La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vaticinó futuros incrementos en el precio del agua para ajustarse al coste real que supone el suministro, bien para consumo humano, regadíos o usos industriales. De manera gradual tendremos que acostumbrarnos a pagar algo más el coste del agua de lo que lo hemos hecho hasta ahora , aseguró. Sobre todo añadió , en determinados sectores como el cultivo agrario, que han pagado y siguen pagando muy poco por el agua . Narbona precisó que su departamento trabaja en la identificación de las aguas subterráneas en amplias zonas de la península. Los cauces subterráneos son aún la gran asignatura pendiente de la política de aguas en nuestro país , afirmó en declaraciones a Antena 3. Hay, por un lado, numerosos acuíferos sobreexplotados y muy contaminados, y acuíferos cuyas dimensiones y condiciones se desconocen por completo, explicó. Incluso en caso de mantenerse la actual situación de sequía, Madrid no sufrirá en ningún caso restricciones al consumo humano. No obstante, la capital necesita disponer de más recursos hídricos para los próximos años, adelantó la titular de Medio Ambiente. En zonas del litoral mediterráneo, por su parte, el verano más seco de las últimas décadas se ha salvado sin tener que recurrir al corte en el suministro urbano de grandes ciudades caso de Murcia y Alicante, entre otras , gracias a la puesta en marcha de varias desaladoras en San Pedro de Pinatar, Marbella y Carboneras (Almería). Las desaladoras, precisó Narbona, representan un instrumento complementario dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) para paliar déficits estructurales de agua en la franja mediterránea, pero no son la única opción. Hay trabajo pendiente para desarrollar la ley del PHN, por ejemplo, desarrollando un enorme esfuerzo en la modernización de regadíos apostilló. Narbona, también anunció que el próximo viernes propondrá en el Consejo de Ministros que el Gobierno ayude a paliar los daños causados este verano por los incendios en distintas comunidades autónomas. Esta propuesta consiste en incluir a algunas comunidades autónomas en el Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado 22 de julio para compensar económicamente a Guadalajara tras el incendio que sufrió.