Un trasvase que Murcia tacha de «insolidario» y Castilla-La Mancha de «irresponsable»
Sáb, 02/07/2005
Lejos de satisfacer a nadie, el trasvase aprobado por el Gobierno desencadenó ayer las reacciones más airadas en las dos comunidades afectadas: la que deberá ceder el agua, Castilla-La Mancha, y la receptora, Murcia.
En Castilla-La Mancha, hasta minutos antes de conocerse la decisión del Consejo de Ministros, un negro presagio se cernía sobre los representantes de las organizaciones agrarias que participaban en Ciudad Real, junto a unas 30.000 personas, en una manifestación contra el cierre de los pozos ilegales y, de paso, contra el trasvase.
En la decisión colegiada del Consejo de Ministros había participado el ministro de Defensa, José Bono, durante 21 años presidente de Castilla-La Mancha. Este cargo y la defensa de «mi tierra» -como solía decir- le llevó en varias ocasiones a recurrir ante el Tribunal Supremo los trasvases aprobados por el Gobierno desde tiempos de Felipe González.
Las críticas más encendidas salieron de los alcaldes de los pueblos ribereños de Entrepeñas, Buendía o Sacedón. El de este último, Juan José Alcalá, del PP, se desplazó hasta Mérida -donde se celebró el Consejo de Ministros- para gritar fuerte al presidente del Gobierno que su pueblo se muere de sed. Alcalá criticó a Bono «por no defender a su tierra mientras ésta se muere» y le acusó de pensar sólo en «cobrar a fin de mes». El alcalde de Sacedón, junto a cuatro de sus concejales, hizo estas afirmaciones antes de que fueran instados por la Policía a retirarse.
Un día duro para Barreda
Fuentes cercanas a José María Barreda señalaron que el de ayer fue un día muy duro para el presidente socialista de Castilla-La Mancha. El azar propició que la mala noticia del trasvase coincidiera con la boda de su hija, que se casó por la tarde en la catedral de Ciudad Real. Barreda se había reunido por la mañana con los responsables de los sindicatos agrarios y destacó que, «por primera vez estamos juntos en Castilla-La Mancha, para que se nos sitúe como prioridad en la planificación hidrológica de España».
Fue su consejero portavoz, Máximo Díaz-Cano, el encargado de valorar la medida, que calificó de «irresponsable» y «desmesurada». Advirtió que ésta «puede solucionar el problema de unos regantes pero pone en riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo». Añadió que el Gobierno autonómico estudiará si plantea algún tipo de actuación «política o jurídica» contra el trasvase.
Recordó que el Ejecutivo autonómico se opone a cualquier derivación que no sea exclusivamente para abastecimiento y pidió que se tomen en cuenta los informes que hablan de 14.000 balsas en Murcia que acumulan 150 hectómetros de agua.
Desde el PP de Castilla-La Mancha, su vicesecretario regional, Alejandro Ballestero, calificó el trasvase de «verdadero expolio con el presente y futuro de Castilla-La Mancha», y añadió que su partido siempre defendió el trasvase del Ebro como solución a las necesidades de agua del Levante. Ballestero, que participó en la manifestación de Ciudad Real, dijo también que le resultó «ridículo ver a dirigentes del PSOE manifestarse contra una decisión que ha tomado su propio partido, era como si se manifestaran contra sí mismos».
En Murcia también se dispararon las críticas al Gobierno de Zapatero y el consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva (PP), manifestó que la decisión de enviar tan sólo 43 hectómetros para regadíos «ha condenado a la precariedad a 70.000 familias del Mediterráneo, al paro a decenas de miles de personas, y va a suponer un enorme daño medioambiental para el arbolado de la región». El trasvase sólo representa un tercio de las necesidades de la cuenca del Segura, lo que a juicio del consejero «supone un ataque frontal contra los regantes de Murcia».
«El peor escenario para el Levante»
De la Cierva añadió que la decisión ha sido la más «insolidaria, desafortunada y sectaria que se ha adoptado nunca contra la región»; a la vez que recordó que el anterior Gobierno de Felipe González aprobó en 1995 un trasvase cuatro veces mayor en términos proporcionales con una situación peor de los embalses de cabecera. «Estamos ante un segundo decretazo, y en el peor escenario que jamás han tenido los regantes del Levante español». El Gobierno murciano cree que se ha incumplido el pacto del 98 del Plan de cuenca del Tajo, que contó con el apoyo del entonces presidente José Bono, «hoy sentado en el Consejo de Ministros». El consejero cree que Zapatero se ha sometido «a las presiones y las coacciones de los informes manipulados por los socialistas de Castilla-La Mancha, algo intolerable en un país democrático». Anunció que el Gobierno murciano empleará todos los resortes legales y políticos, y no descartó apoyar una manifestación si ésta se convoca.
