El PSOE ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas al Gobierno murciano por malversación de fondos públicos, violación de la Constitución Española y de la ley autonómica de Hacienda por la campaña publicitaria que éste pagó en siete diarios regionales contra la derogación del trasvase del Ebro y el plan AGUA.
El secretario de Organización del PSOE murciano, Francisco Oñate, detalló en rueda de prensa que la campaña, cuyo coste valoró en al menos 60.000 euros, será recurrida también ante la justicia ordinaria, tras lo que la calificó de "propaganda partidista al servicio de intereses electoralistas del PP de Murcia".
Los títulos de los dos anuncios publicados por la secretaría general de la Presidencia murciana doce meses después de la llegada a Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero eran "Un año de humo, no de agua" y "Se han llevado la ropa. Nos dejan los complementos".
El texto del primero de ellos decía, entre otras cosas, que el Gobierno central derogó el trasvase del Ebro "con la fuerza de la razón. Por decreto", lo que, según Oñate, es "extremadamente grave" porque atenta incluso contra la democracia que permitió su aprobación en el Congreso y su promulgación y sanción por el Rey.
El segundo anuncio, publicado también a mediados del pasado junio, insistía en la tesis de que "con la derogación del trasvase han dejado a Murcia sólo con las medidas complementarias de las plantas desalinizadoras, claramente insuficientes para vestir adecuadamente los endémicos problemas de agua de la Región, a la que le han negado el futuro con la razón de la fuerza".
En opinión de Oñate, la campaña vulnera los artículos constitucionales 103.1, que dice que "la administración pública sirve con objetividad los intereses generales", y 133.4, que señala que "las administraciones públicas sólo podrán realizar gastos de acuerdo con las leyes", cuando fue un decreto ley el que derogó el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional.
Además, va contra el artículo 149.1, que establece que cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos son competencia exclusiva del Estado, "por lo que el objeto de la campaña es una materia que no puede gestionar el Gobierno murciano".
Por ello, pidió que sea el propio PP murciano y o el secretario general de la Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo, quienes devuelvan ese dinero a las arcas de la Hacienda regional.