Los municipios de la cuenca del Llobregat, los primeros con restricciones domésticas si no llueve
Sáb, 27/08/2005
Disminución de la presión y cortes en el suministro durante algunas horas son las dos medidas que se prevén para garantizar el agua hasta la primavera
M. J. F.
BARCELONA. Las poblaciones situadas en la cuenca del río Llobregat, en Barcelona, serán las primeras que sufrirán restricciones domésticas de agua a partir del próximo octubre si continúa la actual sequía. Ello se debe a que los pantanos de esta cuenca -La Baells, La Lloça del Cavall y Sant Ponç- son los que se encuentran en este momento al nivel más bajo, al 24,67 de su capacidad.
El conseller de Medio Ambiente, Salvador Milà, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Jaume Solà, dieron a conocer ayer a los medios de comunicación el borrador del decreto de emergencia que debe aprobar el Consejo Técnico de este organismo el día 7 de septiembre y el Consell Executiu de la Generalitat en su reunión del 13 del mismo mes. El texto se presentó ayer al Consejo de Administración de la Agencia del Agua.
El decreto, que entrará en vigor en otoño si antes no llueve, establece medidas progresivas que permitirán garantizar las reservas existentes en los pantanos hasta la próxima primavera. Eso en el peor de los casos, es decir, si persiste la práctica ausencia de lluvias. Si éstas llegan, aunque deberían hacerlo en cantidades suficientes, el panorama cambiará.
Cuando los pantanos estén al 20%
Los responsables de Medio Ambiente han hecho sus previsiones teniendo en cuenta un escenario de sequía y esperan que las primeras situaciones de emergencia, teniendo en cuenta las actuales disponibilidades hídricas por cuencas, se darán en octubre en la del Llobregat, que comprende la red Aguas del Ter-Llobregat (con 113 municipios, entre ellos la ciudad de Barcelona y una parte del área metropolitana) y la red Aguas de Manresa (con catorce localidades).
La Generalitat activará las medidas cuando los pantanos se encuentren al 20 por ciento de su capacidad. En la actualidad, los que están más cerca de ese límite son los del Llobregat. Los citados embalses de La Baells, Sant Ponç y La Llosa del Cavall albergan 52,74 hectómetros cúbicos de agua, con lo que se encuentran al 24,67 por ciento de su capacidad. La emergencia se activará cuando estén en 42 hectómetros.
En cuanto a la cuenca del Ter, los pantanos de Sau y Susqueda están al 32,72 por ciento de su capacidad, con 130,32 hectómetros cúbicos. La fase de emergencia entrará cuando las reservas sean de 80 hectómetros. Debido a este desequilibrio entre las cuencas del Ter y Llobregat, el decreto comporta la separación de ambas en lo referente a la gestión.
El conseller Milà y el director de la Agencia Catalana del Agua no precisaron cómo se llevarán a la práctica las restricciones domésticas, porque serán los ayuntamientos y las empresas suministradoras «los que deberán gestionar la precariedad» según sus necesidades. Sin embargo, Jaume Solà indicó que lo previsible es que las restricciones se traduzcan «en una mezcla de cortes de suministro de agua en determinadas franjas horarias y de una disminución de la presión».
La Generalitat asignará a todos los municipios que integran el sistema regulado la misma cantidad de agua por habitante. Ésta será de 230 litros al día por persona cuando las reservas de los pantanos estén al 20 por ciento; de 210 litros cuando estén al 15 por ciento; 180 si se encuentran al diez por ciento, y 160 cuando estén al cinco por ciento, una situación esta última en la que el conseller Milà espera no encontrarse.
De cualquier forma, todas las cantidades superan el consumo medio por persona y día, que está en 130 litros. Ésa será el agua que se aportará a los depósitos de cabecera de los municipios. Cada ayuntamiento gestionará después los recursos en función de las especificidades de su red de distribución, de la población y de las necesidades y prioridades de sus diferentes usos. Los consistorios tienen que elaborar su propio plan de contingencia con la manera en que se aplicará el decreto. Según el conseller, el texto da a los municipios instrumentos jurídicos y administrativos para una mejor gestión de los recursos.
Posteriormente, las cantidades podrían adaptarse si, por ejemplo, hay poblaciones con gran número de industrias. Salvador Milà manifestó que los caudales asignados son suficientes para el consumo doméstico y pueden llegar también para otros usos, si se utilizan de manera correcta. «No faltará agua si sabemos hacer un uso racional», manifestó Salvador Milà, quien apeló una vez más a la conciencia ciudadana para ahorrar.
Revisión al alza
Sobre esta situación de penuria hídrica planea la posibilidad de una subida del agua. Así lo han manifestado en los últimos días el propio conseller y el director de la ACA. Sin embargo, ambos fueron ayer cautos en este punto. Milà informó de que el decreto de emergencia no contempla una subida generalizada, pero sí autoriza a los ayuntamientos y compañías suministradoras para que revisen al alza las tarifas -«que no el canon, dijo Milà»-, si han tenido que hacer inversiones concretas en infraestructuras con el fin de garantizar el abastecimiento de agua.
Además de estas medidas de emergencia, la Generalitat prevé realizar trabajos con carácter de urgencia, como construcción de nuevas infraestructuras de abastecimiento u obras de mejora en la conectividad de las redes. Algunas son obras alternativas al Plan Hidrológico Nacional. El conseller de Medio Ambiente informó de que la Generalitat pedirá fondos a la Unión Europea para adelantar la construcción de algunas de estas infraestructuras hidráulicas.
