La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha abierto en el último mes 14 nuevos expedientes sancionadores contra otras tantas comunidades de regantes de Jaén por riego no autorizado a través de pozos subterráneos. La mayor parte de las denuncias afecta a los olivareros que explotan desde hace más de 15 años el acuífero de la comarca de La Loma, que abarca 14 municipios donde unos 10.000 agricultores cultivan alrededor de 25.000 hectáreas de olivar. Los afectados consideran 'inquisitoriales' las multas, que oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros.
Los responsables de las comunidades afectadas se reunieron ayer en Villacarrillo (Jaén) para pedir la mediación de la delegación provincial de Agricultura de la Junta y de la Subdelegación del Gobierno ante la Confederación Hidrográfica con el objetivo de lograr la paralización de los expedientes sancionadores. Hasta ahora, han recibido el apoyo de buena parte de los Ayuntamientos de los municipios afectados, que defienden la utilización de pozos subterráneos por los olivareros como medio alternativo para garantizar sus producciones en una época de sequía como la actual.
La Confederación, por su parte, esgrime en los expedientes que se ha causado un daño al dominio público hidráulico y que no se han autorizado los sondeos. Hasta el pasado mes de julio, la CHG había abierto 31 expedientes por pozos ilegales para riego (el pasado año se incoaron 58), tras las denuncias del Seprona, de la guardería fluvial de la Confederación y de particulares. A esos expedientes se unen ahora estos 14, localizados en su mayor parte en la comarca de Loma y que califican las infracciones como graves (con sanciones previstas de entre 6.000 y 30.000 euros) y muy graves (oscilan entre 30.000 y 300.000 euros).
La utilización de pozos subterráneos para optimizar las explotaciones agrarias empezó a proliferar en Jaén durante la sequía de los primeros años de los noventa. Los regantes estiman que, desde entonces, han realizado inversiones de unos 180 millones de euros en la transformación en regadío de sus olivares. 'Fue la única salida a la crisis económica que amenazaba con una nueva emigración masiva en muchas comarcas', señaló Cristóbal Gallego, coordinador de la comunidad de regantes de La Loma, que calcula en unos 36 euros por olivo la inversión media realizada por cada agricultor.
Los olivareros de La Loma han llegado a realizar perforaciones superiores a los 1.200 metros en busca de agua. La voz de alarma le ha llegado a la Confederación Hidrográfica tras el estudio realizado por técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que apuntaba que los regantes sacan actualmente unos 35 hectómetros cúbicos del acuífero, mucho más de lo que le entra por las filtraciones del río Guadalimar. A este ritmo, el acuífero no duraría ni 20 años.
Lentitud administrativa
Como alternativas, los olivareros reclaman a la CHG la resolución inmediata de las 250 solicitudes de concesión administrativa de riego que tienen cursada desde hace años. 'El principal problema es la lentitud de la Administración, y el agravio que tenemos respecto a los regantes con aguas superficiales', explicó Cristóbal Gallego, que admite que en determinadas zonas los pozos han sufrido bajadas del nivel de agua que les dificulta la extracción de los volúmenes de agua necesarios. 'En muchos casos, el riego a través de pozos subterráneos resulta insuficiente, y más en un año donde se prevé una reducción de la cosecha de un 60%', indicó.
Otra de las propuestas que realizan para evitar la sobreexplotación del acuífero es que se autorice la captación de agua en el río, con la consiguiente construcción de balsas de almacenamiento, así como la posibilidad de recargar el acuífero, en los casos de déficit de recursos subterráneos, con aprovechamientos de aguas superficiales no reguladas. Los regantes lamentan que anualmente 'se vierten al Atlántico muchos miles de hectómetros cúbicos de agua por falta de regulación', por lo que defienden la construcción de grandes balsas de almacenamiento de aguas invernales.