La Junta Central de Usuarios demanda a Aguas del Júcar por paralizar las obras del trasvase
Jue, 25/08/2005
Solicitan la nulidad del acuerdo de suspensión de los tramos 2, 3 y 4 por entender que la sociedad estatal «invade competencias del Estado» Las conducciones sólo se pueden ejecutar durante cinco meses al año y los regantes entienden que de esa forma pueden retrasarse hasta el 2011 J. V. PÉREZ PARDO/ALICANTE APOYO. El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Fernández Valenzuela, delante de un tríptico de propaganda, ayer. / U. A. LOS ARGUMENTOS Invasión de competencias: Aguas del Júcar se atribuye funciones que sólo le corresponden al Ministerio de Economía.
Contra sus principios: vulneran sus estatutos, ya que la sociedad se creó para la realización «sin demora» de las obras hidráulicas.
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó continúa cumpliendo los plazos en la campaña de movilizaciones contra el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó. Ayer mismo, representantes de este organismo presentaban en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia una demanda contra la sociedad estatal Aguas del Júcar contra los acuerdos de supresión temporal de los tramos 2, 3 y 4 del trasvase.
Aguas del Júcar tomó esta decisión en su último consejo de administración, celebrado el pasado 29 de julio. De los doce miembros que componen el consejo de administración, sólo votaron en contra de esta decisión el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y el presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez.
En esta demanda, la Junta Central de Usuarios solicita la nulidad de los acuerdos por entender que Aguas del Júcar ha «invadido competencias propias del Estado», puesto que, entienden los regantes, «corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda el control de la ejecución del convenio y de su explotación económica».
Afirman los usuarios que la Aguas del Júcar «no tiene atribuidas ninguna actividad que implique el ejercicio de autoridad y la policía y ordenación de recursos hidráulicos».
Según explican, los informes que Medio Ambiente está estudiando se presentaron el pasado 28 de julio, un día antes de la reunión del consejo de administración. En este encuentro, el director general del Agua, Jaime Palop, sacó a votación esta paralización basándose en criterios de «interés general».
Sin embargo, enuncian los futuros usuarios de la infraestructura, «ya fueron objeto de estudio y valoración más de diez alternativas distintas antes de tomarse la decisión del trazado actual». Además de paralizar la obra para estudiar «un simple anteproyecto», Aguas del Júcar iría en contra de sus propios estatutos, que son «la urgencia, sin demora, en la realización de obras hidráulicas» en esta cuenca.
Son, por tanto, «razones de respeto a la legalidad y de defensa del interés general las que exigen la continuación de la obras», expone la Junta Central en la demanda presentada ayer.
En su escrito, los regantes quieren hacer hincapié en las consecuencias que se derivan del acuerdo tomado por los nueve consejeros que votaron a favor de parar las obras. Consecuencias tanto temporales como económicas.
Por motivos de impacto ambiental, la ejecución de los tramos 2, 3 y 4 tan sólo se puede realizar durante cinco meses al año. Precisamente, la suspensión durante dos meses va a provocar, según los usuarios del Vinalopó, un retraso de tres años «en un escenario optimista» en la finalización de la conducción hasta Cortes. Es decir, no terminarían, como mínimo, hasta el año 2011.
Por este retraso, los contratistas, usuarios y demás perjudicados podrían demandar a Patrimonio del Estado indemnizaciones que los regantes calculan en 143 millones de euros «que provocarían la quiebra técnica» de Aguas del Júcar.
Ante la interposición de esta demanda, Aguas del Júcar respondió con tranquilidad, afirmando que la decisión de suspender cautelarmente las obras del trasvase, acordada con los votos a favor de nueve de los doce miembros del Consejo de Administración, estaba «avalada por un informe jurídico de más de 25 folios suscrito por el asesor jurídico del Consejo y por el de Aguas del Júcar».
El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, acusó al PP de «instrumentalizar a los usuarios del Vinalopó», de quienes dijo que «no respetan la tregua que solicitaron».
Ésta no será la única demanda. La Junta Central prepara otra contra el Medio Ambiente por presunta prevaricación al otorgar los informes contrarios al trazado.
Contra sus principios: vulneran sus estatutos, ya que la sociedad se creó para la realización «sin demora» de las obras hidráulicas.
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó continúa cumpliendo los plazos en la campaña de movilizaciones contra el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó. Ayer mismo, representantes de este organismo presentaban en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia una demanda contra la sociedad estatal Aguas del Júcar contra los acuerdos de supresión temporal de los tramos 2, 3 y 4 del trasvase.
Aguas del Júcar tomó esta decisión en su último consejo de administración, celebrado el pasado 29 de julio. De los doce miembros que componen el consejo de administración, sólo votaron en contra de esta decisión el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y el presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez.
En esta demanda, la Junta Central de Usuarios solicita la nulidad de los acuerdos por entender que Aguas del Júcar ha «invadido competencias propias del Estado», puesto que, entienden los regantes, «corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda el control de la ejecución del convenio y de su explotación económica».
Afirman los usuarios que la Aguas del Júcar «no tiene atribuidas ninguna actividad que implique el ejercicio de autoridad y la policía y ordenación de recursos hidráulicos».
Según explican, los informes que Medio Ambiente está estudiando se presentaron el pasado 28 de julio, un día antes de la reunión del consejo de administración. En este encuentro, el director general del Agua, Jaime Palop, sacó a votación esta paralización basándose en criterios de «interés general».
Sin embargo, enuncian los futuros usuarios de la infraestructura, «ya fueron objeto de estudio y valoración más de diez alternativas distintas antes de tomarse la decisión del trazado actual». Además de paralizar la obra para estudiar «un simple anteproyecto», Aguas del Júcar iría en contra de sus propios estatutos, que son «la urgencia, sin demora, en la realización de obras hidráulicas» en esta cuenca.
Son, por tanto, «razones de respeto a la legalidad y de defensa del interés general las que exigen la continuación de la obras», expone la Junta Central en la demanda presentada ayer.
En su escrito, los regantes quieren hacer hincapié en las consecuencias que se derivan del acuerdo tomado por los nueve consejeros que votaron a favor de parar las obras. Consecuencias tanto temporales como económicas.
Por motivos de impacto ambiental, la ejecución de los tramos 2, 3 y 4 tan sólo se puede realizar durante cinco meses al año. Precisamente, la suspensión durante dos meses va a provocar, según los usuarios del Vinalopó, un retraso de tres años «en un escenario optimista» en la finalización de la conducción hasta Cortes. Es decir, no terminarían, como mínimo, hasta el año 2011.
Por este retraso, los contratistas, usuarios y demás perjudicados podrían demandar a Patrimonio del Estado indemnizaciones que los regantes calculan en 143 millones de euros «que provocarían la quiebra técnica» de Aguas del Júcar.
Ante la interposición de esta demanda, Aguas del Júcar respondió con tranquilidad, afirmando que la decisión de suspender cautelarmente las obras del trasvase, acordada con los votos a favor de nueve de los doce miembros del Consejo de Administración, estaba «avalada por un informe jurídico de más de 25 folios suscrito por el asesor jurídico del Consejo y por el de Aguas del Júcar».
El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, acusó al PP de «instrumentalizar a los usuarios del Vinalopó», de quienes dijo que «no respetan la tregua que solicitaron».
Ésta no será la única demanda. La Junta Central prepara otra contra el Medio Ambiente por presunta prevaricación al otorgar los informes contrarios al trazado.