El Gobierno adoptó ayer una solución salomónica sobre el trasvase de agua de la cuenca del Tajo a la del Segura, que no gustó en Castilla-La Mancha pero tampoco en Murcia.
La decisión del Consejo de Ministros fue autorizar un trasvase de 82 hectómetros cúbicos en los meses de julio, agosto y septiembre.Unos 39 hectómetros se dedicarán al abastecimiento de la población y los restantes 43 irán destinados a regadíos.
Murcia y la zona sur de Alicante habían solicitado un trasvase de 130 hectómetros y Castilla-La Mancha aceptaba como mal menor la cesión de 30 hectómetros, argumentando que las actuales reservas de la cuenca del Tajo se sitúan en algo más de 500 hectómetros, un nivel muy bajo que sólo garantiza el abastecimiento hasta la primavera que viene. Según las estadísticas, el caudal hidrológico que ha recibido este año la cuenca del Tajo es el más escaso desde 1912, lo que refleja la fuerte sequía que está padeciendo la zona, agudizada en los últimos meses.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Gobierno optó por trasvasar una cifra equidistante de las pretesiones de una y de otra comunidad, que, aunque enfrentadas, son legítimas y comprensibles en ambos casos.
Murcia alega que, si no llega el agua del Tajo, extensas zonas de cultivos hortofrutícolas perderán la cosecha de este año, además de tener que sufrir restricciones la población. La situación es tan grave que existe incluso el riesgo de la extinción de los árboles frutales, lo que produciría una gran catástrofe ecológica y económica.
Castilla-La Mancha argumenta que es irracional ceder agua a otras regiones cuando ya existen restricciones en numerosas zonas de esta comunidad por falta de infraestructuras y cuando las reservas almacenadas son las mínimas para poder aguantar ocho o nueve meses. José María Barreda ha denunciado que Murcia posee cerca de 14.000 balsas que contienen una cantidad superior a los 130 hectómetros cúbicos que reclaman.
El Gobierno ha acertado al buscar un término medio, intentando solucionar el dramático problema de Murcia sin dejar a los manchegos sin agua. Pero ello es un parche que no resuelve el grave desequilibrio hidrológico que padece la mitad sur de la Península desde hace siglos. Por ello, el Gobierno debe acometer las inversiones en infraestructuras que eviten la repetición de situaciones como la que ahora se plantea.
De un lado, Castilla-La Mancha necesita una fuerte inversión para llevar el agua del Tajo a núcleos rurales donde no llega y para potenciar su agricultura. De otro, el Gobierno tiene la responsabilidad de haber paralizado el trasvase del Ebro, que era una alternativa para atender las necesidades de agua de Valencia, Murcia y Almería.
Existe en estos momentos un interesante debate sobre el uso del agua y el coste para los ciudadanos, pero lo fundamental es tomar decisiones realistas y atender las necesidades de la sociedad. El problema no se resuelve con discusiones académicas, sino con un aumento de la oferta, combinado con medidas de fomento del ahorro y protección del medio ambiente