M. J. F.
BARCELONA. Las poblaciones situadas en la cuenca del río Llobregat, en Barcelona, serán las primeras que sufrirán restricciones domésticas de agua a partir del próximo octubre si continúa la actual sequía. Ello se debe a que los pantanos de esta cuenca -La Baells, La Lloça del Cavall y Sant Ponç- son los que se encuentran en este momento al nivel más bajo, al 24,67 de su capacidad.
El conseller de Medio Ambiente, Salvador Milà, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Jaume Solà, dieron a conocer ayer a los medios de comunicación el borrador del decreto de emergencia que debe aprobar el Consejo Técnico de este organismo el día 7 de septiembre y el Consell Executiu de la Generalitat en su reunión del 13 del mismo mes. El texto se presentó ayer al Consejo de Administración de la Agencia del Agua.
El decreto, que entrará en vigor en otoño si antes no llueve, establece medidas progresivas que permitirán garantizar las reservas existentes en los pantanos hasta la próxima primavera. Eso en el peor de los casos, es decir, si persiste la práctica ausencia de lluvias. Si éstas llegan, aunque deberían hacerlo en cantidades suficientes, el panorama cambiará.
Cuando los pantanos estén al 20%
Los responsables de Medio Ambiente han hecho sus previsiones teniendo en cuenta un escenario de sequía y esperan que las primeras situaciones de emergencia, teniendo en cuenta las actuales disponibilidades hídricas por cuencas, se darán en octubre en la del Llobregat, que comprende la red Aguas del Ter-Llobregat (con 113 municipios, entre ellos la ciudad de Barcelona y una parte del área metropolitana) y la red Aguas de Manresa (con catorce localidades).
La Generalitat activará las medidas cuando los pantanos se encuentren al 20 por ciento de su capacidad. En la actualidad, los que están más cerca de ese límite son los del Llobregat. Los citados embalses de La Baells, Sant Ponç y La Llosa del Cavall albergan 52,74 hectómetros cúbicos de agua, con lo que se encuentran al 24,67 por ciento de su capacidad. La emergencia se activará cuando estén en 42 hectómetros.
En cuanto a la cuenca del Ter, los pantanos de Sau y Susqueda están al 32,72 por ciento de su capacidad, con 130,32 hectómetros cúbicos. La fase de emergencia entrará cuando las reservas sean de 80 hectómetros. Debido a este desequilibrio entre las cuencas del Ter y Llobregat, el decreto comporta la separación de ambas en lo referente a la gestión.
El conseller Milà y el director de la Agencia Catalana del Agua no precisaron cómo se llevarán a la práctica las restricciones domésticas, porque serán los ayuntamientos y las empresas suministradoras «los que deberán gestionar la precariedad» según sus necesidades. Sin embargo, Jaume Solà indicó que lo previsible es que las restricciones se traduzcan «en una mezcla de cortes de suministro de agua en determinadas franjas horarias y de una disminución de la presión».
La Generalitat asignará a todos los municipios que integran el sistema regulado la misma cantidad de agua por habitante. Ésta será de 230 litros al día por persona cuando las reservas de los pantanos estén al 20 por ciento; de 210 litros cuando estén al 15 por ciento; 180 si se encuentran al diez por ciento, y 160 cuando estén al cinco por ciento, una situación esta última en la que el conseller Milà espera no encontrarse.
De cualquier forma, todas las cantidades superan el consumo medio por persona y día, que está en 130 litros. Ésa será el agua que se aportará a los depósitos de cabecera de los municipios. Cada ayuntamiento gestionará después los recursos en función de las especificidades de su red de distribución, de la población y de las necesidades y prioridades de sus diferentes usos. Los consistorios tienen que elaborar su propio plan de contingencia con la manera en que se aplicará el decreto. Según el conseller, el texto da a los municipios instrumentos jurídicos y administrativos para una mejor gestión de los recursos.
Posteriormente, las cantidades podrían adaptarse si, por ejemplo, hay poblaciones con gran número de industrias. Salvador Milà manifestó que los caudales asignados son suficientes para el consumo doméstico y pueden llegar también para otros usos, si se utilizan de manera correcta. «No faltará agua si sabemos hacer un uso racional», manifestó Salvador Milà, quien apeló una vez más a la conciencia ciudadana para ahorrar.
Revisión al alza
Sobre esta situación de penuria hídrica planea la posibilidad de una subida del agua. Así lo han manifestado en los últimos días el propio conseller y el director de la ACA. Sin embargo, ambos fueron ayer cautos en este punto. Milà informó de que el decreto de emergencia no contempla una subida generalizada, pero sí autoriza a los ayuntamientos y compañías suministradoras para que revisen al alza las tarifas -«que no el canon, dijo Milà»-, si han tenido que hacer inversiones concretas en infraestructuras con el fin de garantizar el abastecimiento de agua.
Además de estas medidas de emergencia, la Generalitat prevé realizar trabajos con carácter de urgencia, como construcción de nuevas infraestructuras de abastecimiento u obras de mejora en la conectividad de las redes. Algunas son obras alternativas al Plan Hidrológico Nacional. El conseller de Medio Ambiente informó de que la Generalitat pedirá fondos a la Unión Europea para adelantar la construcción de algunas de estas infraestructuras hidráulicas.