La guerra por el agua es una vieja contienda entre Portugal y España. En años de sequía, como el actual, se recrudece. Los acuerdos sobre la gestión de los ríos compartidos (Miño, Duero, Lima, Tajo y Guadiana) se ven insuficientes cuando la escasez asuela a los dos países. Sólo logran revivir antiguos recelos y conflictos. En Portugal la situación es muy grave: el 80% del territorio luso está en situación de 'sequía severa o extremada', según el Instituto de Meteorología.
Los embalses y los caudales de los ríos portugueses y españoles registran niveles de agua muy inferiores a la media de años anteriores. En Portugal, miles de animales han muerto por falta de pastos. Las pérdidas en agricultura ascienden ya a más de 1.000 millones de euros. En este contexto, es fácil comprender que saltaran las alarmas cuando España anunció la semana pasada el trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura.
La cantidad de agua que será transferida para el río Segura es superior a la que entró en el tramo portugués del Tajo en junio (76 hectómetros cúbicos) y a la media de los últimos tres meses. En lo que va del año hidrológico (de octubre a septiembre), han pasado para Portugal 2.487 hectómetros cúbicos. El Convenio de Albufeira, firmado en 1998 para definir las reglas de la gestión de las cuencas hidrográficas luso-españolas, establece un caudal anual mínimo de 2.700 hectómetros.
España afirma que cumplirá con el caudal mínimo del Tajo. 'Se prevé alcanzar los parámetros mínimos establecidos sin necesidad de desembalses extraordinarios', afirma el informe sobre la política de gestión de sequías que el 1 de julio elaboró el Ministerio de Medio Ambiente.
El trasvase al Segura, pese a ser 'pequeño' (según los acuerdos, España puede desviar del Tajo hasta 1.000 hectómetros anuales), asume grandes dimensiones en la actual sequía, según Francisco Ferreira, de la asociación ecologista Quercus, que lleva varios meses denunciando los bajos caudales de los ríos compartidos con España, pese a los datos del Gobierno español.
'El texto tiene buenos principios que no han sido desarrollados. Los gobiernos no hicieron sus deberes, como establecer caudales definitivos o intercambiar información de forma continua. Todo indica que el caudal mínimo del Tajo no será respetado, porque como este problema no fue planteado con suficiente antelación, ahora Portugal no podrá hacer nada hasta septiembre', añade.
A posteriori, Portugal podrá pedir un caudal superior de agua o compensaciones monetarias a España, pero durante los meses de sequía, cuando el único bien valioso es el agua, no le queda otro remedio que esperar. Varias asociaciones advierten de las consecuencias ecológicas, como la destrucción de ecosistemas en las cuencas hidrográficas y la menor calidad del agua. A éstas se suman los aumentos de gastos de electricidad, debido al bajo rendimiento de las centrales hidroeléctricas, cuya producción se redujo un 57% en el primer semestre de 2005, con relación al mismo periodo de 2004. Actualmente, el consumo eléctrico en Portugal depende en un 90% de las centrales térmicas, cuando en junio del año pasado la dependencia era de un 75%. Estos gastos pueden ser compensados reclamando dinero a España. Pero desde el punto de vista ecológico, ni el dinero ni el suministro tardío de agua podrán reparar los daños.
Los ecologistas piden que el convenio defina caudales ecológicos, no caudales anuales, porque son los primeros los que obligan a suministrar de forma constante un nivel mínimo de agua. 'España puede cerrar el grifo durante meses y abrirlo durante un mes, para cumplir el acuerdo, pero eso es catastrófico para nosotros. El Gobierno portugués no hizo bastante y ahora, en plena crisis, no se puede renegociar', dice Ferreira.
El Convenio de Albufeira pasó casi siete años fuera de la agenda política bilateral. Salió del cajón hace menos de un mes, cuando España invocó el régimen de excepción, por bajas precipitaciones, para no cumplir el caudal pactado para el río Duero. España invocó la cláusula de sequía del acuerdo, porque las precipitaciones en la cuenca del Duero sólo fueron el 63,3% y el convenio establece que España no está obligada a cumplir si las lluvias en la cuenca están por debajo del 65%.El Gobierno español afirma que el convenio se cumplirá en el Guadiana 'sin necesidad de desembalses' y que el umbral fijado para el Miño se superará este mes.
Hace pocas semanas, el embajador Antas de Campos, coordinador de la comisión encargada de aplicar el convenio en Portugal dijo que España no dejará de cumplir los acuerdos con Portugal pese al trasvase desde el Tajo. El Gobierno portugués, a través del ministro de ambiente, Francisco Nunes Correia, desdramatizó el problema y restó importancia al trasvase del Tajo, destacando que 'Portugal no tendrá menos agua'.