiene de los pozos ilegales, que no se controla ni se paga, y que se pierde porque no vuelve a los circuitos para su reciclado.
Las cifras hablan solas. La Confederación notó un 'importante descenso de las aguas de las capas freáticas' y realizó un mapa. Las conclusiones: cerca de 70.000 millones de litros (70 hectómetros cúbicos) se extraen cada año a través de 18.600 pozos ilegales en la Comunidad, según calcula la Confederación, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente encargado de la gestión del agua. La cifra es muy similar a los 82 hectómetros cúbicos que el Gobierno central aprobó el pasado junio trasvasar del Tajo al Segura, el trasvase más polémico de los últimos diez años y que no satisfizo ni a murcianos ni a castellanomanchegos.
Estos 70 hectómetros cúbicos suponen un 12% del total que se consume en la región al año (600 hectómetros cúbicos). También se da la circunstancia de que algunos de estos pozos están perforados muy próximos a los que tiene el Gobierno regional, con lo que restan caudal a los medios de extracción del Ejecutivo, según confirman fuentes de la CHT. Además de estos pozos ilegales, existen otros 4.400 que sí cuentan con la concesión del ministerio y pagan una cuota.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha levantado 496 actas para investigar otros tantos pozos y determinar su legalidad