En el año de mayor sequía del último decenio -con los embalses al 38,9%-, 18.600 pozos ilegales extraen hasta 70 hectómetros cúbicos anuales de agua del acuífero terciario detrítico de la región, una gran balsa de agua que se utiliza como reserva estratégica en los años de extrema escasez. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) denuncia el 'despilfarro' que se produce en campos de golf, industrias, urbanizaciones e incluso ayuntamientos, que utilizan estas explotaciones sin permiso, sin pagar y sin que se controle el consumo, lo que equivale al 12% del total de la región (600 hectómetros cúbicos). El Gobierno ha ordenado desde el pasado junio 496 inspecciones en otros tantos pozos.
La situación resulta paradójica. Todos los expertos reconocen el periodo de grave carencia de agua en Madrid. El Gobierno regional, del PP, anuncia que subirá el nivel de alerta por sequía del actual 0 al 1 si no llueve en septiembre (que implica las primeras restricciones, aunque no al consumo) y exige al Ejecutivo central -socialista- que garantice el suministro en la región con 400 hectómetros cúbicos más. Éste promete 200 y se enzarza en una dura negociación con las eléctricas que tienen concesiones para producir energía en el río Alberche, para que las abandonen e incrementar el trasvase de Picadas en 100 hectómetros cúbicos. Además, ambos gobiernos a la par perforan 30 pozos en el margen derecho del Guadarrama para extraer agua.
Mientras, por toda la Comunidad se extrae líquido sin permiso. Agua que proviene del acuífero terciario detrítico que reposa 20 metros bajo el suelo y que utiliza el Canal de Isabel II en periodos de escasez extrema. Esta agua, como sucederá en los pozos del Guadarrama, sólo se puede extraer uno de cada cuatro años para que el embalse se recupere. Agua, la que se obtiene de los pozos ilegales, que no se controla ni se paga, y que se pierde porque no vuelve a los circuitos para su reciclado.
70 hectómetros sin control
Las cifras hablan solas. La Confederación notó un 'importante descenso de las aguas de las capas freáticas' y realizó un mapa. Las conclusiones: cerca de 70.000 millones de litros (70 hectómetros cúbicos) se extraen cada año a través de 18.600 pozos ilegales en la Comunidad, según calcula la Confederación, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente encargado de la gestión del agua. La cifra es muy similar a los 82 hectómetros cúbicos que el Gobierno central aprobó el pasado junio trasvasar del Tajo al Segura, el trasvase más polémico de los últimos 10 años y que no satisfizo ni a murcianos ni a castellano-manchegos.
Estos 70 hectómetros cúbicos suponen un 12% del total que se consume en la región al año (600 hectómetros cúbicos). También se da la circunstancia de que algunos de estos pozos están perforados muy próximos a los que tiene el Gobierno regional, con lo que restan caudal a los medios de extracción del Ejecutivo, según confirman fuentes de la CHT. Además de estos pozos ilegales, existen otros 4.400 que sí cuentan con la concesión del ministerio y pagan una cuota.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido tomar cartas en el asunto e imponer cierto control. Visto el alarmante descenso de los niveles de las capas freáticas, desde verano la Guardia Civil inspecciona municipio por municipio. Se han levantado 496 actas para investigar otros tantos pozos y determinar su legalidad. Dice la legislación vigente que un particular puede perforar un pozo en su terreno y extraer, previa declaración al Gobierno, hasta 7.000 metros cúbicos de agua al año.
Campos de golf, particulares, industrias, urbanizaciones e incluso Ayuntamientos son los principales beneficiados por estas irregularidades, según fuentes de la Confederación. En estos lugares se crean dobles redes de suministro para disponer libremente del agua extraída sin permiso. 'Y despilfarrarla', añade un portavoz de la CHT. El líquido se utiliza para regar jardines sin control, llenar piscinas y otros usos similares. Especialmente flagrante es el caso de los campos de golf, dice la Confederación.
Hace ya casi cuatro meses que este organismo abrió expediente a los propietarios de 10 de los 28 campos que hay en la región por 'uso ilegal del agua'. Esto se traduce en que han abierto pozos subterráneos sin autorización o bien emplean agua sustraída de las depuradoras. Entonces no se quiso especificar.
Hoy se señala el que hay en Villaviciosa de Odón, que ni siquiera tiene declaración de impacto ambiental, según la Confederación. A éste hay que sumarle el que se acaba de construir en Aranjuez, junto al nuevo casino, que se realizó también sin declaración de impacto porque Fadesa, la empresa promotora, optó por eludirla debido a las prisas que tenía para cumplir los plazos.