La peor sequía desde 1947 tiene visos de prolongarse. Aunque las previsiones a largo plazo no son muy fiables, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja pensando que la sequía durará. Las confederaciones hidrográficas ya han presentado las medidas a tomar si sigue la escasez. Entre ellas destaca la del Segura, que ya piensa en recuperar concesiones de agua, restringir el consumo y abastecerse con barcos cisterna. Cataluña asegura que restringirá el consumo en octubre si no llueve. Medio Ambiente matiza que en las grandes ciudades no son previsibles los problemas de suministro a corto plazo.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que las previsiones de lluvias para el próximo trimestre no son suficientes para paliar la mala situación de los embalses españoles. Los pantanos están al 42,6% de su capacidad, la peor situación desde 1995. Narbona destaca que por el momento 'no hay problema de suministro en las ciudades' y que las restricciones son al regadío.
Hasta el momento hay restricciones al regadío en casi toda la vertiente mediterránea y en zonas de la cuenca del Tajo. Estos cortes van desde el 75% en Murcia al 30% en zonas regables de los ríos Tiétar y Árrago (Extremadura).
El Gobierno ha aprobado 57 obras de emergencia para paliar la sequía por un importe de 391,689 millones de euros. Las obras son variadas: desde nuevos sondeos de pozos, reparación de obras utilizadas en la última sequía, nuevas acequias y conexiones o la ampliación de una desaladora en Alicante y la conexión de urgencia de una desaladora en Murcia. La prueba de que la previsión del ministerio es que la sequía se alargará es que algunas de estas obras, como las desaladoras, no aportarán agua hasta 2007. Narbona afirma que ha preferido trabajar con previsión aun a riesgo de ser tachada de alarmista. La prioridad del ministerio ahora es 'seguir aprobando las obras que sean necesarias y que en la mayoría de los casos supone únicamente adelantar partidas presupuestarias de otros años, pues son actuaciones que ya estaban previstas', según indicó.
La portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, María Teresa de Lara, criticó 'el alarmismo de la ministra' y la 'falta de previsión' porque 'las obras tendrían que haber estado en los Presupuestos para 2005'.
El informe de gestión de la sequía que el ministerio aprobó el 24 de agosto destaca que las sequías en España son cíclicas y que las registradas desde 1941 han durado 'entre cuatro y seis años'. Las confederaciones hidrográficas, dependientes del ministerio, han remitido a lo largo del verano sus protocolos de sequía. Son un adelanto del plan de sequía que, por ley, tenían que haber estado listos en 2003.
Los protocolos incluyen que en las zonas en peor estado, el Gobierno pueda revocar los derechos concedidos de uso de agua. El artículo 58 de la Ley de Aguas ya prevé que 'en circunstancias de sequías extraordinarias [...] el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros podrá adoptar las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión'.
Entre los protocolos, uno de los más alarmantes es el de la Confederación Hidrográfica del Segura. El texto, de 46 folios, será aprobado en octubre y prevé la redacción de un decreto de sequía para Murcia, Alicante y Albacete, por el que se revocan los derechos de agua si la confederación considera que ese agua es necesaria para el abastecimiento. En la cuenca del Segura se declaró el estado de emergencia en junio de 2005 'sin haber podido decretar las situaciones de prealerta y alerta'. La situación se agrava por la mala situación de los embalses que surten al trasvase Tajo Segura. El texto prevé utilizar agua de los pozos de sequía (ya se han comenzado a abrir) y aprobar 'tarifas de sequía' que penalicen 'el consumo excesivo'. El informe señala que 'conforme avanza la sequía' puede ser necesario recurrir a 'suministros cisternas y barcos cisterna' y 'limitación temporal de suministro urbano', aunque la decisión final es de los ayuntamientos.
En Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha anunciado que si sigue sin llover, en octubre restringirá el suministro el suministro a 160 litros por habitante y día en los municipios más afectados. Ese es, según el INE, el consumo medio en España. Actualmente, 904 de los 946 municipios de Cataluña están en la primera fase de sequía, que no incluye restricciones al consumo. 27 pueblos se abastecen con cisternas y el Ejecutivo catalán calcula que pueden llegar a 110, según el último informe de situación de la sequía. Lo peor actualmente está en la cuenca del Llobregat, que si sigue el ritmo de pérdida de agua pueden tener problemas con la calidad del agua en semanas.
La Comunidad de Madrid también tiene problemas de abastecimiento. El informe del ministerio asegura que hay un 54% de probabilidades de que la Comunidad entre en una fase calificada como de 'escasez severa' a lo largo de septiembre. Los pantanos que abastecen a Madrid se encuentran al 42%, pero hace un año se encontraban al 76,3%. Este nuevo nivel de alerta implica restricciones al riego de calles y de jardines, pero no al consumo, según una portavoz del Canal de Isabel II. Algunos ayuntamientos ya han anunciado esas medidas.
La cuenca del Júcar ha restringido hasta un 40% el agua para riego. La del Ebro tiene restringidos al máximo sus regadíos en la margen izquierda y calcula que más de 200 pueblos de Huesca pueden llegar a abastecerse con camiones. La cuenca del Guadiana también ha previsto restricciones aunque su situación es de normalidad ha previsto restricciones de hasta 189 litros por habitante y día si la situación empeora. La vertiente atlántica no tiene casi problemas.
La sequía genera además otro problema al ministerio: el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de lluvias ha reducido la producción hidroeléctrica en los último 12 meses un 43% respecto al año anterior. Los saltos de agua no emiten CO2, pero las centrales de carbón que les sustituyen, sí. Narbona admite que este no será un buen año para acercarse al cumplimiento del Protocolo de Kioto. España triplica ya el límite de emisiones que el tratado fija para 2012.