El peor periodo de sequía desde que hay registros fiables se produjo en la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado, cuando, tras varios años consecutivos con un régimen de lluvias inferior a la media, las restricciones de agua afectaron a 11 millones de españoles y la agricultura tuvo pérdidas por unos 9.000 millones de euros. La ministra de Medio Ambiente ha advertido que, de mantenerse la situación actual, podría haber restricciones. Ya la padecen muchos cultivos de regadío en las cuencas mediterráneas.
El agua almacenada en los pantanos -tres de los últimos cuatro años anteriores fueron muy o bastante lluviosos- ha permitido evitar por ahora restricciones al consumo, aunque hay algunas poblaciones de la margen izquierda del Ebro a su paso por Aragón y 27 municipios catalanes que se abastecen con camiones cisterna. Todo apunta a que, a partir de este otoño, la mayor parte de la Península al sur del Duero entrará en la fase técnicamente denominada 'de alerta', de manera que los usos de agua que no sean de boca sufrirán restricciones y se reducirán las dotaciones por habitante para los abastecimientos en Cataluña.
Las confederaciones hidrográficas aceleran estos días la elaboración de protocolos de sequía, un sucedáneo de los auténticos planes que deberían haberse aprobado en 2003, como exigía la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Ha tenido que sonar la alarma para que se elaboren a toda prisa directrices sobre las medidas que deben tomarse en cada momento en función de la evolución de las reservas de agua existentes. Santa Bárbara, cuando truena: entre las 57 obras de emergencia aprobadas recientemente por 392 millones de euros, varias son de rehabilitación de obras que se ejecutaron para la sequía del periodo 1992-95 y después se abandonaron.
En años críticos, las soluciones de emergencia basadas en trasvases resultan conflictivas, como ahora se está viendo con el enfrentamiento entre Castilla-La Mancha y Murcia por un pequeño trasvase desde el Tajo. Por ello, los expertos consideran necesario impulsar los bancos de agua y la transferencia de derechos de concesión entre los distintos usuarios. Y acomodar el consumo a las disponibilidades. Para ello será probablemente preciso aproximar el precio del agua a su coste real. Pero también acomodar los usos sociales -urbanizaciones con césped y piscina- a la realidad de un bien escaso. Que ello es viable lo demuestra que desde que comenzó a hablarse de sequía, los seis millones de usuarios del Canal de Isabel II, que abastece a la Comunidad de Madrid, han reducido un 10% el consumo.