El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, afirmó hoy que la Generalitat Valenciana está dispuesta a asumir el coste de las obras de los tramos 2, 3 y 4 del trasvase Júcar-Vinalopó, suspendidas por el Ministerio de Medio Ambiente, para que "no se pare" y "después negociemos lo que tengamos que negociar".
García Antón indicó hoy, en una rueda de prensa en Alicante en la que explicó las actuaciones de la Generalitat en relación con el trasvase del Júcar-Vinalopó, que desde el Consell "tiramos hacia adelante" y que están "dispuestos a responsabilizarse económicamente" del coste de las obras de los tramos paralizados por Medio Ambiente.
El coste de estas obras, según precisó, sería "del orden de los 120 ó 130 millones de euros", una cantidad que el Gobierno valenciano estaría dispuesto a invertir "de forma inmediata" para que "no se pare el trasvase Júcar-Vinalopó, que no se pare nada". Después, dijo, negociarán "lo que tengamos que negociar".
Además de esta oferta, García Antón resaltó que la Generalitat Valenciana "apoyará las peticiones de los regantes del Vinalopó", así como las acciones de protesta que éstos decidan. No obstante, matizó que "aunque el Ejecutivo valenciano no va a promover las manifestaciones, estará con los regantes".
Del mismo modo, solicitarán al Gobierno central dos reuniones, una con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y otra bilateral entre el Gobierno valenciano y el central porque "no entendemos que se lancen mensajes y se digan cosas" sin que el Consell tenga "opción de decir absolutamente nada" y que se "tomen decisiones al margen del Gobierno valenciano".
En esta línea, el conseller argumentó la postura de la Generalitat en que "no hay cambio de criterio" en este asunto desde que se alcanzó "el consenso con todas las partes" para sacar adelante el proyecto de transferencia entre cuencas y en que están "al lado de los usuarios y en este caso concreto muy al lado de los usuarios del Vinalopó, que son los que van a salir perjudicados".
"CONSENSO"
Así, el conseller realizó un repaso por los pasos realizados hasta llegar a un acuerdo que permitiera la ejecución del proyecto. En este sentido, resaltó el grado de "consenso" entre todas las partes, incluso con aquellos que ahora muestran su disconformidad con el trazado y se adhieren a la nueva propuesta.
De este modo, García Antón señaló que el actual trazado es de 64 kilómetros y que todos sus tramos están adjudicados y algunos de ellos, como la toma de agua, el 5 y el 6, que tienen un grado de ejecución de más del 80 por ciento, y el 7, que es el embalse regulador de Villena (Alicante) está "muy avanzado".
El resto, según añadió, son los tramos que ahora el Gobierno valenciano está dispuesto a asumir y en los que después de "más de un año y medio" desde su adjudicación "no se ha movido ni una piedra" porque "siempre ha habido excusas" para no iniciar las obras. La última, a su modo de ver, "es la suspensión temporal porque piensan que debe ocurrir algo".
Desde su punto de vista, esto responde a la intención de no ejecutarlos y de proponer un trazado alternativo que "no es viable" en ningún aspecto, que tiene una extensión de al menos 75 kilómetros y un coste estimado de 350 millones de euros, cifra que elevó hasta "más de 400 millones de euros", ya que cuestionó la "memoria de valoración muy poco detallada" que ha realizado el ministerio.
Además, aseguró que se "rompe el equilibrio económico", el coste de mantenimiento y explotación "se duplica", por lo que los regantes "no pueden hacer frente" a estos gastos. También surgen "inconvenientes medioambientales", según explicó, porque la zona que atraviesa es "más delicada".
De esta manera, auguró que con todos los trámites el trazado alternativo es "totalmente inviable" porque las obras se extenderían "más allá de 2009", con la consiguiente "pérdida de los fondos europeos" cifrados en 80 millones de euros.
"BRECHAS TERRITORIALES"
Para el conseller lo que está ocurriendo con este trasvase es "la misma estrategia" que con el del Ebro", que constituye "un ejemplo bastante elocuente de lo que va a pasar" con el Júcar Vinalopó, creando "brechas territoriales importantes".
A su juicio, "van hacia una política de tierra quemada" y que el "próximo paso" es que los regantes del Vinalopó no quieran ceder el agua de sus acuíferos para abastecimiento urbano de Elx (Alicante) o Alicante ciudad.
García Antón opinó que este tipo de actuaciones conducen a "una dinámica perversa e insolidaria", al tiempo que resaltó que "si en otro tipo de recursos se aplicara la misma política que con el agua sería imposible un concepto de comunidad".
A este respecto, consideró que "no pueden permitir, ni Narbona, ni ERC, ni 'Xùquer viu', que se haga este proyecto emblemático" y reconocido por la Unión Europea como "ejemplar para otras zonas de España" porque, según dijo, "tienen que cargárselo y cargarse así la política hidráulica anterior".
Finalmente, criticó a los socialistas valencianos y en especial a los del Vinalopó, a los que acusó de ponerse "al lado o debajo de Pla", así como a regantes del Júcar que antes "estaban de acuerdo" y no ponían "ningún inconveniente" al trazado y que ahora han cambiado de parecer, pese a que el agua para ellos ha sido "la garantía prioritaria del proyecto".