El debate abierto entre regantes y agricultores de la Comunidad Valenciana, en relación con el punto de toma desde donde sería idóneo transferir el agua sobrante del Júcar hacia el Vinalopó, y que se está ampliando a un análisis global de la situación hídrica valenciana desde la óptica del sector agrario, ha roto con la artificial y demagógica guerra del agua que el Consell ha venido promoviendo, abriendo un nuevo escenario en el que los argumentos se imponen a las consignas y el diálogo pretende sustituir a la confrontación. Los agricultores han asumido el protagonismo que les corresponde y se han implicado activamente en el diseño de la política del agua y la planificación hidrológica que les afecta. El proceso en el que están inmersos no está exento de dificultades, como es lógico cuando se trata de acercar posturas inicialmente enfrentadas. La posibilidad de que se acabe fraguando un consenso que ayudaría a alcanzar la Paz del Agua que tanto reclama y necesita la sociedad valenciana, merece que les apoyemos en su labor.
Desde el PSPV estamos escuchando con gran interés los argumentos que unos y otros plantean. Sin embargo, tanto el Consell como los dirigentes del PP valenciano se empeñan en deslegitimar este debate y confundir a la opinión pública manifestando que los socialistas hemos roto el consenso que concitó, en su día, el trasvase Júcar-Vinalopó, reabriendo un problema que ya estaba en vías de solución. Su objetivo no es otro que convertir una situación que les desborda en una mera confrontación entre partidos. Con ello no solo desprecian el derecho de los afectados a opinar, sino que pretenden ocultar que son directamente responsables de la situación que se ha creado. Porque el punto de toma no es el problema del trasvase, sino que el cambio de toma se plantea como una forma de subsanar la falta de agua sobrante en el Júcar.
Como saben muy bien todos los implicados, la modernización de los regadíos del Júcar era lo que debía proporcionar los sobrantes para el Vinalopó. La Generalitat Valenciana se comprometió a realizar esa modernización, pero su desidia ha provocado la escasez que ahora se intenta paliar. El PP y quienes le apoyan de forma incondicional, como el presidente de la Junta de usuarios del Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, exigen que se ejecute el proyecto tal como fue diseñado, lo que no solo afecta al trazado sino también a la transferencia de 80 hectómetros cúbicos. No quieren reconocer que, cuando el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió la subvención para construir el trasvase, ya advirtió de que, de los datos que le había proporcionado el Gobierno español, se infería que solo sería posible trasvasar un máximo de 50 hectómetros cúbicos. Y eso que se les transmitió una información deliberadamente sesgada. En un artículo publicado en EL PAÍS, Andrés Martínez intentaba minimizar el hecho de que, en los estudios realizados para el trasvase, los análisis de caudales llegaban hasta 2001 pero los de excedentes acababan en 1985. Lo que no decía es que en ese periodo se constata el gradual descenso de caudal en el río y la permanente inexistencia de excedentes. Estos datos fueron ocultados a los regantes cuando se les pidió su apoyo al proyecto y también al BEI cuando se solicitó la subvención. Un hecho que no puede ser banalizado, ya que estamos ante una obra proyectada para el futuro, que no puede basarse en pautas hidrológicas de un pasado remoto. Los últimos 25 años no son una excepción, sino que manifiestan el cambio climático que se está instalando en todo el mundo y que en nuestro territorio implica una disminución global de precipitaciones y una gradual elevación de la temperatura media.
Ante esa realidad, que ya es indiscutible, no cabe cerrar los ojos, sino adoptar medidas. Liberar agua a través del ahorro resultante de la modernización de los regadíos era una de ellas, pero la Generalitat Valenciana ha preferido no hacerlo. En este escenario, no resulta descabellado, sino todo lo contrario, evaluar la situación desde la verdad que ahora conocemos.
Comprendo a aquéllos que, de buena fe, intentan compensar con su firmeza lo que pueden interpretar como una indecisión o falta de voluntad del Gobierno en ejecutar el trasvase. Es lógico que les preocupe que pueda ser verdad lo que afirma el PP de que cualquier modificación del trazado oculta la intención de derogarlo. Andrés Martínez también ayudaba a sembrar esa duda en su artículo. Incluso, para hacer más reprobable la posibilidad de reconsiderar el trazado, llegaba a atribuir al proyecto un exagerado nivel de ejecución, cercano al 50%, cuando la realidad es que está en el entorno del 40%. No contento con eso, tres párrafos más adelante afirmaba que el trasvase ya se ha ejecutado en más de un 50%. Si la longitud del artículo hubiera sido mayor, seguramente nos hubiéramos encontrado con que la infraestructura ya estaba terminada. Pero, al margen de posturas tan tendenciosas como ésta, la realidad es que la conducción Júcar-Vinalopó es, ahora más que nunca, un proyecto incuestionable. Y lo es porque los regantes del Júcar, a pesar de la inexistencia de sobrantes, no se oponen al trasvase, sino que sólo plantean que la conducción se inicie en un lugar del que creen se podría extraer más agua sin afectar a su cuenca. En consecuencia, la solidaridad que sustentó este trasvase continúa intacta y, en cuanto a la intención del Gobierno de realizarlo, la propia ministra lo ha reiterado en diversas ocasiones.
Por nuestra parte, los socialistas valencianos consideramos que esta infraestructura es irrenunciable, pero también queremos que sea eficaz, que sirva para llevar a Alicante el agua que necesita. Y el proyecto actual presenta importantes sombras que es necesario aclarar para garantizar que la obra cumpla la función para la que fue diseñada. Entiendo que pueda resultar desconcertante para muchos ciudadanos que sea ahora, con las obras ya en marcha, cuando se planteen cuestiones que debieron estar resueltas hace tiempo. Pero de eso sólo el PP, que ocultó datos antes e incumplió sus compromisos después, es el responsable.
Si, finalmente, se decidiera tomar el agua en el Azud de la Marquesa es cierto que ésta, con la calidad actual, debería destinarse únicamente a uso agrario. Sin embargo, esto desvincularía a los agricultores del Vinalopó de su actual subordinación respecto del uso urbano, ya que el convenio actual de los usuarios del Júcar-Vinalopó concede a los regadíos únicamente lo que sobre de los sobrantes que se transfieran, un volumen de agua infinitamente menor del que podrían disponer con una infraestructura para su uso exclusivo. En consecuencia, entiendo que lo realmente importante para los agricultores del Vinalopó es que puedan asumir el precio final del agua. Esa es la cuestión que los socialistas valencianos hemos trasladado al Gobierno, que comprende nuestra exigencia y ha mostrado su disposición a encontrar una solución adecuada. En cuanto al abastecimiento urbano, que no podría ser cubierto por el trasvase desde el Azud de la Marquesa, el suministro de los municipios de la costa puede garantizarse a través de la desalación, método al que no afecta la climatología y que ofrece una alta calidad de agua. De esta forma, al sustituir los acuíferos del Vinalopó, de los que ahora se suministra la costa, por el agua desalada, aquéllos dejarán de estar sobreexplotados y podrán cubrir las necesidades de los municipios del interior.
En consecuencia, cualquiera que sea el trazado que finalmente se decida, por lo que todos deberíamos insistir es en que la Comunidad Valenciana debe tener el mejor trasvase Júcar-Vinalopó posible, que será aquél que concite el máximo consenso y contribuya, de la forma más eficaz, a solucionar definitivamente el déficit hídrico de la provincia de Alicante. Desde la verdad y para el futuro.