También se sumó a las críticas el consejero de Infraestructuras y Transporte de la Generalidad Valenciana, José Ramón García Antón, quien afirmó que al Gobierno «le ha faltado valentía».
En Castilla-La Mancha, hasta minutos antes de conocerse la decisión del Consejo de Ministros, un negro presagio se cernía sobre los representantes de las organizaciones agrarias que participaban en Ciudad Real, junto a unas 30.000 personas, en una manifestación contra el cierre de los pozos ilegales y, de paso, contra el trasvase.
En la decisión colegiada del Consejo de Ministros había participado el ministro de Defensa, José Bono, durante 21 años presidente de Castilla-La Mancha. Este cargo y la defensa de «mi tierra» -como solía decir- le llevó en varias ocasiones a recurrir ante el Tribunal Supremo los trasvases aprobados por el Gobierno desde tiempos de Felipe González.
Las críticas más encendidas salieron de los alcaldes de los pueblos ribereños de Entrepeñas, Buendía o Sacedón. El de este último, Juan José Alcalá, del PP, se desplazó hasta Mérida -donde se celebró el Consejo de Ministros- para gritar fuerte al presidente del Gobierno que su pueblo se muere de sed. Alcalá criticó a Bono «por no defender a su tierra mientras ésta se muere» y le acusó de pensar sólo en «cobrar a fin de mes». El alcalde de Sacedón, junto a cuatro de sus concejales, hizo estas afirmaciones antes de que fueran instados por la Policía a retirarse.
Un día duro para Barreda
Fuentes cercanas a José María Barreda señalaron que el de ayer fue un día muy duro para el presidente socialista de Castilla-La Mancha. El azar propició que la mala noticia del trasvase coincidiera con la boda de su hija, que se casó por la tarde en la catedral de Ciudad Real. Barreda se había reunido por la mañana con los responsables de los sindicatos agrarios y destacó que, «por primera vez estamos juntos en Castilla-La Mancha, para que se nos sitúe como prioridad en la planificación hidrológica de España».
Fue su consejero portavoz, Máximo Díaz-Cano, el encargado de valorar la medida, que calificó de «irresponsable» y «desmesurada». Advirtió que ésta «puede solucionar el problema de unos regantes pero pone en riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo». Añadió que el Gobierno autonómico estudiará si plantea algún tipo de actuación «política o jurídica» contra el trasvase.
Recordó que el Ejecutivo autonómico se opone a cualquier derivación que no sea exclusivamente para abastecimiento y pidió que se tomen en cuenta los informes que hablan de 14.000 balsas en Murcia que acumulan 150 hectómetros de agua.
Desde el PP de Castilla-La Mancha, su vicesecretario regional, Alejandro Ballestero, calificó el trasvase de «verdadero expolio con el presente y futuro de Castilla-La Mancha», y añadió que su partido siempre defendió el trasvase del Ebro como solución a las necesidades de agua del Levante. Ballestero, que participó en la manifestación de Ciudad Real, dijo también que le resultó «ridículo ver a dirigentes del PSOE manifestarse contra una decisión que ha tomado su propio partido, era como si se manifestaran contra sí mismos».
En Murcia también se dispararon las críticas al Gobierno de Zapatero y el consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva (PP), manifestó que la decisión de enviar tan sólo 43 hectómetros para regadíos «ha condenado a la precariedad a 70.000 familias del Mediterráneo, al paro a decenas de miles de personas, y va a suponer un enorme daño medioambiental para el arbolado de la región». El trasvase sólo representa un tercio de las necesidades de la cuenca del Segura, lo que a juicio del consejero «supone un ataque frontal contra los regantes de Murcia».
«El peor escenario para el Levante»
De la Cierva añadió que la decisión ha sido la más «insolidaria, desafortunada y sectaria que se ha adoptado nunca contra la región»; a la vez que recordó que el anterior Gobierno de Felipe González aprobó en 1995 un trasvase cuatro veces mayor en términos proporcionales con una situación peor de los embalses de cabecera. «Estamos ante un segundo decretazo, y en el peor escenario que jamás han tenido los regantes del Levante español». El Gobierno murciano cree que se ha incumplido el pacto del 98 del Plan de cuenca del Tajo, que contó con el apoyo del entonces presidente José Bono, «hoy sentado en el Consejo de Ministros». El consejero cree que Zapatero se ha sometido «a las presiones y las coacciones de los informes manipulados por los socialistas de Castilla-La Mancha, algo intolerable en un país democrático». Anunció que el Gobierno murciano empleará todos los resortes legales y políticos, y no descartó apoyar una manifestación si ésta se convoca.
También se sumó a las críticas el consejero de Infraestructuras y Transporte de la Generalidad Valenciana, José Ramón García Antón, quien afirmó que al Gobierno «le ha faltado valentía».