Desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de junio, 139 siniestros forestales tuvieron su origen en la quema de rastrojos y otros residuos agrícolas, lo que supone que estas prácticas lideran el escalafón de causas de los incendios, con el 22 por ciento. Ante estos alarmantes datos y para acabar con esta costumbre, la Consejería de Medio Ambiente firmó ayer, a través de la Empresa de Gestión Medioambiental, sendos acuerdos con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Agricultores y Ganaderos (COAG), a las que se unirá Asaja –crítica con la gestión forestal de la Junta– en los próximos días, según sostuvo la consejera Fuensanta Coves.
La Junta destinará 95.000 euros a estos convenios, con los que se pretende que las organizaciones agrarias formen a los propietarios en prácticas adecuadas para reducir el número de incendios, difundan la normativa vigente e incluso que organicen jornadas para informar de las ayudas que concede la Consejería y de las medidas de prevención de incendios. Además, UPA y COAG se comprometen a colaborar con los ayuntamientos en la constitución de las Agrupaciones de Defensa Forestal.
Para analizar la eficacia de los convenios, las organizaciones agrarias centrarán sus actividades en una comarca determinada, a elegir por su riesgo y frecuencia de incendios.
A pesar de las cifras, los secretarios generales de UPA y COAG, Agustín Rodríguez y Miguel López, respectivamente, defendieron ayer que la quema de rastrojos es una práctica casi olvidada porque ya existe tecnología para incorporar esa materia orgánica al suelo, lo que supone un aporte de nitrógeno al terreno.
No obstante, los representantes de los agricultores coincidieron con Coves en que la mayoría de las negligencias las cometen los propietarios de fincas, la mayoría con huertos, que de lunes a viernes viven en la ciudad y los fines de semana se trasladan al campo para trabajar su tierra.
Para Coves, la única forma de que el dispositivo de extinción sea más efectivo es disminuir el número de siniestros y, para ello, es fundamental la colaboración de todos . A su juicio, no se puede garantizar que en este difícil verano no se vaya a registrar otro incendio de las proporciones del de Riotinto (que arrasó más de 30.000 hectáreas) porque no se puede prever el comportamiento del fuego, las condiciones climatológicas ni la actuación de los pirómanos.
n. j.
n sevilla. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, adelantó ayer que el anteproyecto de ley que regulará la ampliación de la fiscalidad ecológica al ciclo integral del agua no se presentará hasta después del verano, fecha en la que iniciará el trámite parlamentario para su aprobación final.
Coves no quiso ayer detallar el contenido de este proyecto, si bien su intención es homologar el precio del agua en Andalucía al del resto de comunidades. No en vano, 13 de ellas ya tienen una tasa específica sobre el consumo de agua. Además, según la consejera, con el futuro texto normativa se le facilitará la labor a las mancomunidades, con dificultades para establecer los precios.
La titular de Medio Ambiente reiteró que el precio del agua en la comunidad andaluza es más bajo que la media española y europea, si bien matizó que hay zonas de Andalucía en la que el precio se aproxima a estas medias. En otras, en cambio, está muy por debajo e incluso hay muchos ayuntamientos donde aún ni se cobra el agua , denunció. Coves también subrayó que la Junta verá con muy buenos ojos que los consistorios aumenten el tercer tramo de la tarifa del recibo, esto es, la carga por el uso abusivo, por ejemplo, en piscinas o riego.
Un incendio afectó desde la tarde de ayer a una zona de matorral del paraje Cortijo La Olla, en el término municipal de Casares (Málaga), según informaron fuentes del Infoca, quienes precisaron que el fuego se declaró sobre las 17.50 de ayer y que, al cierre de esta edición, permanecía activo. Hasta el lugar se desplazaron 67 especialistas en extinción del Infoca, además de siete personas entre técnicos y agentes, con cinco helicópteros, cuatro vehículos autobomba y un avión de coordinación. Del Ministerio de Medio intervinieron un avión anfibio y un helicóptero.
infraestructuras
redacción
n málaga. La desaladora de Marbella (Málaga) comenzará a funcionar en un plazo de 15 días, después del acuerdo para la compra, gestión y puesta en marcha de esta instalación alcanzado ayer en una reunión entre la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas del Mediterráneo), la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.
Según indicó el director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Joan Corominas, en virtud de dicho acuerdo, Acuamed comprará la desaladora. Además, la financiación será conjunta, ya que el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta se comprometen a aportar en torno al 70 por ciento de la tasación de la misma, estimada en 40 millones de euros.
Del resto, y de su gestión, se hará cargo la Mancomunidad, que ya anunció un incremento de la factura –13 céntimos por metro cúbico– para introducir el agua de la desaladora en la red de suministro. La incorporación de los recursos de la desaladora supondrá unos 20 hectómetros cúbicos anuales, lo que permitirá hacer frente a las demandas de la Costa del Sol minimizando los riesgos de suministro.
efe
n málaga. El PA pedirá a la Consejería de Medio Ambiente la redacción de un informe con carácter urgente que incluya el número de campos de golf de la comunidad que no usen aguas depuradas, con vistas a una futura ley que regule su uso. Esta medida forma parte del plan integral del agua que los andalucistas demandan a la Administración autonómica, en el que también destaca la necesidad de invertir en depuradoras, dijo ayer la secretaria nacional de Medio Ambiente del PA, María José Lanzat.
"Únicamente existen dos depuradoras en toda la costa andaluza, de las cuales sólo una funciona al cien por cien , criticó Lanzat. Entre las propuestas del PA están el recrecimiento de la presa del embalse de la Concepción y la creación de una Mesa del Agua.