La ley obliga a Emproacsa a realizar seis análisis exhaustivos al año para detectar contaminación en el Iznájar
Vie, 15/07/2005
Un control de la empresa lucentina Aquagest fue la que levantó la alarma el pasado 4 de julio para que la Delegación impusiera la prohibición de beber el día 12
De acuerdo con la normativa en vigor, a la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) le corresponde realizar no sólo controles mínimos o normales diarios de las aguas del pantano de Iznájar, sino también una serie de análisis más completos para detectar contaminaciones como la del herbicida terbutilazina que los anteriores no descubren.
Esa normativa sobre controles técnico-sanitarios para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público es el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que para el caso del pantano cordobés, que afecta a una población de más de 160.000 habitantes, requiere, según el artículo 23.6, un número de seis tomas completas como mínimo al año, con una periodicidad recomendada de cada dos meses.
En opinión del coordinador de Ecologistas en Acción de la zona de la Subbética, José Rodríguez Sillero, «si han cumplido la norma, y ya que estamos a mitad de año, deberían tener hechos tres análisis completos».
Afinando un poco más, el artículo 25 del citado Real Decreto especifica que «corresponde a las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables la ejecución material de los análisis y controles y la adopción de medidas oportunas para que los resultados sean de público conocimiento», mientras que la Administración sanitaria tendrá un papel de vigilancia y control de las empresas proveedoras.
Los ecologistas, en este punto, han considerado que los análisis completos se tienen que llevar a cabo en origen, es decir en el pantano, «puesto que abastece a todas esas personas», y la gestión de esa gran balsa de agua está en manos de Emproacsa.
En este sentido, en abril pasado tenía que haberse realizado el segundo de esos controles, prácticamente coincidiendo con las mismas fechas en que los análisis realizados el 9 y el 29 de marzo por el Ayuntamiento de Almodóvar detectaban niveles de contaminación por herbicida en sus aguas de 0,15 y 0,16 microgramos por litro, respectivamente.
Silencio de Emproacsa
Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con algún responsable de la empresa pública, dependiente de la Diputación, para conocer si efectivamente esos análisis se habían realizado en tiempo y forma.
Entre tanto, ayer mismo, el concejal de Urbanismo lucentino, Juan Torres, desveló que el análisis realizado el pasado 4 de julio por la empresa Aquagest, concesionaria de la gestión del agua en Lucena, en los depósitos de la localidad fueron los que detectaron que los niveles superaban los límites permitidos por la ley.
Ese mismo día, la empresa local, tras confirmar que esos parámetros procedían del pantano de Iznájar y no del manantial de agua de Zambra, del que también se abastece, lo puso en conocimiento de la Consejería de Salud y también de Emproacsa. Una vez realizada la confirmación pertinente, la autoridad sanitaria anunció el pasado día 12 que el agua del embalse no era apta para el consumo.
En ese primer día, los niveles en los depósitos de agua de Lucena daban 0,20 microgramos por litro, mientras que en el depósito de la aldea de Las Navas del Selpillar era de 0,17, pero Torres aclaró que antes de esa fecha los análisis realizados por Aquagest no habían dado límites superiores respecto a lo que fija la legislación.
Respecto a las posibles causas que han podido disparar los niveles de contaminación por terbutilazina, Ecologistas en Acción lo achaca a la bajada del nivel de agua en el pantano de Iznájar, que ha provocado una mayor concentración del herbicida y al escaso control de la Junta sobre este tipo de herbicidas.
Las organizaciones agrarias, mientras, no descartan, como Asaja, que se haya podido producir alguna negligencia por parte de algún agricultor que haya dejado algún bote cerca de un arroyo y que haya terminado en el embalse, pero «eso se debe a que el plan de recogida de productos químicos, de la Consejería de Medio Ambiente, funciona sólo a medias». Para la UPA, habrá que investigar o que ocurrió, si bien todo apunta a que el bajo nivel del agua es el culpable.
De acuerdo con la normativa en vigor, a la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) le corresponde realizar no sólo controles mínimos o normales diarios de las aguas del pantano de Iznájar, sino también una serie de análisis más completos para detectar contaminaciones como la del herbicida terbutilazina que los anteriores no descubren.
Esa normativa sobre controles técnico-sanitarios para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público es el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que para el caso del pantano cordobés, que afecta a una población de más de 160.000 habitantes, requiere, según el artículo 23.6, un número de seis tomas completas como mínimo al año, con una periodicidad recomendada de cada dos meses.
En opinión del coordinador de Ecologistas en Acción de la zona de la Subbética, José Rodríguez Sillero, «si han cumplido la norma, y ya que estamos a mitad de año, deberían tener hechos tres análisis completos».
Afinando un poco más, el artículo 25 del citado Real Decreto especifica que «corresponde a las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas potables la ejecución material de los análisis y controles y la adopción de medidas oportunas para que los resultados sean de público conocimiento», mientras que la Administración sanitaria tendrá un papel de vigilancia y control de las empresas proveedoras.
Los ecologistas, en este punto, han considerado que los análisis completos se tienen que llevar a cabo en origen, es decir en el pantano, «puesto que abastece a todas esas personas», y la gestión de esa gran balsa de agua está en manos de Emproacsa.
En este sentido, en abril pasado tenía que haberse realizado el segundo de esos controles, prácticamente coincidiendo con las mismas fechas en que los análisis realizados el 9 y el 29 de marzo por el Ayuntamiento de Almodóvar detectaban niveles de contaminación por herbicida en sus aguas de 0,15 y 0,16 microgramos por litro, respectivamente.
Silencio de Emproacsa
Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con algún responsable de la empresa pública, dependiente de la Diputación, para conocer si efectivamente esos análisis se habían realizado en tiempo y forma.
Entre tanto, ayer mismo, el concejal de Urbanismo lucentino, Juan Torres, desveló que el análisis realizado el pasado 4 de julio por la empresa Aquagest, concesionaria de la gestión del agua en Lucena, en los depósitos de la localidad fueron los que detectaron que los niveles superaban los límites permitidos por la ley.
Ese mismo día, la empresa local, tras confirmar que esos parámetros procedían del pantano de Iznájar y no del manantial de agua de Zambra, del que también se abastece, lo puso en conocimiento de la Consejería de Salud y también de Emproacsa. Una vez realizada la confirmación pertinente, la autoridad sanitaria anunció el pasado día 12 que el agua del embalse no era apta para el consumo.
En ese primer día, los niveles en los depósitos de agua de Lucena daban 0,20 microgramos por litro, mientras que en el depósito de la aldea de Las Navas del Selpillar era de 0,17, pero Torres aclaró que antes de esa fecha los análisis realizados por Aquagest no habían dado límites superiores respecto a lo que fija la legislación.
Respecto a las posibles causas que han podido disparar los niveles de contaminación por terbutilazina, Ecologistas en Acción lo achaca a la bajada del nivel de agua en el pantano de Iznájar, que ha provocado una mayor concentración del herbicida y al escaso control de la Junta sobre este tipo de herbicidas.
Las organizaciones agrarias, mientras, no descartan, como Asaja, que se haya podido producir alguna negligencia por parte de algún agricultor que haya dejado algún bote cerca de un arroyo y que haya terminado en el embalse, pero «eso se debe a que el plan de recogida de productos químicos, de la Consejería de Medio Ambiente, funciona sólo a medias». Para la UPA, habrá que investigar o que ocurrió, si bien todo apunta a que el bajo nivel del agua es el culpable.