La puesta en marcha de la siempre polémica desaladora de Marbella hace un par de semanas –construida por el GIL en sus tiempos álgidos y, después de muchos años de inactividad, pagada por las administraciones regional y central– ha desatado un nuevo capítulo en las tradicionales desavenencias entre los 11 municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.
Los Ayuntamientos de Marbella y Benalmádena han mostrado su disposición a abandonar la Mancomunidad, mientras que Torremolinos y Fuengirola, gobernados por el Partido Popular, mantienen un silencio no desprovisto de hostilidad hacia este organismo supramunicipal.
¿La razón? Los 13 céntimos adicionales por metro cúbico que deberán pagar por el agua en alta que compren a Acosol, la empresa suministradora de la Mancomunidad, en concepto de recargo de desalación, así como otros 0,02 céntimos que abonarán por mantenimiento y conservación de la planta desaladora.
Los ayuntamientos compran el agua en alta a Acosol y después la redistribuyen a sus vecinos. En Benalmádena se entiende que los costes de desalación implicarán un aumento de los recibos que paguen los consumidores de hasta el 60 por ciento, incremento que, sin embargo, en Marbella se reduce hasta aproximadamente el 20 por ciento.
El gerente de Acosol, Juan Cañete, rechaza estos criterios con el argumento de que el agua que se consume en la Costa del Sol sólo procede parcialmente de esta empresa. Un ejemplo: Torremolinos apenas si compra porque dispone de pozos propios para el suministro.
Benalmádena únicamente adquiere el 20 por ciento de su consumo total y Marbella se sitúa en torno al 50 por ciento. La única excepción es Fuengirola que sí necesita que Acosol le suministre el 90 por ciento del caudal que consume. ¿Entonces, por qué tiene que subir el recibo un 20 ó un 60 por ciento? , se cuestiona Cañete.
Pero, además, Benalmádena y Marbella son especialmente críticos con lo que consideran una competencia desleal de Acosol, definición en la que coinciden tanto la teniente de alcalde marbellí Isabel García Marcos como el concejal de Medio Ambiente de Benalmádena, Enrique Moya. Acosol distribuye agua directamente a 28.000 casas de la Costa del Sol. Y acaba de aplicar una importante reducción en sus tarifas. Ahora habrá vecinos que paguen el agua muchísimo más barata que en la casa de al lado, que se la proporciona el Ayuntamiento , dice este edil.
Cañete, sin embargo, sostiene que este recorte de la tasa obedece a una modulación de las tarifas en función del consumo, porque el objetivo es que pague más quien más agua utiliza . Además, al tratarse de una tasa no se puede cobrar más de lo que supone el coste del servicio .
Bajo el conflicto por el precio del agua en la Mancomunidad de la Costa del Sol resurge el recelo político entre los partidos. Las nuevas tarifas han sido apoyadas fundamentalmente por los municipios del PSOE e Izquierda Unida, que gobiernan esta institución, con el voto en contra del PP y el Grupo Independiente de Benalmádena, que preside Enrique Bolín.
Desde los municipios disidentes se sostiene que las nuevas tarifas han sido impuestas por los alcaldes de unos municipios que apenas si contienen el 30 por ciento de la población de la Costa del Sol. Unos pocos imponen su criterio a la mayoría , se queja García Marcos.
En el mismo sentido, Enrique Moya cuestiona el sistema de representatividad de la Mancomunidad de la Costa del Sol que, entiende, debería responder a fórmulas proporcionales a la población de cada pueblo.
Por el momento tanto Marbella como Benalmádena han dejado clara su intención de impugnar las nuevas tarifas impuestas por Acosol, aunque lo cierto es que, hasta ahora, sólo se tiene constancia de que hayan presentado recursos contencioso-administrativos las empresas concesionarias del servicio de suministro de estos municipios, o sea, Aquagest y Emabesa.
Una de las interpretaciones que se dan a la crisis política surgida en la Mancomunidad pasa porque los municipios independientes, en realidad, defienden, los intereses de sus empresas concesionarias del suministro de agua potable que sí podrían estar preocupadas por un previsible recorte de sus márgenes de beneficios si se ven empujadas a cobrar tarifas inferiores arrastradas por el recorte y modulación de precios que aplica Acosol a sus clientes particulares.
Los gobiernos de Enrique Bolín y Marisol Yagüe acusan a la empresa Acosol de hacer competencia desleal en el suministro